Santa Cruz de Tenerife.- Los colegios oficiales de Veterinarios de Las Palmas y Tenerife se han dirigido de nuevo al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, al que han presentado un escrito en el que se reitera la necesidad de que se vacune a la mayor brevedad posible a los veterinarios ejercientes de la comunidad canaria por su alta exposición al COVID-19 en el ejercicio de sus funciones como sanitarios.
No es la primera vez que los representantes de los veterinarios se dirigen a la Administración Pública canaria con esta reclamación, sobre la cual no han recibido ni respuesta ni información alguna. Los presidentes de ambos colegios explican que conocen «la ingente labor que se desarrolla en esta situación de pandemia» para la cual reiteran el apoyo y colaboración de ambos colegios «en todo lo que pueda ser oportuno».
En este sentido, los veterinarios se congratulan de que en otras comunidades autónomas, como Cataluña, Madrid, Aragón o las Islas Baleares, por ahora, «ya se han iniciado o es inminente la vacunación de los veterinarios ejercientes» por entender estas comunidades la labor de este colectivo en pro de la salud pública y estar inmensos en el concepto One Health (una sola salud) por el que se rige la propia OMS.
Abundando en lo esencial de esta vacunación, ambos Colegios se alegran de que el Gobierno de Canarias haya iniciado la vacunación de los funcionarios veterinarios que desarrollan sus funciones para la propia administración, pero «no podemos obviar que los mismos argumentos que sostienen esa vacunación fundamentan la vacunación temprana del resto de veterinarios en activo», para lo cual los colegios no sólo ofrecen sus instalaciones sino que además han actualizado los listados y datos de todos los colegiados especificando en cada caso su campo, actividad, edad… así como los datos del personal empleado en los centros veterinarios, siempre con el objetivo de colaborar y facilitar la tarea a las administraciones públicas.
La Veterinaria es una actividad sanitaria esencial que no se circunscribe a la atención de la salud de los animales de compañía, con ser ésta una labor de gran importancia si tenemos en cuenta por un lado «la convivencia cada vez más frecuente de los mismos con las familias en sus domicilios y el riesgo de contagio de los profesionales que, para tratar a los animales, deben estar en estrecho contacto con estos y sus familias» y por otro lado los estudios que se realizan para analizar a distintos animales, en especial perros y gatos, como «posibles indicadores o reservorios de la COVID-19».
A modo meramente enunciativo, los veterinarios recuerdan que de ellos depende «la supervisión y el control sanitario de los animales abandonados y silvestres, de las especies exóticas invasoras, la seguridad alimentaria y el asesoramiento a las empresas productoras y suministradoras, además de la implicación en algo tan fundamental como la red de detección de riesgos sanitarios en alimentos, el asesoramiento y control sanitario de establecimientos comercializadores de animales vivos, el control sanitario de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones, las funciones en los mataderos insulares, el control de plagas, las labores de farmacovigilancia veterinaria y un largo eccétera de competencias que son fundamentales para la sanidad animal y, por lo tanto, también para la sanidad pública».
Precisamente en relación a la sanidad pública, los veterinarios destacan la intervención de estos colegiados «en la detección y comunicación a las autoridades sanitarias de cualquier sospecha de zoonosis o enfermedades transmisibles al ser humano, origen más que probable de la propia COVID-19».
