Santa Cruz de Tenerife.- Esta mañana, se ha mantenido una reunión entre el director general de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, y las organizaciones representativas del trabajo autónomo con la finalidad de tratar la extensión de la protección social dispensada a este colectivo, actividades económicas y / o profesionales que se han visto afectados por el impacto económico derivado de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
En dicha reunión, la ampliación de la protección de la mayoría de las situaciones que ya venían preservándose con anterioridad y vigentes hasta el 30 de septiembre, han quedado resueltas. Sin embargo, aún tenemos que trabajar para pulir la modalidad de prestación por cese extraordinario de actividad en aquellos casos en los que se haya consumido los derechos del periodo de cotización para la prestación..
César García, de UPTA CANARIAS, “es necesario que esta modalidad de cese de actividad se amplíe en los mismos términos que el anterior, ya que aproximadamente el 60% de los autónomos que vienen cobrando alguna de las prestaciones están encuadrados en esta modalidad”.
Por otro lado, desde UPTA solicitamos una ampliación de este paraguas social hasta el 31 de enero de 2022. No podemos obviar que la protección dispensada a través de las prestaciones por cese de actividad ha constituido para el trabajo autónomo, el mayor sistema protector frente a la crisis económica derivada de la COVID-19. Además, nos consta que el Ministerio ha realizado un gran esfuerzo y le solicitamos que continúe en esa línea de acción, ya que estas medidas han servido para que nuestro colectivo pueda mantener sus actividades”.
Sin embargo, todos aquellos que se vayan reincorporando a la actividad con normalidad podrán ser beneficiaros durante los próximos tres meses de bonificaciones del 75%, 50% y 25% respectivamente.
Por otra parte, UPTA Canarias considera necesario que tanto Ministerio de Inclusión y Seguridad Social como el Gobierno Canario, articulen una serie de medidas extraordinarias para proteger a los autónomos y empresas de la isla de La Palma que irían desde la percepción de una prestación por cese de actividad por causa de fuerza mayor, exoneraciones en la cuotas de SS, aplazamientos de las obligaciones tributarias, ayudas directas para rehabilitación y reconstrucción de inmuebles de carácter profesional, comercial e industrial y por supuesto para la rehabilitación de explotaciones agrarias.
