La sentencia descarta irregularidades en el procedimiento participativo previo a la aprobación de la ley de vivienda vacacional en Canarias.
Tenerife.- La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da por finalizado el recurso presentado contra el procedimiento de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
La resolución judicial, fechada el pasado 6 de mayo de 2026, avala la actuación desarrollada por el Ejecutivo autonómico durante la tramitación de la norma, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de diciembre del mismo año.
El tribunal concluye que durante el procedimiento se facilitó toda la información solicitada, incluidas más de 5.000 aportaciones ciudadanas recogidas durante el proceso participativo impulsado por el Gobierno de Canarias.
La sentencia subraya además que no se aprecian incongruencias ni inexactitudes en el procedimiento de consulta pública y sostiene que este se desarrolló con normalidad y con todas las garantías legales, sin detectar irregularidades.
La resolución judicial también considera innecesaria la realización de una segunda consulta pública, una posibilidad que había sido planteada durante la tramitación de la ley por parte de quienes cuestionaban el desarrollo del procedimiento administrativo.
La Consejería dirigida por Jéssica de León destacó que el pronunciamiento judicial respalda el trabajo realizado durante la elaboración de la normativa vinculada a la regulación de la vivienda vacacional en Canarias.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que la sentencia “respalda un modelo de trabajo basado en la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico”.
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha protagonizado buena parte del debate político y social en Canarias durante los últimos años por el impacto del alquiler vacacional sobre el mercado residencial y el acceso a la vivienda.
El Gobierno de Canarias ha defendido desde el inicio la necesidad de regular esta actividad para compatibilizar el desarrollo turístico con el equilibrio residencial y territorial del Archipiélago.
La resolución del TSJC supone ahora un respaldo judicial al procedimiento de consulta pública desarrollado por el Ejecutivo autonómico durante la elaboración de la ley.
