Las Palmas de Gran Canaria.- Canarias vuelve a apostar por estar cada vez mejor relacionada y más cerca de las otras regiones que forman la Macaronesia: Azores y Madeira, dentro de Portugal, y Cabo Verde. Con este objetivo genérico, este martes, 18 de febrero de 2020, se iniciaron en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria los trabajos técnicos presenciales relacionados con el programa Interreg MAC 2014-20 denominado Integración de mercados y desarrollo de la vecindad económica y social de la regional de la Macaronesia (Integra). Esta iniciativa pública cuenta con tres socios comunitarios: Canarias, Madeira y Azores, todas regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE), y con un país tercero, en este caso Cabo Verde.
Esa primera reunión la presidió como representante del Ejecutivo canario el director general de Relaciones Exteriores (departamento integrado en la Viceconsejería de Acción Exterior), Juan Francisco Trujillo, y a ella además asistieron, por parte de las otras regiones lusas y de Cabo Verde, los siguientes cargos públicos: André Craveiro, adjunto al gabinete del secretario regional y a la Presidencia para las Relaciones Externas del Gobierno de Azores; Fernanda Cardoso, directora regional de Asuntos Europeos del Gobierno de Madeira, y Sérgio Mendonça, director del Servicio de las Políticas de la Unión Europea y de Asuntos de la Ultraperiferia del Gobierno de Madeira.
Aquel proyecto Interreg MAC 2014-20 tiene como fin principal la mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia en la gestión de las autoridades de la región macaronésica, lo que se prevé potenciar mediante la promoción de una estrategia de desarrollo común en los ámbitos económico y social de tales territorios. Ello sin duda favorecerá la mayor integración de los servicios públicos en esas regiones, se explica en la justificación de la iniciativa Integra.
Tras la reunión, Francisco Trujillo se refirió a las bondades del proyecto, del que destacó su utilidad para “buscar líneas de participación y cooperación en materia de negocios y de nuevos nichos de inversión extranjera en la economía azul, la economía verde, el turismo y las comunicaciones aéreas y marítimas de la Macaronesia”.
En la reunión han acordado el cronograma de trabajo y la realización de tres estudios técnicos, dos de los cuales realizará Canarias y uno Madeira, y la celebración de una cumbre en Azores este año, una segunda en Madeira en 2021, y la última en 2022 Canarias, en la que presentarán las conclusiones del proyecto.
Los socios comunitarios de ese proyecto multirregional, que cuenta con un presupuesto de casi 720.000 euros (el 85% aportado por la UE a través del fondo estructural Feder), son la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, que actúa como beneficiario principal de la iniciativa pública; la Vicepresidencia del Gobierno y Asuntos Parlamentarios del Gobierno Regional de Madeira, y la Secretaría Regional Adjunta de la Presidencia para las Relaciones Externas del Gobierno Regional de Azores. Como socio de país tercero se halla el Ministerio de Negocios Extranjeros de Cabo Verde.
En relación con el desarrollo del citado proyecto, hay que decir que éste se prolongará hasta el año 2022, con el arranque de las actividades aprobadas de inmediato. El programa que se seguirá contempla la celebración de tres cumbres macaronésicas en el trienio 2020-22. Además, hay otras acciones previstas, entre ellas las siguientes:
– Estudios del espacio de cooperación relacionados con la identificación de los sectores productivos con alto valor añadido, estado de la inversión extranjera, y políticas comunitarias, nacionales y regionales.
– Puesta en marcha de los equipos de trabajo interdisciplinar y del laboratorio de ideas (think tank) para compartir estrategias comunes en esas regiones macaronésicas.
– Implantación del programa de intercambio de experiencias a escala institucional entre las cuatro partes integrantes.
– Preparación de la celebración de tres cumbres de la Macaronesia a lo largo del desarrollo de la iniciativa, entre 2020 y 2022.
El Tribunal Constitucional consolida el fondo de Acción Social de 2019 del Gobierno de Canarias
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias el pasado 13 de febrero ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado sobre el artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2019 contra las ayudas de Acción Social. Con esta sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha conocido ayer, se consigue consolidar un fondo de Acción Social igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros.
El TC estimó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019.
En ejercicio de la competencia contenida en el artículo 107.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno autonómico promovió en 2015 y 2016 el incremento progresivo de las dotaciones del fondo de acción social, entre cuyos objetivos legítimos que persigue, se encuentran, garantizar el principio de igualdad constitucional y no discriminación, en particular, en la asunción de las cargas familiares, mediante la previsión de ayudas en la asunción de gastos de guardería, para hijos de 0 a 3 años.
Dicha medida de restitución de derechos del personal del sector público está en consonancia con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicado por resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.
Solo afecta la cuantía
El TC ha reconocido que en todo caso, y de acuerdo con lo alegado por la representación del Parlamento canario, el objeto del recurso debía quedar ceñido a los párrafos del precepto donde se fija la cuantía del Fondo de Acción Social y su distribución, y que debían quedar al margen los apartados que contienen normas respecto de las que nada se alegó en el recurso de inconstitucionalidad y que pueden, además, permanecer vigentes aun cuando el importe del Fondo de Acción Social, único contenido del precepto controvertido por el recurrente, hubiese sido declarado inconstitucional. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Canarias solicitó el levantamiento de la suspensión de la aplicación de la norma recurrida.
Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias también argumentaron que no concurrían los presupuestos fácticos excepcionales, vinculados a la crisis económica de 2008, que justificaban el empleo de estas potestades excepcionales en ejercicios anteriores, puesto que si el Real Decreto-ley 24/2018 autoriza un incremento de las retribuciones de hasta un 2,5 por ciento porque la coyuntura económica lo permite, no se justifica entonces la prohibición de incrementar los gastos de acción social con los que la Comunidad Autónoma pretendía cumplir con obligaciones asumidas (abono de las primas de pólizas de seguros concertadas) y restituir derechos y beneficios que se han ido progresivamente cercenando, en legítimo ejercicio de sus competencias sobre acción social cuestionando.
Abono de las cantidades resultantes, en marzo
En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a Ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y Prótesis Dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las solicitudes de ayudas para Prótesis oculares (4.526 solicitudes) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135 solicitudes).
Por lo tanto, y según las Bases de la convocatoria, será la Dirección General de la Función Pública la que determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas de Acción Social concedidas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia conocida ayer.
La Dirección General de la Función Pública dará traslado de la resolución definitiva a la Dirección General de Planificación y Presupuesto a los efectos de las correspondientes transferencias de crédito a las consejerías u organismos para su posterior abono en las nóminas en las que perciben sus retribuciones las personas beneficiarias. Con carácter general serán las Secretarías Generales Técnicas (y en órgano de análoga naturaleza) las encargadas del abono de las ayudas. Se prevé que el abono se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso.
De forma paralela, el 17 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo. La Dirección General de la Función Pública ha abierto un canal de comunicación a fin de que la formulación y tramitación de dichas solicitudes se efectúe telemáticamente, buscando así una reducción de los plazos finales de resolución.
