Las Palmas de Gran Canaria.- La concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera, ha revelado este lunes que tanto el centro de acogida de El Lasso, en el Cono Sur, como el CIS La Isleta, que prestan servicio de alojamiento para personas en situación de calle, carecen de seguridad privada, lo que ha provocado la denuncia de los propios trabajadores, que se sienten desprotegidos.
«La situación es muy delicada porque algunos de los usuarios de estas instalaciones municipales, donde además de alojamiento, estas personas se duchan, comen o lavan la ropa, cuentan con antecedentes penales», ha recordado Viera, quien señala a la falta de pagos a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad como el origen del problema.
«La deuda con SH Lanzarote es de casi 300.000 euros, una cantidad inasumible para casi cualquier empresa», ha explicado la edil del PP, quien subraya que esta situación ha motivado que durante la mayor del día no haya seguridad física en los centros, que permanecen con las puertas abiertas. Viera ha estudiado el expediente completo del contrato, en situación de nulidad, como también lo están otros grandes contratos como el de Limpieza Viaria o Mantenimiento de Calzadas, Aceras y Muros.
«La gestión municipal del PSOE, Podemos y Nueva Canarias hace aguas y es imposible de ocultar. Se expone la seguridad tanto de los trabajadores de estos dos centros como del resto de usuarios, en caso de que alguna persona tenga un episodio violento o no respete las normas de los centros de acogida», indica la edil del PP.
«Lo más grave», continúa Viera, «es que en vez de pagar las deudas con la empresa de seguridad, que lleva meses sin cobrar, el Ayuntamiento ha optado por contratar un servicio itinerante de patrullas en coche, que tampoco se estará abonando, imaginamos. Es decir, que mientras no se paga a una empresa, se engrosa la deuda con otra. Sencillamente impresentable», añade.
Viera recalca la delicada situación de los servicios sociales, lo que demuestra además de la falta de seguridad en los centros de acogida, la «bajísima» utilización de la Fábrica de La Isleta, centro que lleva casi cuatro años en reformas y que ha abierto para alojar únicamente a tres empleados: un trabajador social, un vigilante de seguridad y una persona de limpieza.
«La que iba a ser la gran instalación para atender a las cada vez más personas sin hogar del municipio ha quedado en nada. Un edificio vacío, cuyos trabajadores no tienen tóner para imprimir las cartas de derivación a las entidades de reparto de alimentos», enfatiza. Y es que el personal de los servicios sociales también ha denunciado que el vencimiento del contrato está provocando que no tengan tóner para poder imprimir, «una realidad kafkiana que demuestra el nivel de pasotismo de quien gestiona y administra la ciudad», concluye.
