Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Zaida González, anunció ayer, durante la Comisión previa al Pleno extraordinario de este viernes, que los Populares votarán a favor de la modificación de la ordenanza insular, que permitirá el abono de ayudas directas a pymes, autónomos o familias vulnerables, a pesar de que se tengan deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
Esta es una medida “que llevamos reclamando desde el inicio de la crisis económica provocada por la pandemia, ya que lógicamente, si nos imponían la obligatoriedad de cerrar los negocios y sin posibilidad de obtener ingresos, iba a ser difícil que los autónomos tuvieran la posibilidad de abonar impuestos y tasas relacionados con su actividad empresarial”.
“Casi un año y medio después- recalca la portavoz Popular- nos alegramos de que por fin el Cabildo haya accedido a la petición unánime de los grupos de la oposición de eliminar de las bases de las ayudas el requisito de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias, en el caso de que estas deudas se hubieran generado a raíz de la pandemia y el confinamiento”.
Sin embargo, asegura González, “nos tememos que, a pesar de la modificación de la ordenanza, las ayudas no llegarán a los bolsillos de los solicitantes, puesto que previsiblemente, las cantidades que se abonen serán embargadas por Hacienda o por la Seguridad Social”, con lo cual, “las ayudas no cumplirían con el principal objetivo con el que nacen, que es ayudar a las personas más vulnerables y contribuir a fortalecer el tejido productivo de Tenerife, además de evitar, en la medida de lo posible, la destrucción de empresas, como consecuencia de la crisis que estamos atravesando”.
La portavoz Popular concluye que “con esta modificación de la ordenanza, el Cabildo no hace otra cosa que quedarse a medias: estamos ante otra noticia humo, porque a pesar del esfuerzo de los funcionarios para hacer realidad esta medida, el efecto objetivo es que las ayudas servirán para pagar los intereses de las deudas adquiridas por los beneficiarios con Hacienda y con la Seguridad Social, por lo que entendemos que es prioritario y fundamental que el Cabildo se implique a la hora de exigirle al gobierno del Estado, sustentado por Partido Socialista y Podemos, que modifique la normativa estatal permitiendo que se evite el embargo de las deudas de las cuentas bancarias durante este periodo de crisis, en el caso de que la deuda se haya adquirido a partir del 1 de marzo de 2020”.
