Sumario:
- El PP exige al Cabildo que garantice la seguridad de los usuarios de la TF-342.
- El PP de Puerto de la Cruz se opone al traslado de las víctimas portuenses a los juzgados de Santa Cruz.
El PP exige al Cabildo que garantice la seguridad de los usuarios de la TF-342
El consejero del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, anuncia que preguntará al responsable de Carreteras de la institución insular, durante la celebración de la Comisión Plenaria de Movilidad, sobre los motivos por los que el Cabildo paralizó las actuaciones en el tramo de la carretera TF-342 afectado por el temporal de febrero de 2020.
Fernández recuerda que en la mencionada fecha, las condiciones meteorológicas adversas ocasionaron, entre otros incidentes, la caída de algunos árboles de la ladera de la TF-342, a su paso por el municipio de Los Realejos.
“En ese momento- aclara el consejero Popular- el Cabildo realizó una actuación para solventar las consecuencias de este hecho, pero sin embargo, nunca llegó a aplicar medidas de seguridad en todo el tramo afectado”.
Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta que es responsabilidad del Cabildo garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía, el Partido Popular preguntará por los motivos por los que esta actuación no cubrió toda la zona afectada, “tal y como nos han transmitido los vecinos de la zona y usuarios de la vía”, resalta Fernández.
Durante una visita a la zona, Fernández pudo comprobar, junto a los concejales del Ayuntamiento de Los Realejos, Laura Lima y Alexis Hernández, “la preocupante situación en la que se encuentra la ladera junto a esta carretera a su paso por Los Realejos”, y se pregunta “cuáles son los motivos para que se produzca el abandono y el castigo al que el Cabildo ha sometido al mencionado municipio”, indicando que “todos recordamos la persecución del Cabildo al Ayuntamiento de Los Realejos con el tema del muro de La Montaña, que finalmente acabó con un juez dando la razón al consistorio realejero”.
La carretera TF-342 es una vía muy transitada, de gran importancia para la movilidad en la zona Norte de la Isla, ya que conecta los municipios de Los Realejos, San Juan de La Rambla, La Guancha e Icod de Los Vinos.
Manuel Fernández incide en que “la movilidad es uno de los principales problemas que padece la ciudadanía tinerfeña en la actualidad, con muchos puntos en la Isla que están en un permanente colapso”, a lo que agrega que “la desidia del gobierno insular en materia de carreteras es un lastre que empeora la situación de la movilidad, y por lo tanto, acarrea consecuencias negativas para los usuarios de las mismas, no solo desde el punto de vista de la fluidez del tráfico, sino además, y como vemos en este caso, en cuanto a la seguridad de los vehículos y conductores”.
Para Fernández, “el problema de liderazgo que tiene el Cabildo de Tenerife alcanza a todos los ámbitos de actuación de la institución insular, que en el pasado fue referente en la Isla, y que en la actualidad, no hace más que perder credibilidad, olvidando su papel de ente que promueve la cohesión, tanto social como territorial”.
El PP de Puerto de la Cruz se opone al traslado de las víctimas portuenses a los juzgados de Santa Cruz
Los populares portuenses se oponen rotundamente al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 31 de marzo, que ha propuesto al Ministerio de Justicia que los asuntos relativos a la violencia sobre la mujer acaecidos o con víctimas con domicilio en Puerto de la Cruz sean conocidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, es decir, los que se encuentran ubicados en el Palacio de Justicia en la Avenida Tres de Mayo de dicha ciudad.
Ello, consideran, va totalmente en contra de los intereses de la ciudadanía y, en especial, de las mujeres víctimas de violencia sobre ellas, ya que parece evidente que se perjudicará notablemente a las que deberán trasladarse hasta Santa Cruz de Tenerife, para estar a primera hora, debiendo soportar, no sólo las enormes retenciones de la autopista TF-5, sino también, en muchos de los casos, tener que buscar medios para desplazarse hasta unos Juzgados que, además de no caracterizarse por tener los mejores medios para ofrecer a las víctimas, y se verán absolutamente sobrecargados de trabajo, ya que también se ha propuesto que conozcan de los asuntos de los Partidos Judiciales de San Cristóbal de La Laguna y Güímar, además de los que ya tienen del suyo propio.
Además, desde el Partido Popular en el Puerto de la Cruz se afirma que esta medida, en lugar de contribuir a disminuir la afectación psicológica, supondrá una carga mayor que se le va a imponer a quien ya de por sí tiene serias dificultades para denunciar. Esto supondría empeorar la doble victimización (también conocida como victimización secundaria), ya que no es únicamente el handicap del desplazamiento, sino que alejaría a las víctimas de aquellas instituciones que podrían prestarle apoyo, tales como los Servicios Sociales municipales o, incluso, policiales.
A su vez, para el presidente de los populares en la ciudad turística, Ángel Montañés, «resulta ciertamente grave que la medida más drástica para las mujeres en lo que va de mandato haya sido desconocida por la responsable de la mujer del Ayuntamiento, más preocupada por gastarse el dinero de los portuenses en camisetas violetas, que por políticas verdaderamente importante para las mujeres». Por esa razón, el Partido Popular ha formulado una propuesta para que el Ayuntamiento portuense inste al CGPJ a reconsiderar su postura, así como comunicar su firme oposición a esta medida al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como al Gobierno de Canarias.
Por último, desde el Partido Popular se recuerda que no se ha tenido en cuenta que el Partido Judicial de La Orotava cuenta con un Juzgado especializado que, si bien no es de competencia exclusiva, sí que la tiene para atender a las víctimas de violencia sobre la mujer desde San Juan de La Rambla hasta La Matanza de Acentejo, por lo que no parece ni razonable, ni coherente que las de Puerto de la Cruz en lugar de ser atendidas en La Orotava, por ejemplo, tengan que desplazarse para ello hasta Santa Cruz de Tenerife.
