Santa Cruz de Tenerife.- El portavoz del Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha mostrado sus reservas a que el gobierno estatal, tal y como ha anunciado, habilite las antiguas instalaciones de la prisión Tenerife I para la ubicación de mujeres inmigrantes irregulares.
El portavoz de los Populares santacruceros pone de relieve que “la inmigración es buena para la ciudad, siempre que sea ordenada y legal”, y en relación al anuncio del gobierno central socialista indica que “Santa Cruz de Tenerife ha sido históricamente solidario”, y como ejemplo de esto recuerda que “en un momento de gran afluencia de inmigrantes irregulares a Canarias se hizo necesaria la construcción de alojamientos diferentes a los centros penitenciarios para cumplir con la normativa europea que indicaba que debían estar confinados durante un periodo de tiempo determinado”.
Díaz Guerra señala que “en 2002, el gobierno estatal ya manifestó su intención de reconvertir el centro penitenciario Tenerife I en un centro para inmigrantes, pero un acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital tinerfeña y el Cabildo Insular propició la puesta a disposición del Estado de los terrenos donde hoy se ubica el CIE de Hoya Fría para ese fin”.
“Esta reapertura para mujeres inmigrantes irregulares, puede estar encubriendo que la verdadera intención sea convertirlo en un nuevo CIE en el centro de la ciudad. De encontrarnos ante esa política, hay que recordar que ya fue rechazada en el pasado por los que gobiernan actualmente en el Cabildo de Tenerife (en 2016 el Partido Socialista que ahora gobierna pidió cerrar los CIES) y por un amplio sector de la ciudadanía, por lo que nos sorprende aún más que ahora lo vean con buenos ojos”.
“Hoy, de nuevo, se pone sobre la mesa la posibilidad de convertir Tenerife I, ubicado en el corazón de Santa Cruz, en un centro de acogida, para mujeres inmigrantes, que ya tienen ubicación en el CIE actual, pero el verdadero problema es la incapacidad del gobierno de España de darle una solución a la situación de la inmigración”, señala Díaz Guerra, que considera que “en vez de parchear, lo que el gobierno debería hacer es poner todos sus esfuerzos en buscar soluciones de verdad en un trabajo coordinado con los países emisores, además de garantizar la calidad de vida de los inmigrantes que están en Canarias hasta el momento de su repatriación, conforme a la ley, poniendo por delante que el gobierno debe preocuparse de tratar esta cuestión con la dignidad que merece, ya que hablamos de personas que tras los 60 días de reclusión se quedan, generalmente, en una situación de desamparo”.
En esta misma línea, el portavoz Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife señala que “el fracaso de la política exterior del gobierno socialista está generando la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas, con resultado dramático para sus protagonistas en muchas ocasiones”.
Por este motivo, “exigimos que el gobierno central inicie conversaciones con las instituciones canarias para ampliar y mejorar los CIES existentes en las islas, que busque nuevas ubicaciones ante la insuficiencia de las existentes y que descarte definitivamente el uso del antiguo centro penitenciario localizado en el centro de la ciudad para tal fin”.
Díaz Guerra recuerda que “en la actualidad, la mayor parte de los inmigrantes irregulares llegan a las costas de la provincia de Las Palmas, y acaban siendo trasladados a Tenerife, ante el cierre del CIE de Fuerteventura y la escasa operatividad del de Gran Canaria”, pero afirma el portavoz Popular que “la situación en Tenerife se complica, ya que cuando por problemas burocráticos no pueden ser repatriados en 60 días, tal y como establece la ley, son puestos en libertad en la vía pública sin papeles, sin posibilidades y sin recursos, situación devastadora para estos hombres y mujeres.”
Cabe recordar que el antiguo centro penitenciario Tenerife I está ubicado junto al CIS Mercedes Pinto y que, a pesar de estar ubicado en Santa Cruz, se trata de un inmueble que pertenece a Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior. Con el cierre de Tenerife I y la construcción de Tenerife II en El Rosario, la antigua prisión se transformó en un centro de régimen abierto para convictos. También albergó la llamada ‘Unidad de Madres’, previendo la necesidad de crear un espacio para convictas embarazadas o con hijos para que cumplieran su condena en un espacio más amable y similar a un hogar. “No parece justificado, por los recursos económicos y humanos que implica la reapertura de este centro, que su fin sea albergar únicamente a mujeres, y todo apunta a que el verdadero objetivo es emplearlo como CIE en todos sus términos” comentó el portavoz popular, que concluye que “desconfiamos de las verdaderas intenciones de este gobierno”.
