Santa Cruz de Tenerife.- Los sindicatos que ostentan el 80% de la representación de los trabajadores y trabajadoras públicas de Canarias, como son Sepca e Intersindical Canaria, solicitaron este jueves, mediante un escrito remitido al ministro Miguel Iceta, “valentía y voluntad política para solucionar un conflicto que ha sido creado por la propia Administración”.
El motivo de la carta es solicitar una reunión telemática con el ministro para trasladarle de primera mano la realidad canaria “donde la representación sindical en la función pública es muy distinta al resto de España”, destacan los dos sindicatos que explican que “aquí en Canarias, los sindicatos mayoritarios NO son CC.OO, UGT y CSIF, sino Sepca e Intersindical Canaria, por lo que el ‘acuerdazo’ de Montoro en el 2017 no fue firmado por nosotros ni refrendado por la mayoría sindical de Canarias”, señalan.
Un acuerdazo en el que el “plan” para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, al referirse a plazas y no a personas, perjudica al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida laboral a sostener los servicios públicos en las peores circunstancias y que, ahora, se verían abocados al paro más estructural al no poder competir de ninguna manera en una Oferta de Empleo Público abierta e injusta que no sanciona al empleador por el abuso de temporalidad, sino que penaliza al trabajador abusado.
En este sentido, informaron al ministro de la huelga de los empleados públicos del Archipiélago reivindicando la paralización de las OPE’s y el reconocimiento del abuso de temporalidad de los trabajadores en la línea de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, del 19 de marzo de 2020 en la que se reconoce el derecho a la fijeza como sanción al abuso de temporalidad.
Además, se refirieron en la misiva a la propuesta de Acuerdo que presentó el Comité de Huelga al Gobierno de Canarias, “que permitirá concluir con el abuso de temporalidad y ahorrarse enormes cantidades de dinero público en procedimientos costosos. En una situación económica y social como la que estamos viviendo no caben titubeos que pongan en riesgo el derecho de los trabajadores y trabajadoras públicas, los servicios públicos y una merma de las arcas del Gobierno de Canarias que tan necesarias son para propiciar el estímulo económico y social para paliar las consecuencias de la crisis en muchísimos hogares canarios.
Esta propuesta de acuerdo se basa en identificar cada una de las personas que están en situación de abuso de la temporalidad; los puestos de trabajo que ocupan y dónde desarrollan las funciones de manera permanente, continuada en el tiempo y de carácter estructural.
Una vez identificados se modificarían los artículos del Convenio Colectivo Único del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, y las leyes que rigen la Función Pública Canaria, para garantizar los mismos derechos que el personal fijo o funcionario de carrera equiparables. Tales puestos de trabajo se denominarían empleados Públicos Fijos,(cuyas plazas serían a extinguir) tal y como hace la propuesta de Ley que se está tramitando en el Senado Español.
Sepca e Intersindical Canaria esperan que el ministro Iceta “recoja el guante lanzado” y acepte la reunión solicitada “lo antes posible, incluso este viernes, coincidiendo con el aniversario de la sentencia del TSJE que ha supuesto un antes y un después para los 800.000 trabajadores afectados en toda España”.
