Santa Cruz de Tenerife.- Luisa Tamayo, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), denuncia que el nuevo sistema de tarjeta básica para la ayuda de alimentación cuya aprobación tramita el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), reduce las cantidades que venían recibiendo las familias beneficiarias.
Tamayo expresa su «indignación y asombro» porque esta reducción de cuantía en la ayuda a las persona más vulnerables se produce tres meses después de que, en el pleno del Ayuntamiento, el gobierno municipal (CC-PP) presidido por José Manuel Bermúdez, rechazara sin contemplaciones una moción de UP en la que solicitaba elevar estas prestaciones a las personas más vulnerables para, cuanto menos actualizarlas al aumento del IPC, pues el coste de la vida se ha incrementado un 8% en el último año.
Las nuevas ayudas aprobadas por el IMAS reducen en 20 euros las cantidades con las que hasta ahora se cargaban las tarjetas, de manera que una familia con 5 o más miembros recibirá 300 euros mensuales y no los 320 que percibían hasta ahora. Y así, sucesivamente, 280 euros para una familia de 4 miembros (antes, 300 euros); 240 para tres miembros (en lugar de 260), 190 euros para dos miembros (anteriormente 210) y 150 para una sola persona en la unidad familiar (y no los 170 que con el anterior sistema se le asignaban).
Tamayo lamenta esta decisión, porque «el gobierno de Bermúdez no solo no aplica el IPC incrementando el importe de las ayudas, sino que, para colmo, pareciera que lo que hace perversamente es cobrárselo a la ciudadanía en favor del Ayuntamiento, castigando a las personas más vulnerables».
La concejala de UP observa además que este recorte de las ayudas se produce cuando se acaba de actualizar la tasa AROPE y Canarias aparece como la comunidad autónoma con un mayor porcentaje personas con carencia material y social severa, que son las que más solicitan estas tarjetas.
La edil de la confluencia de izquierdas vuelve a afear a CC y PP la facilidad con la que han permitido a Sacyr, concesionaria de la gestión del agua en Santa Cruz, subir a través de EMMASA un 8% las tarifas de este bien básico para los chicharreros y las chicharreras, o cómo han renunciado a 1,2 millones al año de ingresos para las arcas municipales por los «ridículos» cánones que les aplica a las concesionarias de los ‘parkings’ públicos, y en cambio «racanean» mejorar las ayudas para alimentación a las personas más vulnerables del municipio, en el actual contexto de aumento del coste de la vida.
