La nueva normativa de dependencia en Canarias reducirá a seis meses el tiempo de tramitación de las ayudas, mejorando la eficiencia del sistema
Santa Cruz de Tenerife.- El sistema de dependencia en Canarias experimentará una importante transformación con la implementación de una nueva normativa que busca mejorar la eficiencia en la atención a las personas en situación de dependencia. Esta normativa, que ha sido diseñada incorporando un 80% de las aportaciones realizadas por colectivos, administraciones y entidades durante el periodo de información pública, permitirá reducir significativamente el tiempo que tarda un ciudadano en recibir las ayudas establecidas por la Ley de la Dependencia.
Uno de los principales cambios que introduce esta normativa es la transición de un sistema bifásico a un sistema monofásico. En el modelo anterior, el proceso de reconocimiento de la situación de dependencia implicaba dos visitas separadas al domicilio del solicitante. Primero, un profesional realizaba una valoración del grado de dependencia, y en una segunda visita, otro profesional determinaba el Programa de Atención Individualizada (PIA), que define las ayudas y servicios a los que la persona tiene derecho. Este procedimiento, aunque efectivo, resultaba ser largo y engorroso, contribuyendo a que los tiempos de tramitación se extendieran considerablemente.
Con la nueva normativa, un solo profesional se encargará de realizar ambas tareas en una única visita al domicilio del solicitante. Este cambio reducirá en un año el tiempo total de tramitación, permitiendo que el proceso completo se complete en un plazo máximo de seis meses. Este avance es crucial para garantizar que las personas en situación de dependencia puedan acceder a los recursos y apoyos que necesitan de manera más rápida y eficiente, cumpliendo así con los plazos previstos en la ley estatal.
El borrador del proyecto de decreto que regula esta normativa ha sido ampliamente revisado y modificado para incorporar las sugerencias y propuestas recibidas durante el proceso de consulta pública. Esto ha dado como resultado un documento consensuado y enriquecido, que refleja las necesidades y preocupaciones de las administraciones públicas y las entidades sociales involucradas en la gestión de la dependencia en Canarias.
Además de mejorar la eficiencia en los procesos, la nueva normativa reafirma el compromiso de mantener el sistema de dependencia en Canarias como un servicio público. El reconocimiento de la situación de dependencia y la gestión de las prestaciones asociadas seguirán siendo competencia exclusiva de las administraciones públicas, garantizando que no haya riesgo de privatización ni externalización del sistema. La normativa se enfoca en hacer que el sistema sea más transparente, eficaz y ágil, respondiendo mejor a las expectativas de la ciudadanía y a la realidad social de Canarias.
Desde que se comenzaron a implementar las primeras medidas para mejorar el sistema de dependencia, se ha logrado una reducción notable en los tiempos de resolución de solicitudes. A finales de 2022, el tiempo promedio para resolver una solicitud de dependencia era de 977 días. Con las mejoras introducidas, este tiempo se ha reducido a 585 días en la actualidad. La entrada en vigor de la nueva normativa se espera que siga reduciendo estos tiempos, asegurando que ninguna solicitud tarde más de seis meses en ser tramitada.
La implementación de esta normativa no solo mejorará la calidad y rapidez de la atención a las personas en situación de dependencia, sino que también contribuirá a fortalecer el sistema público de bienestar social en Canarias, haciéndolo más resiliente y capaz de enfrentar los desafíos que plantea el cuidado de una población vulnerable y en crecimiento.
