Santa Cruz de Tenerife.- Los trabajadores temporales públicos de Canarias denuncian que el Gobierno de Canarias pretende cambiar la Ley de Función Pública camuflando esos cambios en el Decreto Ley de Fondos Europeos que el ejecutivo de Ángel Víctor Torres publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Jueves Santo “aprovechando que venían varios días festivos y pensando que no estaríamos pendientes del Boletín”, destaca el portavoz de la Plataforma estatal de empleados públicos interinos, temporales y eventuales contratados en fraude de ley (PI), Miguel Quintero.
En este sentido, el Parlamento de Canarias aprobó el pasado martes, 27 de abril, la tramitación de este decreto Ley “sin tiempo material a que los grupos de la oposición estudien el tema y presenten enmiendas”, advierte.
En concreto, se ha aprovechado el Decreto Ley 4/2021, de 31 de marzo, de Medidas urgentes para la Agilización Administrativa y la Planificación, Gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para cambiar el artículo 73 de la Ley 2/1987 de 30 de marzo, de Función Pública.
La Ley función pública Canaria quedará, después del 1 de abril de 2021 por la modificación del artículo 73.3. introducida en la Ley de Medidas Urgentes para el Control de los Fondos Europeos, de tal forma que la selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará por el sistema de oposición o concurso-oposición, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a desarrollar resulte más adecuado el de concurso de valoración de méritos.”
Miguel Quintero explica que ésto, en la práctica supone que deja a criterio del Gobierno cuándo contrata solo con méritos y cuándo no, mientras el Gobierno de Canarias no lleva a término la estabilización del personal temporal abre la puerta a la contratación, a su conveniencia, aduciendo términos como agilidad e idoneidad para hacer selecciones de personal a la carta.
“No sacan una norma para la estabilización, pero sí la sacan para lo que les conviene ahora, que es, gestionar los fondos europeos”. Esto demuestra, a juicio del portavoz de PI “dos cosas que hasta ahora el consejero de Administraciones Públicas venía negando: la primera, que pueden legislar sobre la materia y no depende de Madrid, y la segunda que en este Decreto Ley, con una enmienda, pueden terminar con este conflicto de una vez reconociendo el abuso de temporalidad y la permanencia de los trabajadores abusados”
“No nos reconoce la fijeza a los que ya estamos dentro pero sí abre la puerta trasera a más personal temporal”, concluye el portavoz de PI.
España no es un mandarinato chino
La plataforma de empleados temporales e interinos en abuso de temporalidad (PI) quiere recordar que el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, ha manifestado en reiteradas ocasiones públicamente que “España no es un mandarinato Chino y como ministro no puedo, ni debo, ni quiero resolver por Decreto cuestiones que están en el ámbito de competencias de las CC.AA”.
Pi considera que el Gobierno de Canarias tras estas declaraciones ya no puede devolver la ‘pelota’ al Estado y que en la enmienda a este Decreto de Fondos Europeos que se está tramitando en el Parlamento de Canarias, en el sentido de reconocer el abuso de temporalidad y la consecuente reparación mediante la figura “a extinguir”, puede ser la Ley de Punto y Final de la que ha hablado el consejero Julio Pérez en reiteradas ocasiones y ahora tiene en bandeja ejecutar demostrando que tiene realmente voluntad política de hacerlo”.
