Comunicado
La sociedad canaria está asistiendo de manera incrédula a un acelerado proceso de destrucción del borde costero de las islas.
En concreto en los últimos tres años en Tenerife el proyecto del Hotel de la Tejita ( parcialmente parado)en proceso judicial, un proyecto hotelero que ha destruido una parte de ese borde costero, impidiendo que las dunas puedan desarrollarse.
Proyectos nonatos como el puerto de Fonsalía, otro proyecto enorme de inversión italiana en zona Arico, el circuito motociclista automovilístico que se proyecta sobre terreno agrícola, etc. Y ahora los reiterados intentos de calificar suelos rústicos y agrícolas por suelos urbanizables o la macro intervención en el denominado proyecto de CUNA DEL ALMA en el Puertito de Adeje.
Este movimiento ciudadano le preguntará a la directora general si no cree que este caso existe una flagrante concatenación de irresponsabilidades:
- Un ayuntamiento que no hace su catálogo de restos de guanches.
- Una promotora Segunda Casa S.L. que empieza unas obras con informe desfavorable en contra desde el Cabildo en cuanto al patrimonio arqueológico y finalmente destroza restos guanches.
La sociedad canaria no logra entender que en el siglo XXI en el año 2022 los gobernantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo , de los Ayuntamientos y en particular del Ayuntamiento de Adeje, pretendan seguir colmatando de más edificaciones y de más destrucción del borde costero.
Porque, para colmo, los ayuntamientos no han cumplido el plazo legal para realizar los catálogos de bienes de patrimonio cultural, el arqueológico incluido, vencido en junio.
Hay proyectos urbanizadores que vienen de la época del franquismo, que hipotecó una parte sustantiva de los bordes costeros de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y que las denominadas autoridades democráticas en las distintas administraciones públicas han sido incapaces de quitarlos del mercado inmobiliario.
A la director general Salvar Canarias le preguntará por qué el Gobierno canario permite la dejación por parte del Ayuntamiento de Adeje, que nunca ha hecho inventario del patrimonio guanche en el municipio, peso a que es su obligación legal desde la anterior ley y con la nueva vigente desde 2019. ¿Para quién gobiernan?
El objeto de la reunión es poner en conocimiento de la directora general de Patrimonio Cultural el nivel de destrucción impune que se esta produciendo a los valores naturales y a los valores patrimoniales, patrimonio arqueológico que las jóvenes y los jóvenes alzados están defendiendo.
Los activistas le cuestionarán sobre qué va a hacer como máxima autoridad política en patrimonio arqueológico de Canarias, con relación al Puertito de Adeje y con otras operaciones que se están fraguando cercanas a Adeje para que no se siga destruyendo y poniendo en riesgo vestigios aborígenes.
Este movimiento le pide exigir que se revisen los expedientes administrativos de todos los suelos urbanizables y rústicos donde hay en trámite operaciones urbanísticas y se hagan estudios de campo para evitar que ocurra lo que en Cuna del Alma.
Lo único que tienen las personas son los territorios, que es un bien común, los paisajes, los hábitats, las especies y el patrimonio de esos territorios. La huella de los aborígenes canarios que bajo ningún concepto ese patrimonio puede ser destruido. La propia ley de Patrimonio Histórico de Canarias recoge que aquellos lugares que tienen bienes patrimoniales histórico culturales son declarados inmediatamente como lugares de dominio público.
Es lo que queremos, es lo que la amplia representación del movimiento ciudadano Salvar Canarias quiere darle a conocer los instrumentos legales que tiene, que paralice las obras, que encargue un estudio detenido acerca del daño que se ha hecho ya y los valores que van a seguir destruyendo. Exigimos una una intervención inmediata de la Administración Pública Canaria.
Las ciudadanas/os alzadas, poniendo sus cuerpos en los últimos cuarenta días están dando un ejemplo al mundo, seguirán defendiendo el Patrimonio Natural, Histórico Cultural, Arqueológico. Tenemos la esperanza que la directora general del Gobierno ejerza las competencias y ordene la paralización inmediata de la destrucción que está cometiendo diariamente en la zona de las obras.
La Administración Pública de Canarias tiene recursos para hacerlo. No tiene otra opción que ponerse al servicio del interés general y defender el bien común patrimonial de la sociedad. Es la función que tienen los cargos públicos. Cumplir y hacer cumplir la ley.
