Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denuncia que el gobierno municipal de José Manuel Bermúdez no aprobará el Plan General de Ordenación Urbana (PGO), que era su compromiso más importante en materia urbanística para este mandato. En el Pleno de octubre de 2018, el actual alcalde se comprometió con un calendario de ejecución del PGO que concluiría con su aprobación, en enero de 2023. Sin embargo, tendrán que pasar al menos otros dos años para poder aprobarlo.
Trujillo señala que la privatización de la elaboración del nuevo PGO vuelve a estar detrás del nuevo fracaso en materia de planeamiento. Si, en su momento, el Ayuntamiento gastó más de 6 millones de euros en externalizar la realización del PGO de 2013, que fue anulado por el Tribunal Supremo, esta vez se autorizó un gasto de 1.120.000 euros para hacer el encargo del nuevo Plan a una empresa. Los trabajos debieron estar concluidos el 11 de marzo de 2021.
Sin embargo, a lo largo de 2021 y 2022, se sucedieron entregas atrasadas del Avance del PGO, que constantemente eran devueltas por los técnicos del Ayuntamiento a la empresa redactora para que llevara a cabo subsanaciones que, una y otra vez, quedaban sin subsanar. De modo que, cuando el Ayuntamiento llegó a la conclusión de que era imposible que la empresa entregara el trabajo completo, se decidió resolver el contrato de mutuo acuerdo.
El Ayuntamiento acabó abonando 588.500 euros por un trabajo incompleto y mal hecho que, además, causó un perjuicio económico al municipio por el retraso ocasionado en la aprobación del planeamiento. Pero el gobierno municipal prefirió malgastar el dinero público antes que iniciar una reclamación, por incumplimiento del contrato, que podría haber atascado la elaboración del PGO durante un tiempo aún más largo y causar un daño aún mayor.
Unidas Podemos siempre defendió que la Gerencia de Urbanismo contratara algunos técnicos para realizar los aspectos más importantes del planeamiento. De ese modo, el Ayuntamiento controlaría mejor los plazos temporales, asimilaría mejor el conocimiento urbanístico generado y garantizaría la independencia entre la elaboración del planeamiento y el trabajo de los estudios de arquitectura del ámbito privado. Sin embargo, el gobierno de Bermúdez, una vez más, prefirió una gestión privatizada ineficaz.
