La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid María Pérez Batista, recibió este martes el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en Canarias. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2023‘
Santa Cruz de Tenerife.- El vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez García, hizo entrega hoy del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022. Canarias’ a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid María Pérez Batista. Este informe, elaborado anualmente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en el Estado Español (EAPN-ES), presenta una investigación de referencia sobre los indicadores de pobreza en España y sus comunidades autónomas.
El Informe AROPE coloca a Canarias como la segunda comunidad autónoma, después de Andalucía, con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, alcanzando el 33,8% de la población, unas 750.000 personas. La cifra ha mejorado 2,4 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2022 y supone el tercer año consecutivo de reducción de este indicador la tasa AROPE, pero sigue distando mucho de la tasa AROPE registrada a nivel estatal, que es del 26,5%.
Indicadores que mejoran, pero no lo suficiente
Este informe destaca a Canarias como una de las comunidades donde más ha disminuido la tasa de riesgo de pobreza, la pobreza severa y la carencia material y social severa. Además, Canarias es la comunidad que experimenta el mayor aumento relativo de la renta media, de 10.716 euros en 2022 a 12.177 euros en 2023, lo que contribuye a disminuir sus niveles de desigualdad.
Sin embargo, otros indicadores como el que refleja el porcentaje de personas en hogares con baja intensidad de empleo, no han experimentado una mejora significativa en el archipiélago. Un 14,3% de la población (316.461 personas) vive en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo.
En cuanto a la brecha de género, los datos revelan que el 35,2% de las mujeres está en situación de pobreza y/o exclusión social, en comparación con el 32,4% de los hombres. La infancia también se encuentra en riesgo, con alrededor un 44,5% de niños, niñas y adolescentes en Canarias en riesgo de pobreza y/o exclusión social (unos 157.739 menores de 18 años). Si tenemos en cuenta el lugar de residencia, la tasa de pobreza en las zonas rurales de las islas es del 30,8%, mientras que en los entornos urbanos esta tasa desciende al 25,9%.
El encarecimiento de la vida lastra la mejora de los datos de pobreza
Los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas. Aunque en Canarias la tasa AROPE ha descendido, el efecto del encarecimiento de la vida se manifiesta en que el 64,8% de la población (alrededor de 1.400.000 personas) declara tener dificultades para llegar a fin de mes, un 4,1% más que el año pasado.
Así lo evidencia el componente de privación material y social severa (PMSS) de la tasa AROPE, un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida. Entre ellos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la capacidad para afrontar gastos imprevistos o permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. En Canarias, el 11% de la población, (243.431 personas) se encuentra en situación de privación material y social severa.
Debe destacarse que la PMSS ha aumentado entre la población que no se encuentra en situación de pobreza: el 4,3 % de la población nacional, es decir, unos 2 millones de personas con los ingresos suficientes para no ser considerados pobres, no pueden mantener una vida digna.
Al incremento de los precios en general, hay que añadirle el aumento de los gastos dedicados a la vivienda. En Canarias, se destina el 17,3% de los ingresos a gastos de vivienda, cifra similar a la registrada a nivel estatal (17,6 %). El informe recoge que el gasto medio por la hipoteca se sitúa en 538 €, solo 44 € superior al gasto medio del alquiler (494 €). La situación se agrava cuando hablamos de familias pobres, que destinan un 34, 1% de sus ingresos a los gastos relacionados con la vivienda.
Políticas sociales imprescindibles para contener el empobrecimiento tras las crisis
Los sucesivos informes elaborados por EAPN-ES han evidenciado que la pobreza se constituye como un problema estructural y sostenido en el tiempo tanto a nivel europeo y estatal como en todas las CCAA. Las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe margen de retroceso a ningún nivel competencial. Pero no solo eso, erradicar de forma efectiva la pobreza y la exclusión social pasa por impulsar políticas sociales estructurales, que se consoliden como parte de los derechos sociales propios de un estado de bienestar y no solo respondan a situaciones de emergencia.
Es imprescindible mejorar los mecanismos territoriales en la implantación de políticas públicas que tienen que ver con la garantía de rentas (como la Renta Canaria de Ciudadanía, sus diferentes complementos y su coexistencia con otras prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital), el acceso y mantenimiento de vivienda, la prevención o intervención ante las causas provocadas por la crisis ecológica o la mejora de los servicios públicos como la educación en todos los niveles, la sanidad o los servicios sociales. En especial con lo relativo al acceso de las personas con mayor vulnerabilidad.
En este sentido, EAPN Canarias reclama el urgente y necesario impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario y de los diferentes Gobiernos autonómicos.
Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona, pero hay que ser más ambiciosos. La lucha contra la pobreza es un compromiso internacional adquirido por los sucesivos Gobiernos, en el marco del cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. Acabar con la desigualdad social y económica existente es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política.
