Santa Cruz de Tenerife.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acordado instar al Servicio Canario de Empleo (SCE) a modificar las bases reguladoras de los planes de empleo dirigidos a parados de larga duración, así como los demás planes financiados con el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), para permitir la participación, en casos justificados, de personas que hayan sido beneficiarias de proyectos con anterioridad.
Al mismo tiempo, la Junta reclama al SCE que realice las modificaciones reglamentarias o legales que sean precisas para que la participación en un convenio en modalidad de formación en alternancia con el empleo no repercuta negativamente en la posibilidad de obtener ayudas, entendiendo que no puede considerarse una actividad laboral propiamente dicha, sino una modalidad esencialmente formativa.
Esta propuesta del equipo de gobierno tiene su antecedente en la reclamación de los participantes del Plan de Empleo para parados de larga duración 2018-19, que consideran que “hemos sido perjudicados por participar en este programa”.
En este sentido, la Junta de Gobierno local entiende que deben modificarse las circunstancias reglamentarias por las cuales el SCE entiende que haber tenido un contrato de seis meses convierte a los beneficiarios en inelegibles para recibir varias ayudas sociales de las que podían estar beneficiándose.
Estas circunstancias fueron denunciadas por los beneficiarios de aquel plan 2018-19 del SCE, en su mayoría en situación de parados de larga duración y alta vulnerabilidad social, a quienes no se les ha permitido volver a inscribirse en dichos programas, sin entender que la mera superación de las pruebas de competencias clave no supone una mejora inmediata en la empleabilidad, sino el comienzo de un largo itinerario formativo. E insiste la Junta de Gobierno que al no existir por parte del Servicio Canario de Empleo medidas de seguimiento y acompañamiento de estas personas, ese proceso, en muchos casos, no se ha producido.
Para finalizar, el equipo de gobierno estima que, dada su situación, estas personas siguen siendo idóneas para participar en programas de empleo, como por ejemplo los Planes de Empleo Sociales, capaces de generarles rentas mientras prosiguen su itinerario formativo y de inserción laboral, lo que en este momento no permite el reglamento de estas convocatorias que se propone modificar, ya que en ella quedan excluidas estas personas por un principio de no repetición excesivamente restrictivo.
