Las Palmas de Gran Canaria.- El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado desde esta mañana en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, que el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, acudirá en las próximas semanas al Senado español y al Parlamento europeo para reclamar una respuesta más adecuada de las instituciones de la UE y del Gobierno central ante el fenómeno de la migración que se vive en Canarias desde principios de 2020.
La primera de esas intervenciones del presidente de Canarias tendrá lugar el próximo 19 de de febrero (viernes) en la Cámara Alta, según detalló Pérez. Aunque expondrá la difícil situación socioeconómica en Canarias por los efectos de la pandemia de la COVID-19, especialmente en el turismo y el sector servicios, el jefe del Ejecutivo pondrá especial énfasis en el repunte del fenómeno migratorio en las Islas con la llegada de pateras y cayucos, con el fin de reclamar al Gobierno español “un plan de actuación más adecuado y suficiente. Queremos que, mediante la intervención del presidente Torres, se escuche la voz de Canarias”, remarcó Pérez.
Lo mismo hará el presidente Torres el próximo 1 de marzo ante la Comisión de Derechos Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, en la que será una comparecencia de Torres a petición propia que aprovechará para reclamar, “en el corazón de la maquinaria europea, una respuesta más intensa” de la UE y que así se disipen las voces y posturas en Bruselas que obstaculizan que los migrantes que permanecen o que sigan llegando a las Islas alcancen el destino que desean o bien sean repatriados a sus países en los casos que así proceda.
Según recalcó el portavoz gubernamental, el Ejecutivo regional mantiene su permanente preocupación e interés por la migración y, aunque es consciente de que las instalaciones habilitadas por el Gobierno central en diversas islas suponen una mejora respecto a la situación vivida en el puerto de Arguineguín, insiste en que se trata de una medida “transitoria y nunca definitiva”.
En este sentido, Pérez subrayó que el Gobierno de Canarias pretende unir “la mayor cantidad de voces sobre política de migración”, sumando a otras instituciones o apoyando sus posturas porque se trata de una cuestión “de todas la sociedad canaria. Queremos que los canarios perciban claramente que su Gobierno tiene a la migración como una de sus preocupaciones principales y que nos hacemos eco de lo que dicen las organizaciones no gubernamentales y religiosas”, indicó.
El portavoz también destacó el ritmo de vacunación contra la COVID en las Islas. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad en el Consejo de hoy, un total de 98.154 canarios ya han recibido la primera dosis y 40.346, la primera y la segunda, cifras que Pérez cree “esperanzadoras porque el número de vacunados sobrepasa cada vez más al de contagiados”.
Normativa sobre los 165 millones de ayudas directas por la crisis de la COVID
En el Consejo de hoy, también se abordó un estudio previo sobre el sistema de ayudas directas que aplicará el Gobierno de Canarias, con un total previsto de 165 millones de euros, para las empreas y autónomos más afectados por las restricciones y consecuencias de la pandemia. El Ejecutivo pretende aprobar una norma para el reparto de estas subvenciones antes de que acabe el presente mes de febrero, siempre en estricto cumplimiento de la ley, pero tratando de agilizarlas al máximo. Por eso, considera que la mejor vía es que esa cantidad provenga de los fondos europeos para la recuperación (REACT-UE) por su mayor flexibilidad. “Queremos llegar pronto y bien a estas empresas”, indicó Pérez, quien resaltó que, tras esa norma, se establecerá el sistema para compensar el pago de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI).
El Gobierno de Canarias sigue considerando que las administraciones de las Islas deben reflexionar sobre la conveniencia de destinar los 80 millones de euros del Fondo Canario de Desarrollo de 2021 (Fdcan) para ayudar precisamente a las familias y subsectores más afectados por la COVID. Pérez insistió en que esa cantidad está asegurada por el presupuesto regional, pero considera que el impacto de la pandemia debe hacer recapacitar a los cabildos y ayuntamientos sobre si es mejor aquel destino que el de la mejora o creación de infraestructuras.
