Santa Cruz de Tenerife.- El Ayuntamiento de la Capital tinerfeña y la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) del Gobierno de Canarias han celebrado, recientemente, una reunión de alto nivel para estructurar y poner en marcha una mayor coordinación entre ambas administraciones. Con la presidencia de la alcaldesa Patricia Hernández, junto al director general de la DGSE, Gustavo de Armas y del concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad del consistorio santacrucero, Florentino Guzmán, se desgranaron múltiples cuestiones del máximo interés en materia de seguridad y emergencias.
La alcaldesa santacrucera agradeció la predisposición de las autoridades autonómicas en esta materia “para actualizar, apoyar y poner en hora esta colaboración, absolutamente imprescindible, con un municipio como el nuestro que hace un esfuerzo más que notable disponiendo de los máximos recursos posibles en seguridad y emergencias”. Hernández también garantizó “plena sintonía municipal” con los objetivos que, desde el ámbito autonómico, se han marcado para los próximos años.
En la cita, del más alto nivel, estuvieron los representantes autonómicos de las áreas formativas; de la gestión del CECOES – 112; del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC); Protección Civil; y de la coordinación con las policías locales. La comitiva municipal, además de la propia alcaldesa y el concejal ya mencionados, estuvo integrada por la jefatura del Servicio de Seguridad Ciudadana; mandos de la Policía Local y técnicos de Protección Civil.
Entre las cuestiones planteadas por el director general de la DGSE, Gustavo de Armas, se respaldaron las políticas formativas tanto para la Policía Local como para la agrupación de voluntarios de Protección Civil. “No puede ser de otra manera y estamos abiertos a las sugerencias y demandas específicas que precise Santa Cruz, dadas las condiciones que tiene como cocapital autonómica”, matizó.
Buena parte de la reunión se dedicó a la explicación y resolución sobre dudas legales e innovaciones normativas en el ámbito de la Protección Civil, y se puso en valor que la capital tinerfeña mantenga un servicio como el CETRA_CECOPAL para la gestión y el seguimiento de incidencias o emergencias. Precisamente, una de las próximas novedades será la posibilidad de que este organismo comparta la información, “en tiempo real” que se genera desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Junto a la planificación de la oferta formativa que emana de este organismo autonómico, se planteó la intervención de los recursos y medios del municipio santacrucero en el ejercicio que tiene previsto desarrollar la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el archipiélago canario durante el próximo mes de marzo. Este simulacro planteará diversos escenarios ante una emergencia de carácter estatal, también denominada como Nivel 3, en el que se pondrá a prueba la resistencia de todos los sistemas de Protección Civil y de los recursos de seguridad y emergencias.
En el apartado de evaluación sobre los requerimientos de seguridad que se plantearon durante 2018 en el municipio, con los datos recogidos a través del CECOES-112, se detecta un aumento de las llamadas al teléfono único de emergencias en Santa Cruz por cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana, unos 23.000 servicios en ese año. También se subrayó la carga de trabajo que suponen los servicios sobre seguridad vial, que asume casi en solitario la Policía Local capitalina, con cerca de 4.700 avisos de este tipo. En otro aspecto se detallaron los datos sobre incidentes en el litoral de la capital tinerfeña que se mantienen en los parámetros de años anteriores.
Por último, se analizaron las cifras relativas al ratio de policías por habitante que maneja la administración autonómica, aunque se reconoció el esfuerzo municipal por aumentar la plantilla policial capitalina, constatándose el efecto que ha generado, en todas las policías locales, el decreto de jubilación anticipada aprobado por el Gobierno estatal, situación que se sumó a la paralización que arrastraban los procesos selectivos desde el año 2007.
