SUMARIO:
- Santa Cruz exige a Visocan que atienda a las familias vulnerables de las viviendas de Añaza.
- Santa Cruz publica en el BOP el rescate de las primeras 36 licencias de taxi de este año.
- Santa Cruz licita un acuerdo marco de 39 millones para mantener colegios y sedes municipales.
Santa Cruz exige a Visocan que atienda a las familias vulnerables de las viviendas de Añaza
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha mostrado este martes su malestar con la empresa pública Visocan por no haber recibido aún respuesta por parte del consejero autonómico del área, Pablo Rodríguez Valido, al escrito que se le remitió desde este Ayuntamiento el pasado 24 de noviembre, exigiendo la paralización de los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad.
El alcalde demanda que, “de manera inmediata se atienda a las personas y familias en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectadas por el procedimiento judicial para el desalojo de las viviendas localizadas en Añaza”, al tiempo que insiste en “la necesidad de que se disponga de una alternativa habitacional para las que se encuentran en estas circunstancias”.
Bermúdez, tanto en su condición de alcalde de Santa Cruz como en la de diputado autonómico, lamenta que las distintas iniciativas que ha presentado en el Parlamento -entre las que se encuentra una solicitud de documentación el 21 de noviembre, que no ha sido aún respondida- y las interpelaciones directas al consejero de Vivienda del Gobierno canario hayan caído en saco roto hasta el momento, demostrando una indiferencia con los más vulnerables impropia de una administración pública.
Hoy mismo, como diputado, el alcalde de Santa Cruz registró una pregunta oral para el Pleno del Parlamento autonómico encaminada a que el consejero conteste, dada la inexplicable ausencia de respuesta a los requerimientos del alcalde, si se está llevando a cabo lo solicitado reiteradamente por José Manuel Bermúdez, es decir, la regularización de la situación de estas familias atendiendo a las particularidades de cada caso.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se recuerda que corresponde a Visocan dar una respuesta a las familias que se están viendo afectadas por procesos de desahucios, y exige, una vez más, que se paralicen los lanzamientos de aquellas personas vulnerables que están siendo atendidas por los servicios sociales municipales.
Santa Cruz publica en el BOP el rescate de las primeras 36 licencias de taxi de este año
La Junta de Gobierno de esta mañana, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó la dación de cuentas que se publicó el pasado día 22 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en la que se detalla el rescate de las primeras 36 licencias de taxis de este municipio, correspondientes a los fondos de 2023, de los que el Ayuntamiento aporta el 55% y el Cabildo el 45% restante, “lo que supone un desembolso de 766.213 y 628.538 euros, respectivamente, correspondiente al plan estratégico de mejora de la competitividad del sector”, anunció el regidor capitalino.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, comunica que “este convenio plurianual e interadministrativo persigue la retirada de 151 licencias de taxi del municipio, según se desprende del estudio realizado, a petición del Ayuntamiento, y que se ha comunicado en varias ocasiones a la Mesa del Taxi” y detalla que “se trata de un acuerdo con el Cabildo con un convenio aprobado que supone un coste de 5.587.000 euros, que se aportarán a razón de 3.072.850 euros por parte del Ayuntamiento y el resto, 2.514.150 euros, de la Corporación Insular, hasta el año 2026”.
“Ahora se establece un periodo de un mes -adelanta la concejala- para que los titulares de las licencias realicen todos los trámites necesarios para poner fin a la explotación de la misma, debiendo durante este plazo acreditar varias circunstancias en el Servicio Administrativo de Movilidad y Accesibilidad Universal de esta Corporación” y destaca que “en concreto deberá procederse a la entrega de la licencia; documento con la extinción de las relaciones laborales con el personal asalariado, en su caso; la baja del vehículo adscrito a dicha licencia, o su paso a uso particular”.
“Además -continúa Evelyn Alonso-, si se pretende transmitir el vehículo y éste va a ser adscrito a otra licencia, será necesario acreditar este particular con los documentos correspondientes; también habrá de acreditar que se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con las administraciones, mediante certificado positivo acreditativos”. La edil añade que “en tanto no se acrediten estas circunstancias de la realización de estos trámites, no se procederá al abono de la indemnización correspondiente, cifrada en 37.000 euros por licencia”.
Evelyn Alonso, como concejala del área de Movilidad, puso en valor que “el cumplimiento escrupuloso de los acuerdos alcanzados permitirán al sector del taxi ajustarse más a la ratio aconsejada en el capítulo de sugerencias del estudio encargado por este Ayuntamiento”, y adelantó que “esta medida aportará estabilidad económica a un sector que lo ha pasado muy mal durante la pandemia y le permitirá mirar al futuro con más optimismo, haciendo compatible el número de licencias con la previsión de la movilidad que se presta a la ciudadanía como servicio público”.
Santa Cruz licita un acuerdo marco de 39 millones para mantener colegios y sedes municipales
El Ayuntamiento de Santa Cruz contará para los próximos cuatro años con un acuerdo marco a través del cual se cubrirá el servicio de mantenimiento y conservación de los Colegios Públicos, Edificios y Dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a fin de garantizar tanto el mantenimiento ordinario como el extraordinario de los inmuebles municipales. El presupuesto base de licitación supera los 39 millones de euros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala que “este es uno de los contratos más importantes de este mandato, no solo por su importe, que se acerca a los 40 millones, sino también por la importancia que supone el correcto mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario del patrimonio municipal en lo que a colegios y sedes de asociaciones de vecinos se refiere, pero también UTS, o el propio Palacio Municipal, y alcanza a más de 200 instalaciones”.
Esta fórmula permitirá contar con una serie de empresas a la que recurrir a medida que se vayan necesitando los servicios de mantenimiento. En el diseño de esta licitación, como acuerdo marco de servicios de mantenimiento, “lo esencial de la actividad es la disposición de mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares por parte del contratista para acometer las actuaciones de mantenimiento ordinario y de mantenimiento extraordinario, sin que sea necesario la redacción previa de proyecto técnico alguno”, apunta el concejal del área, Javier Rivero.
Como detalla Rivero, “la intención de la administración auxiliarse de la iniciativa privada para que aportes materiales, mano de obra y equipos que sean necesarios para conseguir el resultado de mantener en perfecto estado de uso y conservación las citadas instalaciones, con garantía de cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente, y la que se pueda dictar en el futuro que se incorporará de manera automática al acuerdo marco”.
Una vez aprobado el acuerdo marco en la última Junta de Gobierno, este podrá licitarse y adjudicarse en las condiciones establecidas en los pliegos. Así, según el detalle del presupuesto, el mantenimiento ordinario de colegios municipales se cifra en 3.448.403,24 euros, mientras que el de las dependencias municipales suman otros 2.298.935, 48 euros. Esta parte ordinaria del mantenimiento supera los 5,7 millones.
En lo que a mantenimiento extraordinario se refiere, el pliego establece una cifra de 20.223.869,48 euros para los colegios, mientras que para las dependencias municipales será de 13.482.579,64, intervenciones que vendrían a sumar 33.706.449,12 millones.
De esta forma el contrato supondrá un gasto estimado de algo más de 39 millones, sin que sea necesario que se agote ese presupuesto, ya que es la cantidad que se ha considerado en la licitación suficiente para afrontar tanto el mantenimiento ordinario como las posibles afecciones que vayan surgiendo en colegios y dependencias municipales de manera imprevista.
A través de este acuerdo marco se pretende garantizar el funcionamiento y plena operatividad de la totalidad de las instalaciones sin exclusión alguna. Además, se implantará Sistema de Aseguramiento de la Calidad, como garantía para el servicio, así como un plan de mantenimiento integral. Para ello se establecerá un programa de mantenimiento que permita tener todas las instalaciones del servicio en óptimas condiciones de funcionamiento, y se instalará una aplicación informática para la gestión integral del mantenimiento compatible con la que dispone el Ayuntamiento.
El pliego también establece que se ha de dar respuesta inmediata a las emergencias, por lo que se establecerá un sistema de guardia para atender a toda emergencia que se produzca fuera de la jornada normal de trabajo, 24 horas 365 días al año.
Por mantenimiento ordinario se entiende todas aquellas prestaciones denominadas “de recorrido” (comprobación, revisión, verificación, regulación, ajuste, puesta a punto; reparación, renovación o reposición simple; limpieza y similares) a efectuar sobre las instalaciones, colegios y dependencias, en el que se integran dentro de estas operaciones las renovaciones, reposiciones, sustituciones o reparaciones simples que el elemento demande para mantenerlo en adecuadas condiciones de operatividad y uso, sin limitación o exclusión alguna, salvo que deba considerarse como una operación de mantenimiento extraordinario.
En cuanto al mantenimiento extraordinario se incluyen dentro de estas operaciones todos aquellos trabajos de reparación, reposición o renovación, reforma, de ampliación o mejora que resulten necesarias para recuperar la funcionalidad u ornato de las instalaciones donde se hayan producido averías o desperfectos, o bien las pongan en peligro con independencia de su causa. Se tendrán en cuenta dentro de las mismas el tratamiento de xilófagos en la carpintería de madera.
El conjunto de inmuebles que están afectados por este contrato marco supera los 200. Así, son 38 los colegios, mientras que las dependencias municipales suman 192. Entre ellas están desde las sedes de las asociaciones de vecinos que son municipales, pasando por los inmuebles en los que se localizan las Unidades de Trabajo Social (UTS), los inmuebles cedidos a los grupos del carnaval, el propio Palacio Municipal o la biblioteca municipal.
