Hace bien el Gobierno de Canarias en ir dando noticia de la aplicación de las medidas concebidas para ayudar a las personas y familias afectadas por la erupción de La Palma. No solo es un ejercicio de obligada transparencia sino que esa información va a desmentir una especie que circula desde hace unas semanas consistente en que no llegan tales ayudas o que ni siquiera ha llegado un euro. Hay quien, sin escrúpulos, se aprovecha de estas situaciones y alimenta las falacias o deforma la realidad con exageraciones e inexactitudes, con tal de desgastar al ejecutivo o a las instituciones. No reparan siquiera en los recursos limitados de las administraciones. Y si es justo y consecuente que los ciudadanos reclamen, especialmente quienes han perdido todo o casi todo y se ven sin opciones de hallar soluciones “para ir tirando”, no es menos cierto que los trámites han de respetar las reglas del procedimiento administrativo. Sobre los funcionarios pesa esa responsabilidad y hay que entender que deben cumplir con su cometido.
Por eso, cuando se sabe que el Gobierno de Canarias duplicó durante la última semana la tramitación de expedientes de familias afectadas por el volcán, hay que poner en valor ese hecho, a sabiendas de que aún queda mucho por hacer y hay que seguir esmerándose para que los más necesitados accedan a esas ayudas, hoy por hoy absolutamente necesarias. Valoremos la existencia del denominado Registro Único, creado por el Gobierno autónomo para procesar, con los requisitos exigibles, la atención a los afectados. Por consignar un dato que dimensiona el alcance de la magnitud de la catástrofe y la cantidad de damnificados: hasta el jueves pasado, se habían recibido tres mil trescientas cuarenta solicitud y se habían tramitado un total de dos mil sesenta y tres. Esta última cantidad significa el doble de lo logrado hace apenas una semana, lo que el viceconsejero de Presidencia del ejecutivo, Antonio Olivera, justifica explica por la intensificación en la gestión de los expedientes tras completarse el despliegue de las aplicaciones informáticas y haber reforzado el personal dedicado a estos menesteres concretos. Con ese ritmo, según remarcó, el Gobierno autonómico prevé que durante la presente semana se hayan completado todas las solicitudes ya presentadas.
Hasta el pasado día 2 de diciembre, se había contabilizado un total de 3.213 solicitudes, de las que se habían tramitado 820 (el 25%), con 621 inscritos. Por tanto, se ha duplicado la tramitación y, de esta manera, se espera acelerar más la entrega de las ayudas. Según datos actualizados, de los 2.063 expedientes tramitados, un total de 1.334 se refieren a daños en viviendas, bien sean la principal, secundaria o terciaria, lo que supone un 65%. Otros 1.017 están vinculados a la pérdida de enseres (un 49,3%) y 717 tienen que ver con damnificados del sector primario (35%). Las peticiones por daños pueden ser mixtas. Asimismo, 156 consisten en reclamaciones por daños en comercios o empresas (un 8%). Según recalcó Olivera, estos datos ya aportan un panorama más exacto de las consecuencias de la erupción. El viceconsejero también detalló que el número de personas acogidas en hoteles que sufraga el Gobierno regional es de 555 y hay 43 dependientes en centros sociosanitarios públicos.
Hagamos pues el correspondiente seguimiento de estos registros informativos que el Gobierno de Canarias debe ofrecer con la debida regularidad, la mejor manera de acabar con bulos y maledicencias.
Salvador García Llanos.
