Las Palmas de Gran Canaria.- El dirigente de Nueva Canarias (NC) y uno de los responsables de la consecución en 2018 de la bonificación del 75% para los residentes en los billetes aéreos y marítimos entre las islas y con la Península, Pedro Quevedo, rechazó hoy con rotundidad los «inventos indocumentados» de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados relacionados con el descuento. El diputado de los canaristas progresistas en la Cámara Baja hasta el pasado mes de julio recordó que el 75% es un derecho de todos los canarios, blindado en el Régimen Económico y Fiscal (REF), al mismo tiempo que mantuvo que la solución pasa por el establecimiento de las obligaciones de servicio público, que permiten fijar precios máximos de referencia. Quevedo recordó que existe toda una cobertura legal y judicial en vigor en el ámbito europeo para que Canarias logre ese objetivo y que implica al Estado español.
«Rechazamos rotundamente los inventos indocumentados» de una formación política, inmersa en un conflicto interno que le impide estudiar a fondo la bonificación aérea y marítima para los residentes en el Archipiélago, que además se hizo extensiva a Baleares, Ceuta y Melilla, denunció Pedro Quevedo.
La diferencia entre un partido político centralista y otro de obediencia canaria como NC, según el dirigente de los canaristas progresistas, es que los primeros tienen un «desconocimiento profundo» de la realidad del Archipiélago mientras que «nosotros sabemos exactamente de lo que hablamos y defendemos» en beneficio de los intereses generales de Canarias.
La bonificación del 75% «no necesita de descubrimientos u ocurrencias», avisó. Solo se requiere, tal y como puntualizó, que el Ejecutivo estatal y la Unión Europea (UE) apliquen «lo que NC negoció y acordó» para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. La «única forma de evitar» las oscilaciones de los precios de los billetes y la colusión de intereses entre las compañías aéreas es el establecimiento de las OSP en las conexiones con el resto del Estado, lo que permite establecer precios máximos de referencia, defendió Quevedo.
También que las autoridades en materia de competencia, como se recoge en los citados acuerdos, velen por la evolución de los precios y los incrementos abusivos, advirtió.
Además, gracias al amparo jurídico del Archipiélago como RUP y a la sentencia Mayotte del Tribunal de Justicia Europeo que fuerza a adaptar «todos» los acuerdos y tratados adoptados en el seno de la Unión a las ultraperiféricas, NC mantiene que Canarias y Madrid disponen del marco jurídico y legal preciso para conseguir regular la evolución de los precios de los billetes sin afectar a la conectividad de los canarios y de los sectores productivos ni las oportunidades de negocio de las empresas operadoras en la citadas rutas, como tampoco a la libre competencia.
Tras recordar que el artículo 6 del REF blinda la bonificación del 75 por ciento, Pedro Quevedo hizo hincapié en el valor de los mecanismos planteados por NC para controlar unos precios injustos y la «oportunidad» de las presidencias simultáneas de Canarias y del Estado de las RUP y de la UE, el segundo semestre de este año.
