Valido perseguirá el mismo apoyo político al Pacto por la Migración que este recibió en Canarias

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Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria.
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria.

CC plantea que el Congreso se sume a las líneas de actuación que fueron firmadas por la mayoría de los grupos en el Parlamento de Canarias


 

Madrid. La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha presentado una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados aborde en profundidad la situación migratoria en Canarias y logre el apoyo de los grupos parlamentarios estatales con el mismo nivel de acuerdo político alcanzado en Canarias. Con esta iniciativa, la diputada nacionalista subraya la importancia que el reto migratorio tiene para el conjunto del Estado y también para la Unión Europea (UE). En este sentido, Valido ha resaltado que “la fuerte presión migratoria urge a atender esta realidad y a adoptar un protocolo de actuación que implique la modificación y la coordinación” de los gobiernos de España y de Canarias y las administraciones insulares y locales para “actuar de la forma más eficaz ante un reto que va a continuar”.

En su defensa de esta iniciativa parlamentaria, Cristina Valido ha subrayado el elevado número de embarcaciones con personas migrantes que han llegado a las costas de Canarias desde el pasado año y plantea medidas específicas para mejorar la respuesta ante el fenómeno migratorio en la ruta atlántica desde los países de origen y tránsito en África hasta el archipiélago. “Con la elevada y continua llegada de personas migrantes no puede ignorarse que la canaria es la principal ruta migratoria del Estado”, señala la diputada, “y una de las rutas de la migración procedentes del continente africano que se caracteriza por la mayor presión y mortandad en Europa”.

Con este objetivo, Cristina Valido reclama el apoyo del Congreso para que el Gobierno de España modifique y amplíe el trabajo de coordinación entre los diferentes departamentos respecto a la gestión de la crisis migratoria en Canarias y a futuros procesos migratorios. En este sentido, la diputada de Coalición Canaria reclama un sistema de coordinación permanente en el Estado para, entre otros aspectos, corregir la situación actual. “Ahora tenemos un sistema disperso que provoca deficiencias en la gestión”, argumenta Valido, porque “se trata de buscar un modelo de integración y coordinación de los organismos involucrados, ya sea en el Estado o en las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. “Y hay que fijar un fondo presupuestario de dotación mixta entre el Estado y las comunidades para atender adecuadamente sus competencias, especialmente reforzado en los territorios donde existe mayor presencia de personas extranjeras”, incide.

Política migratoria coordinada

En su propuesta parlamentaria, Cristina Valido también destaca la necesidad de aplicar, “de forma definitiva”, una política migratoria consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas que “evite una imagen de alarma y descoordinación que solo contribuye a  intensificar e miedo en la población y alimentar los discursos y delitos de odio”. Por ello, la diputada de Coalición reclama que se mejore la respuesta a la llegada de personas migrantes a las costas canarias a través de la planificación de una estructura de acogida estable en todo el territorio del Estado que permita la movilidad o traslado de migrantes por el conjunto de comunidades autónomas. “Necesitamos una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde Canarias a la Península, especialmente para aquellas personas con perfiles vulnerables, evitando convertir las islas en grandes campos de retención de personas migrantes”, afirma Valido.

En el capítulo específico dedicado a la gestión de los menores migrantes que llegan sin compañía de persona adulta, la propuesta de Coalición Canaria demanda la renovación y ampliación de los acuerdos que se adoptaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para “impulsar de manera efectiva un mecanismo de acogida con la corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas, coordinada por el Gobierno del Estado, para la atención de niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares cercanos”. En este ámbito, Cristina Valido también plantea el inicio de un proceso de negociación política que culmine en modificaciones normativas necesarias para que las competencias de los menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan por mar.

Vigilancia y salvamento

En el ámbito de los medios de vigilancia, salvamento y control de llegadas, la propuesta de Coalición Canaria reclama que se dote de “personal y medios materiales suficientes” a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar plena cobertura, especialmente en las zonas de llegada y atención de migrantes. “Debemos ser capaces de ayudar a organizaciones y entidades que ya están prestando su apoyo sobre el terreno, como Cruz Roja Española y Protección Civil”, señala Cristina Valido. “Debido a la situación en Canarias y dado que el peso de los rescates de las personas migrantes es asumido por tripulantes de medios marítimos, como Salvamar y Guardamar”, asegura, “el Estado debe ser capaz de mantener todo el dispositivo actual desplegado en las islas para atender emergencias de salvamento en el mar, garantizando operatividad eficiente y permanente, cumpliendo con la legislación respecto a horas de guardia y seguir desarrollando planes de contingencia y de emergencia para dar respuesta rápida y adecuada a necesidades de atención y protección de las personas procedentes de flujos mixtos de inmigración”.

En relación al Ministerio del Interior, la propuesta de Coalición Canaria pasa por cumplir el compromiso de incluir al Gobierno de Canarias en las reuniones de coordinación en materia migratoria, creando una comisión que formalice la participación de Canarias en políticas migratorias que afectan a la ruta canaria. “Necesitamos impulsar una normativa estatal y europea integral y coordinada que desarrolle el concepto de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida en inmigración irregular y de atención de los menores no acompañados”, indica Cristina Valido. También plantea “unificar y determinar protocolos uniformes” para determinar la edad, insuficiencia de servicios de protección, dificultades para ofrecer itinerarios educativos adecuados y el frecuente abandono voluntario de los servicios de protección. “Y por supuesto”, subraya la diputada, “establecer un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las CCAA coordinado por el Estado”.

Otro objetivo es mantener y mejorar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con países de origen y de tránsito de migrantes como “instrumento crucial” para ordenación y gestión regular de los movimientos de personas, señala la propuesta de Coalición Canaria, “que permita salvar vidas y luchar contra las mafias y la trata de seres humanos”. En este ámbito se reclaman “criterios claros” para dar prioridad geográfica a las políticas de cooperación para el desarrollo, en especial en países con más riesgo de desestabilización o con mayor incidencia de las causas raíz de la migración; así como vías de migración laboral, por motivo de estudios y reinstaurar la posibilidad de que se pueda solicitar asilo en las embajadas y consulados de países de origen.

Política migratoria europea

En relación a la Unión Europea, la propuesta de Coalición Canaria pide que se eleve a la Comisión Europea una petición formal para mayor despliegue del Frontex en Canarias y habilite los recursos necesarios para atender el drama humanitario. “Hay que dotar al archipiélago de una red de acogida capaz de afrontar casos de emergencia en colaboración con los gobiernos autonómicos, insulares y locales con un órgano de gobierno y cogestión de la acogida humanitaria”, indica Valido porque “es necesario que la gestión de las plazas asignadas por islas y municipios se realice de manera equitativa para evitar puntos de saturación dando prioridad a la estabilidad social con unos espacios adecuados para una acogida digna, así como para garantizar la convivencia”. Así, se plantea redimensionar la red de acogida en número de plazas de emergencia para considerarlas plazas de tránsito, de manera que sea operativa, sostenible y flexible con mecanismos de atención integral e inclusiva y que se pueda adaptar a los diferentes flujos de llegadas.

En el caso de la Comisión Europea, Coalición Canaria exige que se aplique la misma hoja de ruta aprobada para Lampedusa (Italia) con el refuerzo del apoyo por la Agencia de Asilo de la UE y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para gestionar el alto número de migrantes y garantizar el registro de llegadas, toma de huellas dactilares, interrogatorio y remisión a las autoridades correspondientes. “Pedimos apoyo al traslado de personas fuera de Canarias, incluso a otros países de la UE, con un mecanismo de solidaridad voluntaria y prestando especial atención a los menores y a las mujeres”, señala Cristina Valido para apuntar otras iniciativas en el ámbito europeo como política de incentivos al retorno voluntario, la prevención de salidas y la lucha contra las mafias que trafican con personas, el refuerzo de la vigilancia por mar y aire, incluso a través de Frontex, en el Atlántico.

En el plano social, Coalición Canaria pide que se incrementen campañas de sensibilización para desincentivar la ruta canaria ofreciendo alternativas como la admisión humanitaria y las vías legales. “Hay que mejorar todas las labores de cooperación con las ONG que trabajan en África y también que la Organización Internacional de Migraciones tenga un enfoque integral basado en rutas para garantizar la protección y aumentar el retorno voluntario en los países de tránsito”, señala Cristina Valido sobre un replanteamiento de la política diplomática y de cooperación al desarrollo de España y de la UE para abrir canales de cooperación permanente con países africanos que busquen soluciones a los retos globales que plantean los nuevos flujos migratorios.


 

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CC plantea que el Congreso se sume a las líneas de actuación que fueron firmadas por la mayoría de los grupos en el Parlamento de Canarias
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