UP rechaza la orden de levantar la acampada en Santa Cruz y advierte de que viola la Constitución

Trujillo recuerda que el espacio público es también un espacio de participación y que los derechos constitucionales no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de las autoridades locales.

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Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos . Cedida. NOTICIAS 8 ISLAS
Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos ./ Cedida.

Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz de Tenerife, expresa el rechazo de su formación al requerimiento, efectuado hoy por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para que se retire, en un plazo máximo de 24 horas, la acampada por el derecho a una vivienda digna.

 

Trujillo señala que el derecho a la libertad de expresión se halla vinculado al derecho de reunión y que ambos amparan la acampada de protesta que se lleva a cabo actualmente en Santa Cruz de Tenerife. Tales derechos se hallarían conculcados si las autoridades municipales fueran las encargadas de delimitar temporalmente la duración máxima de la acampada.

El portavoz de Unidas Podemos recuerda que la Sentencia del Tribunal Constitucional 195/2003, de 27 de octubre, reconoció el derecho de quienes habían instalado mesas y una haima en la Plaza de la Basílica de Candelaria, entre otros elementos, a decidir de qué manera y por cuánto tiempo desarrollaban su protesta en defensa de la causa saharaui. En aquel entonces, las autoridades locales habían retirado la haima y disuelto la protesta vulnerando así claramente los derechos constitucionales de las personas afectadas.

Trujillo recuerda que el espacio público es también un espacio de participación y que los derechos constitucionales no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de las autoridades locales. En este sentido, no se entienden los motivos por los que el Ayuntamiento argumenta que la imposibilidad del proceder normal de los servicios de limpieza, en el área de las casetas, «es una alteración del orden público», cuando no se ha acreditado ningún nivel de suciedad excepcional, ni se ha planteado nada en tal sentido por parte del Ayuntamiento en más de 120 días. Obviamente, se trata de un burdo pretexto para pisotear derechos constitucionales.

Trujillo pide al alcalde que anule de inmediato la orden de desalojo de la Plaza de la Candelaria y respete los derechos constitucionales de quienes allí se encuentran acampados.

 

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Trujillo recuerda que el espacio público es también un espacio de participación y que los derechos constitucionales no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de las autoridades locales.
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