Bruselas.- Se estima que el impacto de la quiebra del turoperador Thomas Cook alcance los 3.000 millones de euros en Canarias, un 6% de su PIB. Su repercusión sobre la economía de Baleares también será, previsiblemente, muy severa. Para hacer frente a este tipo de crisis, la UE cuenta con mecanismos como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
Sin embargo, ante la envergadura de la situación, Juan Fernando López Aguilar, vicepresidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior en el Parlamento Europeo; Alícia Homs, miembro de la Comisión de Empleo; Isabel García, de la de Transporte; y Adriana Maldonado, de Protección del Consumidor, han reclamado a la Comisión Europea más instrumentos para mitigar el impacto de la pérdida de puestos de trabajo en las áreas turísticas afectadas.
Asimismo, los eurodiputados han exigido al Ejecutivo comunitario respuestas sobre cómo va a aplicar, en este caso, la legislación europea de protección de los pasajeros, como la Directiva de 2015 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados, o el Reglamento 261/2004 de derechos de pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque, cancelación o retraso.
Por último, los eurodiputados socialistas también han planteado a la Comisión Europea si tiene previsto implementar algún plan de contingencia en el ámbito de la conectividad para hacer frente a las consecuencias de esta crisis.
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