El PP pedirá explicaciones sobre la precariedad laboral de 70 trabajadoras que atienden a víctimas de violencia de género en Tenerife

El sindicato USO denunció esta situación a principios de este mes de noviembre, y aseguran que se produce por culpa de los retrasos de los pagos del IASS

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Zaida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo. Manuel Expósito. NOTICIAS 8 ISLAS.
Zaida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo./ Manuel Expósito.

Santa Cruz de Tenerife.- El Partido Popular pedirá explicaciones al gobierno socialista del Cabildo Insular de Tenerife sobre la precariedad laboral de un total de 70 trabajadoras de los Servicios Insulares de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género de Tenerife, situación que se dio a conocer tras una denuncia realizada a principios de este mes de noviembre por el sindicato USO, que señala directamente como responsable de esta circunstancia al retraso en los pagos del Instituto de Atención Socio Sanitaria (IASS), dependiente de la institución insular.

El mencionado sindicato indica que las trabajadoras solo han recibido el 50% de su salario, debido a los problemas que está sufriendo la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, causados por el retraso en los pagos antes mencionados, que se remontan al mes de julio.

La portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Zaida González, preguntará en la Comisión de Presidencia y Acción Social cuál es la situación del contrato y a qué se deben los retrasos en el abono de las cantidades adeudadas a la entidad.

El grupo popular en el Cabildo entiende que esta situación es “de extrema gravedad”, ya que según los datos que ofrece el sindicato de trabajadoras, “estas 70 trabajadoras prestan servicio en once oficinas de Tenerife, en las que se atienden a más de 300 víctimas de violencia de género al día”.

Por eso, Zaida González exige una mayor sensibilidad por parte del gobierno socialista con este tema, y recuerda que en 2008 hubo 47 mujeres asesinadas en España, “un dato escalofriante, que debe traducirse en un compromiso real de todas las administraciones en la toma de decisiones para paliar esta lacra social, entre las que por supuesto se encuentra la de garantizar que los recursos existentes funcionen como es debido”.