Las Palmas de Gran Canaria.- El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC) que aproveche el varapalo judicial conocido este viernes al respecto de la regulación impulsada del alquiler vacacional “para suspenderla, reconciliarse con la libertad de decisión sobre la propiedad privada y evitar así las probables indemnizaciones que pueden están por venir”.
El concejal popular Ángel Sabroso subraya que el pronunciamiento judicial, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, pone de manifiesto la ilegalidad que representa “la persecución sistemática que el PSOE ha venido ejerciendo sobre la vivienda vacacional en el municipio, única gran ciudad de España que ataca a un sector que genera economía en pymes, autónomos y comercio local como pocos”.
En este sentido, la regulación ideada por el PSOE y Podemos, condiciona a que la vivienda vacacional, en edificios residenciales, esté situada por debajo de la planta de viviendas, nunca por encima o en la misma planta, y a disponer de accesos y salidas a esa vivienda vacacional sin usar escaleras, ascensores o portales de acceso al resto de residencias del edificio en cuestión, “lo que suponía cargarse el 95% de la vivienda vacacional que existe en nuestra capital”, recuerda Sabroso.
“El juez tumba ahora este principio”, explica Sabroso, quien muestra su alegría por el sector de la vivienda vacacional en nuestra ciudad, “dado que la mayoría son pequeños propietarios de una segunda propiedad de la que han hecho su medio de vida, o les genera una renta añadida que diversifica el sector turístico local y redistribuye la riqueza de nuestra principal”, prosigue el edil.
Sabroso muestra su alegría asimismo por la cantidad de sectores asociados que viven del turismo urbano, como es el caso de la hostelería, los taxis, la cultura, el ocio, la restauración, las asesorías, lavanderías “o la pequeña tienda del barrio”, que con esta regulación “sectaria” pierden una gran cantidad de actividad económica.
“Da pena que se tenga que llegar a la justicia para que les dejen trabajar por una norma absurda, justo en medio de la crisis enorme en la que estamos, que impide la actividad y el empleo”, enfatiza el concejal popular, que se pregunta qué hará Augusto Hidalgo (PSOE) si como previsiblemente ocurrirá, porque el fallo deja bien clara esta alternativa, “las personas afectadas empiezan ahora a pedir indemnizaciones al Ayuntamiento por el tiempo que no han podido explotar sus viviendas vacacionales por esta surrealista norma”.
“Se está a tiempo de rectificar, de evitar que el daño vaya a más y de reconciliarse con el empleo, la actividad económica y la libertad individual”, propone Sabroso. Desde el PP lamentan que esta regulación “haya tenido desde el primer momento una finalidad ideológica más que práctica”, a pesar de lo que “no deja de ser paradójico que quien tiene un discurso trasnochado y obsoleto de crítica permanente a todo lo que huele a empresa e iniciativa privada, sea precisamente quien regala la actividad del alquiler vacacional en Las Palmas de Gran Canaria a quien únicamente se puede permitir disponer de un edificio en exclusiva a esta finalidad”, concluye el edil popular.
