La frase que encabeza este reportaje no es mía, sino del periodista Javier Darriba, que escribió una información sobre el drama que viven quienes no pueden entrar ni salir de sus casas por no tener ascensor. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propuso en el pleno de mayo una moción para hacer un diagnóstico de cada uno de los barrios de la ciudad y conocer los bloques de viviendas de más de 50 años que no tienen ascensor. Estos barrios deben recuperar el protagonismo perdido desde hace décadas. La realidad es que no reúnen condiciones de accesibilidad, iluminación, zonas ajardinadas mantenidas, de eficiencia energética mínimamente aceptables y son unos entornos urbanos antiguos fruto de esa etapa del éxodo del campo a la ciudad.
Nuestra sorpresa fue que el grupo de gobierno, encabezado por el alcalde Augusto Hidalgo (PSOE), votó en contra de esta iniciativa. Pretendíamos que este ayuntamiento, que según los últimos datos tenía en sus cuentas bancarias a 31 de diciembre unos 315 millones de euros, pudiera establecer una partida para de forma inmediata establecer un plan de rehabilitación para estos edificios en zonas como Casablanca I, Hoya de la Plata, Lomo Apolinario, La Paterna, San Francisco, Las Coloradas, El Carmen… dejando al margen Las Rehoyas- Arapiles porque se supone que serán demolidas para ejecutar el famoso plan de reposición de Las Rehoyas que no termina de arrancar.
Esta iniciativa apostaba por elaborar un estudio que permitiría tener dados concretos de algo que sabemos, que en muchas zonas de esta ciudad que cuentan con edificios de cinco o más plantas sin ascensor muchas personas que compraron estas viviendas hace más de medio siglo y que ahora están enfermas o son mayores no puede salir de ellas: o lo que es lo mismo, que se han convertido en sus cárceles. Lógicamente los jóvenes de entonces son hoy personas mayores que viven sin posibilidad de salir de sus hogares y con pensiones mínimas. Algunas de ellas han sufrido operaciones quirúrgicas y han tenido que irse a vivir con otros familiares o alquilar otra vivienda.
Los vecinos de Casablanca I constituyen otro ejemplo de esta realidad. Sufren estos problemas de accesibilidad y han pedido ayuda al ayuntamiento para instalar los ascensores, ya que es imposible que puedan asumirlos personalmente sin ayudas públicas para sufragar las obras de instalación de elevadores.
Solo puede calificar como ‘lastimoso’ que el Gobierno de Canarias no convoque anualmente, en el marco del Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno de Rajoy, las ayudas de rehabilitación y accesibilidad para edificios anteriores al año 1996. La última convocatoria fue del Gobierno regional presidido por Clavijo en agosto de 2018. El actual gobierno de Canarias, de izquierdas para más inri, no ha convocado estas ayudas mientras que las ayudas al alquiler las ha externalizado hacia la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Para acogerse a estas subvenciones se requieren unos requisitos que estos barrios no pueden asumir, al tratarse en su mayoría de edificios que carecen de administradores, y sus vecinos por lo general tampoco están pendientes del Boletín Oficial de Canarias donde se publican las bases. Al final, ocurre que optan y consiguen estas ayudas edificios ubicados en zonas más céntricas de la ciudad que sí tienen administradores y la posibilidad de contratar a arquitectos para hacer el proyecto con antelación a que se publique la convocatoria por parte del Instituto Canario de la Vivienda, entidad que concede estas subvenciones.
Nuestro Alcalde no quiere poner fondos públicos -como han hecho otras ciudades españolas para ayudar a sus vecinos- para dar una solución a este grave problema. Nosotros nos ponemos en el lugar de nuestros vecinos y nuestra obligación es defenderles y dejarnos la piel para que el Ayuntamiento ponga en marcha de una vez esta convocatoria de ayudas, que ya están ejecutando muchas ciudades. Tenemos margen más que suficiente para plantear un plan ambicioso de regeneración urbana y rehabilitación de viviendas que cumpla con el objetivo de eliminar estas barreras contribuyendo así, de paso, a estimular el empleo. Desde que el Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria realizó una visita al barrio de Casablanca I el pasado 18 de mayo, tuvimos muy claro que haríamos una campaña de apoyo a estos vecinos así como a otras zonas de la ciudad que tienen la misma dificultad.
Nos sorprendió la cantidad de personas que acudieron a hablar con nosotros, con sentimiento, porque no pueden aguantar más con este problema que tiene una derivada importante sobre la salud mental de quienes se quedan encerrados en casa. Por eso nos pusimos manos a la obra y ya en el Pleno de mayo elevamos una iniciativa para tratar de conocer qué número exacto de personas sufren este escollo, o lo que es lo mismo, le pedimos al PSOE y sus socios que dieran el primer paso para solucionar el problema: que no es otro que hacer un diagnóstico certero.
Desde esta tribuna quiero felicitar a una vecina, Ana María Navarro, que hemos conocido en esta lucha vecinal. Una señora dispuesta a todo, que nos habló con el mismo sentimiento que luego fue capaz de trasmitir el día del pleno poniendo voz a este problema. Habló muy claro con la única finalidad de defender a sus vecinos. Fue una intervención extraordinaria, de corazón, defendiendo a los mayores que viven sin libertad para salir de sus hogares. La expresión de su cara, el arrojo de sus palabras…estoy segura de que ninguno de los concejales que estábamos allí pudo irse del Salón Dorado sin pensar en esos y otros vecinos que sufren el mismo problema. Me cuesta mucho asumir que este Ayuntamiento, con muchos millones en las cuentas bancarias, no sea capaz de poner fondos para ayudar a estas comunidades de vecinos a realizar unas obras para instalar ascensores o salvaescaleras y permitir así a estas personas que no continúen más tiempo recluidas en sus hogares, sin poder pasear, ir a la playa, hacer la compra, limitando su vida a estar asomadas a las ventanas para ver el mar, en el mejor de los casos. La soledad de nuestros mayores debe ser una prioridad y ayudarles a que el último tramo de su vida puedan disfrutarla, no impidiéndoles que la tristeza les lleve a desear morirse porque no pueden vivir en libertad.
Pepa Luzardo. Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
