Las Palmas de Gran Canaria.- El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado hoy, martes 26 de noviembre, por medio de su portavoz Pepa Luzardo, que se termine de inmediato con la discriminación que están padeciendo muchas familias que habitan en viviendas públicas en Las Palmas de Gran Canaria a las que se les están remitiendo recibos de alquiler con una cuota muy superior a lo que se debería.
Esta preocupante situación se está produciendo en muchas de las viviendas cuyo arrendamiento gestiona VISOCAN, ente instrumental del Gobierno de Canarias que está remitiendo recibos mensuales a centenares de familias en barrios como Ciudad del Campo, donde hay 7 edificios con este problema, por importes que superan los 600 euros mensuales.
«La Ley Canaria de Vivienda es muy clara al respecto», explica Luzardo. «En viviendas de protección pública para alquiler, la cuota mensual a abonar por los inquilinos en situación social de vulnerabilidad nunca puede ser superior al 12% de los ingresos de la unidad familiar. Intentar cobrar por un alquiler social en Ciudad del Campo más de 450 euros por la vivienda o más de 100 euros por una plaza de garaje no tiene nada de política social», declaró la portavoz popular. «Todas las viviendas que gestionan VISOCAN deben tener el mismo tratamiento de régimen público para alquiler social y terminar con las discriminaciones que actualmente se están produciendo».
«Además del giro de recibos de forma mensual con cantidades supuestamente sociales que son desorbitadas, lo que está generando una enorme intranquilidad a esas familias, a estos inquilinos se les está cobrando por el IBI, imposición de la Ley de Vivienda de Canarias cuando es un tributo que en todo arrendamiento abona generalmente el propietario del inmueble, y por una cuota de mantenimiento de las viviendas, cuando las labores de mantenimiento brillan por su ausencia», detalló Luzardo.
Para los populares, las condiciones para acceder a subvenciones de alquiler en las propias viviendas públicas del Gobierno de Canarias tienen que ser revisadas. «No puede ser que una familia sin recursos que ha sido adjudicataria de una vivienda en régimen de alquiler, empiece a recibir cartas de pago por más de 600 euros por no haber tenido recursos para pagar la cuota de la comunidad del edificio. Eso es lo que está pasando en Ciudad del Campo y las familias están muy preocupadas», explica la portavoz del principal partido de la oposición municipal «Hace falta un pronunciamiento claro del Ayuntamiento en defensa de estas familias».
Del mismo modo, los populares solicitarán que se entreguen de una vez las escrituras de propiedad de los miles de viviendas públicas que hay en Las Palmas de Gran Canaria amortizadas por sus adjudicatarios desde hace años. «Barrios como Jinámar, Casablanca III, Lomo los Frailes, Hostelería, Las Torres, Los Granjeros I, II, III, IV (El Lasso), Las Majadillas o Tamaraceite, entre otros, tienen aún miles de viviendas públicas que ya han terminado de ser adquiridas por sus adjudicatarios sin que se les haya entrado sus escrituras de propiedad, algo que en pleno siglo XXI debe corregirse de una vez», sentenció Luzardo.
