La consejera de Bienestar Social informa en sede parlamentaria de los resultados de las diversas medidas impulsadas por su departamento de cara a la mejora de la gestión en Canarias en materia de dependencia
Santa Cruz de Tenerife.- “Hemos reducido en 271 días el tiempo de espera de un reconocimiento de la situación de dependencia. Durante la anterior legislatura, se tardaban 847 días y hoy se tardan 576. Esto no es una alegría, pero demuestra que se está trabajando en el buen camino”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria, donde intervino para explicar las medidas impulsadas por su departamento en materia de dependencia.
“Estamos trabajando para resolver, en el plazo legalmente establecido, las resoluciones de grado, del Plan Individual de Atención, y las prestaciones… pero solo llevamos un año”, indicó Delgado, quien felicitó a todo el personal de la Dirección General de Dependencia y de toda la Consejería, “porque gracias a su esfuerzo y constancia el trabajo sale, los expedientes se tramitan y las prestaciones se pagan, tal y como refrendan los datos oficiales que publica cada mes el Imserso”.
Según expuso la consejera regional, Canarias gestionó en 2023 un total de 72.563 solicitudes, de las que se resolvieron 56.213, lo que supuso el reconocimiento de 49.605 personas con derecho a recibir ayuda, “lo que supone un avance significativo en la capacidad de respuesta del sistema”.
Además, indicó, en el último año “se ha reducido en un 14,5% el número de personas que, aunque tienen el derecho reconocido a recibir ayuda, aún no reciben servicio, y se ha incrementado la atención en el entorno familiar en más de 18.800 personas, lo que indica que se está potenciando este tipo de prestación, que es fundamental para aquellas personas que prefieren recibir cuidados en sus propios hogares en lugar de en instituciones”.
Asimismo, señaló que en 2023 el Gobierno de Canarias incrementó la financiación destinada a la atención a la dependencia, lo que ha permitido aumentar el número de beneficiarios atendidos y mejorar las condiciones de los servicios ofrecidos, y se ha expandido el acceso a programas de prevención y promoción de la autonomía personal, con más de 2.300 personas beneficiándose de estos servicios.
Estas actuaciones en el área de la atención a las personas dependientes se suman a la tendencia a la baja en el número de personas en lista de espera para recibir prestaciones, lo que demuestra una agilización en la tramitación de solicitudes y la asignación de recursos. Asimismo, se han incrementado los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, lo que ha permitido que Canarias se convierta, en el último año, en la segunda comunidad autónoma que más incrementó el número de servicios de ayuda a domicilio, con un aumento del 7,7%.
Más plazas en centros y diversificación de prestaciones
En su intervención, Delgado explicó que Canarias ha impulsado la diversificación en las prestaciones, ampliando las prestaciones para las personas dependientes, especialmente en el cuidado en el entorno familiar, con 18.829 beneficiarios en 2023. Además, indicó que 14.817 personas recibieron prestaciones vinculadas a servicios especializados, como centros de día o asistencia en residencias, “lo que representa un aumento de la diversidad en los servicios ofertados”.
A esta medida se ha sumado la ampliación de oferta de plazas en centros residenciales y de día, lo que ha mejorado el acceso a este tipo de servicios para las personas dependientes que requieren atención especializada.
A este respecto, la consejera avanzó también en sede parlamentaria, en respuesta a una pregunta sobre los convenios establecidos con los cabildos insulares para la prestación de los servicios a las personas en situación de dependencia, que la dirección general competente se encuentra actualmente negociando con los cabildos el nuevo convenio de cooperación entre el Ejecutivo canario y las administraciones insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, con un plazo de vigencia para el periodo 2025-2028.
