Los Llanos de Aridane.- Las cifras oficiales que periódicamente aporta el Gobierno de Canarias sobre las medidas y ayudas adoptadas para atender la emergencia de la erupción en La Palma y la recuperación de la economía insular son motivo de controversia.
El último balance divulgado por el Ejecutivo regional, que data del 16 de septiembre, estima en 565,64 los millones que han llegado a la isla con este fin, una dato que repiten autoridades regionales y nacionales y que se publica así en medios de comunicación, dando a entender que salen de los presupuestos públicos por decisiones gubernativas.
Sin embargo, desde hace meses en los colectivos de afectados hay dos cantidades que chirrían en esa estadística. La primera son los 18,24 millones de euros que han donado particulares y empresas, un dinero que fue ingresado por miles de generosos donantes en cuentas del Cabildo y de los ayuntamientos de Aridane, y que, según refieren representantes de colectivos afectados a EL VALLE, en absoluto puede ser considerado como parte de presupuestos públicos y, por tanto, no deberían los gobernantes incluirlo en el montante global de ayudas del que luego presumen en notas y ruedas de prensa.
Esos 18,24 millones fueron repartidos 13,41 por el Cabildo a 2.835 familias; 3 millones por el Ayuntamiento de Los Llanos a 1.741 familias; 1,7 millones por el Ayuntamiento de El Paso a 460 familias, y 133.600 euros por el Ayuntamiento de Tazacorte a 202 familias.
La otra cantidad que, según estas fuentes, distorsiona la cifra real de dinero movilizado por voluntad política hacia La Palma, son los 235,3 millones de euros en concepto de indemnizaciones a quienes tenían suscrita una póliza de seguros, y que en realidad no es un ayuda, sino el resultado de aplicar un contrato entre la aseguradora y el asegurado, en caso de catástrofe natural a través del Consorcio de Seguros. Incluyendo aquí el de quienes, de acuerdo con el el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios aseguraron sus viviendas una vez iniciada la erupción y no les afectó el período de carencia de 7 días desde la fecha de emisión o de efecto de la póliza de seguro hasta el momento del siniestro.
Estos 235 millones en indemnizaciones incluyen 29,9 cobrados por 538 empresas, más un millón por 525 vehículos y 186,2 millones a los propietarios de 6.883 viviendas afectadas por la erupción.
El resultado es que, como mínimo, la cantidad global tan cacareada de 565,64 millones de ayudas a La Palma por voluntad política del Gobierno canario y del Gobierno estatal es considerablemente inferior, y, de acuerdo con fuentes de colectivos de afectados, sería más ajustada a la realidad fijándola en 330,34 millones.
