Santa Cruz de Tenerife.- El Grupo Nacionalista Canario ha remitido, a la Mesa del Parlamento, un escrito de reconsideración del acuerdo en el que se declara la “No conformidad a la tramitación” de la Proposición de Ley para modificar la Ley 5/1986, del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, por la que se abarataría su precio en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.
Según el criterio esgrimido en el escrito, esta Proposición de Ley no tendría una incidencia en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias, para este ejercicio 2022, como afirma el Gobierno, que haga peligrar las cuentas de la Comunidad Autónoma en el hipotético caso que fuese aprobada y entrara en vigor antes de finalizar el año con el texto actual. Toda vez que el Gobierno estima el importe en 12 millones de euros.
A juicio del Grupo Nacionalista el Gobierno se anticipa al debate parlamentario y la posibilidad que el texto sea enmendado y, en caso de ser aprobada antes de acabar el año de 2022, dichas enmiendas remitieran su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2023 o que entrara en vigor con aplicación real en el mes de diciembre de 2022.
En este caso, el importe necesario para sufragar ese coste sería como máximo de dos millones de euros sobre el presupuesto de 2022, que no supondría desequilibrio presupuestario y mucho menos en las futuras anualidades presupuestarias al no haberse configurado, tramitado ni aprobado, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 por parte del Gobierno y tampoco por el Parlamento.
