Las Palmas de Gran Canaria.- La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha solicitado este jueves «medidas urgentes» al PSOE capitalino para acabar con las ocupaciones ilegales en el municipio, de las que dijo «rompen la convivencia de los barrios y de las comunidades de propietarios donde se producen».
Luzardo ofreció una rueda de prensa en la calle Tauro, en La Isleta, junto a un inmueble ocupado, en la que participaron asimismo Ángel Sabroso, portavoz adjunto, diputados y senadores, que abordaron las líneas fundamentales que la formación política realiza a nivel nacional para luchar contra esta práctica.
La portavoz municipal del PP indicó que el fenómeno de la ocupación ilegal es una «realidad creciente» en el municipio y que «sufren mayoritariamente las clases medias y trabajadoras como vemos en el caso de La Isleta, San Nicolás, San Lorenzo o Jinámar», barrios que padecen una mayor presión por parte de quienes llevan a cabo esta práctica irregular.
«Hay dos grandes víctimas cuando se produce una ocupación ilegal. Por un lado, los propietarios, que se enfrentan a una situación desconocida, desagradable y en la que sienten un total desamparo e impotencia. La segunda gran víctima es la vida del barrio. Más aún cuando se produce en un barrio como La Isleta que tiene un comportamiento casi familiar», añadió.
Luzardo recordó que pueden existir alguna ocupación que se pacífica «a pesar de que igualmente las condenamos», aclaró, «aunque la gran mayoría va a asociada como ocurre en este caso a la ruptura de la convivencia general del barrio, con ruidos, amenazas y escándalos hasta altas horas de la madrugada», continuó.
A nivel local, Luzardo propone tres líneas de trabajo, con medidas policiales, sociales y urbanísticas. En este sentido, la edil explicó que es necesario «un refuerzo de la presencia policial, incluso poniendo en marcha una unidad dentro de la Policía Local especializada en estas situaciones». La edil recuerda que ya existe una unidad específica contra la violencia de género, «a pesar de ser una competencia impropia, pero ahí está y es esencial, por lo que proponemos que haya una unidad que acompañe a los propietarios, dado que deben existir equipos de trabajo y medidas específicas desde la administración local, como un número de teléfono gratuito, en apoyo a estos propietarios».
En cuanto a las medidas sociales, el PP propone que colabore desde el ayuntamiento en el acceso a la vivienda, incrementando las partidas de ayuda al alquiler –incrementando los 1,2 millones actuales y no ejecutadas en su totalidad- o de las ayudas de emergencia para las personas que no puedan afrontar el pago de servicios esenciales como agua y luz. «En definitiva, desplegando una política social activa para evitar que se produzcan situaciones límite con es ocupar una propiedad ajena», agrega.
En cuanto a las medidas urbanísticas, Luzardo destacó la necesidad de hacer más atractiva la renovación de áreas degradadas como es el caso del entorno de la Aceitera Racsa, en la zona de la calle Atindana, también en La Isleta, además de velar porque no se produzca una ocupación del patrimonio propio.
«¿Cómo es posible que el ayuntamiento tenga propiedades municipales ocupadas?», se pregunta la concejal del PP. Es el caso de la Casa Roja, que estaba ocupada ilegalmente, en Las Canteras, lo que llevó a pensar que en ese punto, sin conexión a la red de alcantarillado, podría estar el origen de la contaminación de El Confital. La propia Cueva de los Canarios, patrimonio arqueológico permanentemente ocupado o el local social de Las Tenerías, en el Cono Sur, también ocupado.
Proposición no de ley sobre la ocupación ilegal
Por su parte, el diputado por la provincia de Las Palmas Guillermo Mariscal, abordó el contenido de la iniciativa popular registrada por el Partido Popular para luchar contra el ocupación ilegal, que recoge la posibilidad de desalojar a los ocupantes en un máximo de 12 horas tras la denuncia; la recuperación de penas ( de 1 a 3 años) por la ocupación de inmuebles; la imposibilidad de empadronarse; que las comunidades de propietarios puedan pedir el desalojo a las autoridades judiciales o policiales y que las personas jurídicas tengan la capacidad de iniciar el procedimiento de lanzamiento de los ocupantes.
