Sentencias del TSJC reconocen compensaciones económicas complementarias para familias afectadas por la erupción de 2021
La Palma.- Familias que perdieron sus viviendas debido a la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma en septiembre de 2021 han obtenido sentencias favorables en litigios judiciales contra la Delegación del Gobierno estatal en Canarias. Estas resoluciones, emitidas por la Sala 2 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), han reconocido el derecho de los damnificados a recibir mayores compensaciones económicas complementarias por la pérdida de sus hogares, además de condenar a la Administración estatal al pago de las costas procesales.
Según informaciones publicadas por El Valle de Aridane, portal de la Asociación Tierra Bonita, no se conoce el número exacto de afectados que han recurrido a la vía judicial. Sin embargo, las sentencias dictadas en 2024 sugieren que esta vía puede ofrecer resultados favorables para quienes reclamen compensaciones adicionales.
La relevancia de las sentencias
En una de las resoluciones destacadas, el TSJC declaró que las tasaciones realizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros no pueden considerarse equivalentes a informes emitidos por funcionarios públicos. Según los magistrados, “se trata de una entidad pública empresarial que actúa conforme al ordenamiento jurídico privado”, por lo que sus informes no gozan de la presunción de veracidad atribuida a los de los funcionarios.
En este contexto, los jueces aceptaron pruebas presentadas por los demandantes que demostraban que el valor real de sus viviendas superaba con creces la suma asegurada. En un caso específico, se determinó que, tras detraer el valor del suelo, el inmueble tenía un valor de 163.628 euros, mientras que el Consorcio había indemnizado solo con 95.027 euros. La diferencia de 68.600 euros debe ser abonada por el Estado como ayuda complementaria por pérdida de vivienda.
Casos similares y su impacto
En otro litigio, el TSJC consideró que el valor real de una vivienda en buen estado y con relativa antigüedad superaba ampliamente la cuantía asegurada. En este caso, el tribunal se basó en el precio medio de construcción en Los Llanos de Aridane, que en ese momento era de 1.374 euros por metro cuadrado. El inmueble fue tasado en al menos 178.620 euros, lo que justificó la concesión de ayudas adicionales por parte del Estado.
Un precedente para otros afectados
Fuentes jurídicas cercanas a los damnificados han destacado la trascendencia de estas sentencias para otras familias que podrían estar en situación similar. Estas resoluciones no solo refuerzan el derecho de los afectados a recibir ayudas proporcionales al valor real de sus bienes, sino que también sientan un precedente que podría ser utilizado en futuros litigios.
Aunque se desconoce cuántos afectados han optado por la vía judicial, las sentencias conocidas hasta la fecha subrayan la importancia de cuestionar las evaluaciones iniciales del Consorcio de Compensación de Seguros y buscar una reparación justa para quienes perdieron sus hogares en la catástrofe.
