Las Palmas de Gran Canaria.- El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado este miércoles que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) esté condenando a los vecinos que deben convivir con ruidos causados por locales de ocio a ser defendidos “exclusivamente por los tribunales de justicia” dado que la administración pública local, que debe velar por garantizar su derecho a la salud, “no hace nada para protegerles”.
El concejal del Grupo Municipal Popular, Ángel Sabroso, que asistió junto las concejales María Amador y Rosa Viera a la formación impartida por la presidenta de Juristas Contra el Ruido (JcR), Yomara García, explico que desde hace unos años los problemas de ruidos “se han agravado mucho por falta de gestión” hasta el punto de convertirse en “uno de los principales problemas que tiene la ciudad”.
El edil del PP indicó que estos vecinos deben acudir a la justicia para ser protegidos dándose la situación “surrealista” de que cuando ganan esas sentencias son recurridas por el Ayuntamiento, “precisamente quien tenía que haberles protegido”, a pesar de condenar a distintos locales que no cumplen con la normativa actual en materia de ruidos.
Sabroso añadió que “no puede ser” que la ciudad más grande de Canarias, con mayor presupuesto, no disponga de sonómetros calibrados, que la Policía Local haya dejado de realizar las labores de inspección de los locales que incumplen, o que de ocho técnicos de Actividades Clasificadas hayamos pasado a dos.
“El problema del ruido es muy complejo, pero si se deja de actuar sobre la gestión diaria esos problemas se acaban enquistando. Hace falta dirección y proyección del futuro de la ciudad, para dirigir el ocio nocturno multitudinario hacia zonas donde no interfieran con vecinos residentes”, recalcó el concejal del PP, quien sin embargo puntualizó que “no se puede renunciar a la actividad de ocio y cultural, porque somos una capital turística en la que viven 400.000 habitantes”.
Al respecto, el representante del PP optó por “redirigir” esa actividad, motivo por el que censuró que la Autoridad Portuaria “esté cerrando las actividades de ocio en el Muelle Deportivo y zona portuaria, cuando es el área de la ciudad de futura expansión del ocio y disfrute ciudadano”.
A su entender es “incomprensible” que vaya a cerrar otra gran terraza al aire libre en la zona portuaria “y que nadie diga nada” o que el representante de la ciudad en la Autoridad Portuaria, en referencia al Alcalde, “vea esto como normal”, al tratase de zonas alejadas de núcleos residenciales pero que sin embargo están dentro de la zona urbana.
Esto se justifica porque al ente portuario “le resulta problemático a causa de las horas extras o los servicios de limpieza” que debe abonar. Asimismo tampoco se justifica, a juicio del PP, “que tengamos zonas como la Plaza de la Música en la que en vez de redirigir el ocio nocturno o la música en directo estemos abriendo sedes administrativas y que encima se venda como positivo”. Para terminar, el PP abogó por crear nuevas zona de ocio alejadas de zonas residenciales, como los bajos de Las Alcaravaneras, “que hoy están destrozados en vez de potenciarlos como zonas de ocio nocturno, porque son espacios que no conviven con residentes”
Una ciudad que no cumple
Por su parte la presidenta de Juristas contra el Ruido (JcR), hizó hincapié en que el ruido genera problemas como muerte prematura, repercusiones económicas -como los problemas derivados de no poder vender una casa en zona de ruidos- o la bajada del rendimiento académico normal, además disparar gastos a nivel sanitario y problemas asociados al estrés, la ansiedad o las alteraciones del sueño.
Además de la necesidad de incrementar los medios materiales y humanos para luchar contra los locales y actividades en general que no cumplen con la Ley del Ruido, García destacó que la actual ordenanza municipal relativa al ruido (2002) no ha sido adaptada a la Ley 37/2003, así como tampoco lo está el planeamiento urbanístico del municipio.
“Un mapa de ruido sin plan de acción no sirve de nada” recordó García, quien puso de manifiesto que el 27,86% de la población de Las Palmas de Gran Canaria padece problemas de ruido por la noche, teniendo en cuenta que solo se tuvieron en consideración para este estudio el ruido del tráfico y de las zonas industriales. Asimismo la jurista insistió en varias ocasiones en que existe una obligación de las administraciones públicas de salvaguardar los derechos fundamentales de forma eficaz (art. 103.1 CE).
