La propuesta de instaurar una tasa turística en Canarias genera un intenso debate entre ecologistas, políticos y el sector hotelero, reflejando el desafío de equilibrar sostenibilidad y competitividad turística
Santa Cruz de Tenerife. En medio del esplendor turístico de las Islas Canarias, surge una propuesta que ha dividido opiniones: la instauración de una tasa turística. Esta medida, defendida por ecologistas y partidos políticos como Drago Canarias, busca gravar la pernoctación tanto de residentes como de extranjeros en alojamientos turísticos. El objetivo declarado es doble: por un lado, fomentar un turismo sostenible a través de la financiación de proyectos que rehabiliten y protejan los bienes turísticos; por otro, enfrentar los retos de una industria que, si bien es pujante, también enfrenta desafíos en términos de sostenibilidad y preservación del entorno natural.
La tasa turística no es una novedad en España, donde ya se aplica en comunidades autónomas como Cataluña y Baleares, con distintas tarifas según el tipo y categoría del alojamiento. No obstante, en Canarias, la propuesta ha generado un intenso debate. Por una parte, se argumenta que el archipiélago ya cuenta con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que persigue objetivos similares a los de la tasa turística y que una nueva tasa podría ser mal interpretada por los turistas, viéndola como una doble imposición. Este argumento siempre ha sido defendido por la consejería de Turismo adviertiendo sobre los riesgos de implementar y luego retirar tasas en función de coyunturas cambiantes, lo que podría enviar un mensaje negativo sobre la acogida del turismo en las islas.
Por otra parte, los defensores de la tasa, argumentan que la medida podría generar ingresos significativos, estimados en unos 112 millones de euros anuales, que serían destinados a promover un turismo verdaderamente sostenible y a la conservación de recursos naturales y culturales, sin impactar negativamente en el bolsillo de los residentes.
Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos los sectores. Los hoteleros, en particular, expresan su preocupación ante la posibilidad de que la tasa turística merme la competitividad de Canarias como destino. Argumentan que, dada la ubicación geográfica del archipiélago, más alejada del centro de Europa en comparación con otros destinos mediterráneos, cualquier coste adicional podría desincentivar la elección de Canarias como destino vacacional. Además, señalan que los ingresos ya obtenidos a través del IGIC deberían ser suficientes para financiar políticas sociales y de sostenibilidad sin necesidad de imponer cargas adicionales a los turistas o al sector hotelero.
Este debate refleja las tensiones inherentes al desarrollo turístico en regiones de alto valor ecológico y cultural. Por un lado, está el deseo de preservar y potenciar los recursos naturales y culturales que hacen de Canarias un destino único; por otro, la necesidad de mantener la competitividad y asegurar la viabilidad económica de un sector crucial para la economía regional. En este contexto, la decisión sobre la implementación de una tasa turística en Canarias se convierte en un tema de análisis complejo, que requiere sopesar cuidadosamente los beneficios potenciales en términos de sostenibilidad y conservación, contra los posibles efectos sobre la percepción del destino por parte de los turistas y la competitividad del sector turístico en el archipiélago.
La discusión sobre la instauración de una tasa turística en Canarias pone de manifiesto la complejidad de equilibrar los intereses económicos con la sostenibilidad ambiental y cultural en destinos turísticos populares. Por un lado, la propuesta busca generar recursos para fomentar un turismo más sostenible y preservar los valiosos recursos naturales y culturales de las islas. Por otro lado, existe la preocupación de que dicha tasa pueda afectar la competitividad de Canarias como destino turístico, en un contexto donde la accesibilidad y el costo son factores decisivos para muchos viajeros.
La decisión sobre si implementar o no la tasa turística en Canarias requiere un análisis profundo que considere tanto las necesidades de sostenibilidad como las realidades económicas del turismo en las islas. Este debate refleja un desafío mayor que enfrentan muchos destinos turísticos globales: cómo financiar la preservación del entorno y la infraestructura turística sin comprometer su atractivo y accesibilidad para los visitantes. La resolución de este dilema será crucial no solo para el futuro del turismo en Canarias, sino también como caso de estudio para otras regiones que buscan equilibrar estos mismos intereses.
