Santa Cruz de Tenerife.- El PP insiste en que hay que proteger la propiedad privada como un derecho fundamental de las personal, por ello los populares aceleran los trámites en el Congreso de los Diputados para hacer realidad un nuevo texto legal que impida las ocupaciones como hemos visto a lo largo del verano en muchas comunidades autónomas.
El Presidente del PP Tenerife, y diputado regional, Manuel Domínguez señaló que “es necesario que la “okupación” sea penada con medidas más contundentes como disuasión a este tipo de prácticas. Entre ellas en la Proposición de Ley registrada a principios de año en el Congreso de los Diputados se propician condenas de 1 a 3 años de cárcel (según la gravedad del caso), desalojos en un plazo máximo de 48 horas así como la prohibición a los ayuntamientos para empadronar a personas que hayan ocupado ilegalmente una vivienda.
En cualquier caso, Manuel Domínguez insiste en la necesidad de poner en practica además, nuevas medidas sociales en el caso de la comunidad autónoma con la actualización del parque público de viviendas así como la construcción de nuevos inmuebles de protección oficial al hilo de lo pactado entre todas las formaciones en el Parlamento de Canarias estos últimos meses.
Por su parte, la diputada nacional del PP y portavoz de la formación política en la comisión de vivienda del Congreso, Ana Zurita añadió que “la okupación ilegal no puede ser en ningún caso, alternativa a la carencia de vivienda, ni por supuesto intervenir la propiedad privada, la solución a que la Administración no haga su tarea en cuanto a la provisión de Vivienda.
En cuanto a Canarias nos preocupa que, desde el Ejecutivo Autonómico se siga esa inercia y se justifique la “okupación” en la falta de Vivienda pública.
El PP recuerda que el Plan de Vivienda de Canarias es ambicioso y tendrá nuestro apoyo sobre propuestas realistas, pero nunca sobre la intervención a la propiedad privada, ha hecho gala el líder de Podemos, Pablo Iglesias esta semana en el Congreso.
Desde el Partido Popular, prosigue Zurita, entendemos que no es que las medidas legislativas no funcionen y que no solo hay que mejorarlas, sino que además hay que establecer un sistema desde la oficina de Vivienda del Gobierno regional y los Ayuntamientos, que establezcan una coordinación para establecer una estrategia “antiokupas”, con la creación de :
1- Oficina “antiokupación” que traslade los casos a la fiscalía o Delegación del Gobierno, y que sea una agencia de información a los ciudadanos sobre procedimientos y pasos a seguir.
2- Estrategia conjunta de Vivienda y Justicia que trabaje y desarrolle un sistema de coordinación efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3- Coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales, garantizando la seguridad jurídica y el marco legislativo de aplicación.
Para el PP la “okupación” impide hacer una política efectiva de Vivienda porque no se trabaja con la realidad del parque de Viviendas. Por ello, presentaremos iniciativas parlamentarias para conocer el diagnóstico real de esta situación en Canarias y que viviendas de titularidad pública están ocupadas e impiden que sean adjudicadas a familias que han solicitado una vivienda por el trámite reglamentario.
Por otro lado, la diputada nacional y portavoz de vivienda del PP en el Congreso, Ana Zurita ha sido clara en diferenciar que estas medidas drásticas están enfocadas a la ocupación ilegal de inmuebles no afectando a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social de muchas familias ante la crisis de emergencia que vivimos en la actualidad tras las secuelas de la Pandemia del Covid19.
Por ello, los populares creen necesaria una reforma del código penal para que los legítimos propietarios de viviendas puedan ejercer sus derechos de forma más transparente a la hora de recuperar sus inmuebles ocupados ilegalmente.
Ana Zurita, recuerda por ejemplo que la actual ley de desahucio “express” contempla el desalojo en un plazo máximo de cinco días, con la limitación a personas físicas, administraciones públicas tenedoras de vivienda y entidades sin ánimo de lucro, no contemplando proceso para personas jurídicas, ni la lucha contra las mafias, ni la acción de las comunidades de propietarios, temas que se solventan con esta nueva iniciativa.
Precisamente esta semana, la Fiscalía General del Estado ha emitido un informe con instrucciones a los fiscales para actuar con la mayor inmediatez ante la “okupación” ilegal. Partiendo de la base de que con las actuales medidas legales son suficientes. En realidad es un paripé que no adquiere compromiso alguno por las siguientes razones:
1- Se sigue sin ordenar a la policía el desalojo, ante “okupaciones” recientes.
2- Obliga a los policías a hacer atestados más complejos.
3- Obliga a los propietarios a presentar un Certificado Digital de la Propiedad.
La conclusión es que no se quiere llegar a una solución efectiva. Se sigue “a pies juntillas” el ideario de Podemos en materia de Vivienda.
La portavoz de vivienda del PP en el Congreso de los Diputados indicó que en Canarias se han registrado más de 300 denuncias durante el primer semestre de 2020 lo que supone un aumento de ocupaciones del 15%. Por provincias, Las Palmas acumula 179 casos, mientras que Santa Cruz de Tenerife ha registrado 132 denuncias.
Cabe destacar que en la provincia occidental el total de casos se contabilizan en la isla de Tenerife con los 132 casos descritos anteriormente lo que supone un incremento del 2% en relación a 2019.
En cuanto al ranking nacional, Canarias, está en el quinto lugar en cuanto a denuncias por ocupación de viviendas. Las mayores incidencias se registran en Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Así las cosas, los populares creen necesario adecuar una mayor protección jurídica a la propiedad privada así como avanzar en medidas para la protección de personas que demandan una vivienda poniendo en orden el parque público y buscando nuevos mecanismos legales para fomentar el alquiler en manos privadas.
