Las Palmas de Gran Canaria.- La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, y el concejal Ángel Sabroso, han denunciado este jueves la expansión del fenómeno de la ocupación ilegal en la capital grancanaria, tras comunicar que en dos semanas los vecinos del barrio de La Isleta han reportado hasta siete calles con casas o edificios ocupados ilegalmente.
“Nos referimos únicamente a un barrio de los 120 que hay en la ciudad”, ha explicado la portavoz del Partido Popular Pepa Luzardo, quien explicó que el motivo de la denuncia pública era alertar “de la apatía del gobierno, ya que la izquierda en nuestro municipio consiente, cuando no promueve, estas situaciones”, afirmó en referencia a Podemos.
Los últimos datos ofrecidos por el gobierno municipal no se ajustan a la realidad actual de este fenómeno. En diciembre de 2020 éste cifró en 29 las casas ocupadas ilegalmente en todo el municipio “y hemos de decir que solo en La Isleta los vecinos nos han comunicado que hay propiedades con ‘okupas’ en la calle Temisas, Andamana, Anzofé, Coronel Rocha, Fontanales, Prudencio Morales, Tanausú y Tauro”.
Esto significa que solo en La Isleta hay ocho puntos actualmente ocupados, lo que representaría casi el 30% del total de las ocupaciones que dice existir en la ciudad el grupo de gobierno. “Esto significa que o bien el dato es incorrecto o que La Isleta tiene una tasa inusualmente alta de estas prácticas irregulares”, asevera la popular.
Además el gobierno municipal habla específicamente de casas abandonadas cuando esta realidad es incierta. “Primero porque no solo son casas, sino en algunos casos edificios completos. Y otra porque no son solo propiedades abandonadas, como hemos visto recientemente en la calle Isla de Cuba, donde se ocupó un edificio de apartamentos”.
A este respecto, el concejal Ángel Sabroso indicó que Los ‘okupas’ entraron hace apenas dos semanas en un edificio de la calle Isla de Cuba, en el Puerto, y tras reventar la puerta de un edificio de apartamentos en rehabilitación se hicieron con las llaves de todas las viviendas con el fin de venderlas a 400 euros.
“Es evidente que no solo la cantidad, sino el ‘modus operandi’ de estas personas está modificándose”, subrayó Sabroso, quien citó entre otros casos recientes de ocupaciones que han trascendido de forma pública el antiguo edificio de La Madrileña, de donde se desalojaron a casi dos decenas de personas. “Se trata de una propiedad municipal, aún más grave, como también lo es el local de Las Tenerías, en San José, el local de Las Alcaravaneras en los bajos de la Avenida Marítima o la Casa Roja en Las Canteras”.
Este mismo miércoles la Asociación de Vecinos Barriada de Chile y Guanarteme denunció un intento de ocupación en la calle Almansa y en diciembre también se produjo una ocupación con incendio y destrucción de una propiedad en la calle Doctor Miguel Rosas, en la trasera de Las Canteras. “Nos han reportado casos de ocupaciones ilegales en la calle Suárez Naranjo, en Arenales, además de en San Juan, Tamaraceite o San Lorenzo. Es un fenómeno que no hace distingos y que padecen todos los barrios de la capital grancanaria”, añadió Sabroso.
Los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior hablan de un incremento de la ocupación en Gran Canaria de un 56,4% en el primer semestre de 2020, dato que se puede extrapolar a la capital grancanaria. “En definitiva, que hablar de 29 casas ocupadas – como afirma el alcalde- es dar un dato claramente insuficiente acerca de esta realidad”, añadió Luzardo.
Propuestas del Partido Popular: la oficina anti-ocupa
En cuanto a la parte propositiva, el PP municipal destacó la necesidad de desplegar una política social activa para evitar que se produzcan situaciones límite con es ocupar una propiedad ajena, además de implementar medidas urbanísticas, ante la necesidad de hacer más atractiva la renovación de áreas degradadas como es el caso del entorno de la Aceitera Racsa.
Asimismo la generación de una oficina ‘anti-okupa’ a donde puedan acudir los afectados por la ocupación de una propiedad, una unidad específica de la Policía Local, además de la posibilidad de desalojar a los ocupantes en un máximo de 12 horas tras la denuncia, tal y como ha defendido el PP a nivel nacional
Por último, el PP defiende la recuperación de penas ( de 1 a 3 años) por la ocupación de inmuebles; la imposibilidad de empadronarse en las viviendas ocupadas; que las comunidades de propietarios puedan pedir el desalojo a las autoridades judiciales o policiales y que las personas jurídicas tengan la capacidad de iniciar el procedimiento de lanzamiento de los ocupantes.
