SUMARIOS:
- Canarias activa un plan de choque para reforzar la atención inmediata a los menores migrantes.
- El Gobierno fija el límite de gasto en 11.604 millones de euros para 2025.
- El Gobierno aprueba el proyecto de decreto ley de modificación urgente de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera.
- El Gobierno amplía hasta 31 de diciembre el plazo para la inscripción en el Registro de afectados erupción La Palma.
Canarias activa un plan de choque para reforzar la atención inmediata a los menores migrantes
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles un plan de choque para reforzar la atención inmediata a los menores migrantes no acompañados. El acuerdo, adoptado al amparo de la declaración de emergencia migratoria decretada el 1 de agosto de 2023, supone la incorporación urgente de 39 trabajadores a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
Esta medida tiene como objetivo acelerar la tramitación de los expedientes correspondientes a los más de 5.500 niños y niñas migrantes que Canarias acoge en la actualidad, además de preparar el sistema de atención para la llegada de nuevos menores prevista en los próximos meses. Para ello, el departamento dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias contará con 19 trabajadores sociales y 20 administrativos más.
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno declara “el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias” lo que determina la “necesidad de incorporar profesionales de trabajo social y administrativos para dar respuesta, entre otros, a la tramitación de documentación, comunicaciones a la fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, traslado a la península u otros territorios de la Unión Europea o protección internacional”.
Con el fin de agilizar la tramitación de todos estos expedientes administrativos y reforzar la atención a los menores migrantes, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias contará con carácter temporal con 39 funcionarios interinos destinados a la ejecución del programa de choque que se desarrollará en lo que resta de año y durante todo 2025. El acuerdo adoptado este miércoles por el Consejo de Gobierno cuantifica en 2,2 millones de euros el coste de este plan extraordinario: 582.000 euros desde agosto a diciembre de 2024 y 1,2 millones para el próximo ejercicio presupuestario.
El artículo 57.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, establece que no se podrán realizar nombramientos de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal y sustituto, “salvo en casos excepcionales y para atender necesidades urgentes e inaplazables debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria, con objeto de garantizar la prestación de los servicios a la ciudadanía y el funcionamiento de la Administración”.
Además, el Consejo de Gobierno adopta este acuerdo amparado por el apartado 2.c) del citado artículo que especifica que “el nombramiento de personal funcionario interino podrá tener lugar para la ejecución de programas de carácter temporal que tengan por finalidad hacer frente a siniestros o catástrofes, o a situaciones críticas de carácter social o sanitario, así como a otras situaciones que no puedan ser atendidas con los recursos ordinarios y que el Gobierno, mediante acuerdo, declare de carácter excepcional”.
En la actualidad, la comunidad autónoma acoge en solitario más de 5.500 menores migrantes no acompañados distribuidos en 80 dispositivos, la mayoría de ellos abiertos con urgencia gracias a la declaración de emergencia migratoria decretada por el Gobierno de Canarias el 1 de agosto del año pasado.
El Gobierno fija el límite de gasto en 11.604 millones de euros para 2025
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, establecer el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025 en 11.604,26 millones de euros. Esta cifra supone 302,89 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2024, lo que representa un crecimiento del 2,68%.
Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto.
Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto
El límite de gasto no financiero lo marca la regla del gasto, cuya aplicación conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 417,77 millones de euros para 2025 y un saldo estructural positivo de 496,8 millones de euros.
En consecuencia, un total de 439,34 millones, provenientes de mayores recursos del SFA y de otros ingresos no financieros de 2025 respecto al inicial de 2024, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar a financiar las necesidades básicas de los canarios o bajar impuestos.
Por ello, ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, desde la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, se ve necesario que las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias apoyen la propuesta de disposición legal para las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de Canarias, que propone que el incumplimiento de la regla de gasto, no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la LOEPSF, siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta de disposición del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea.
Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta
El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
En este sentido, y en cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria, se han tomado las magnitudes acordadas en el Consejo de Ministros de 16 de julio de este año que establecía los siguientes parámetros, sin perjuicio de su provisionalidad ya que han sido rechazados por el Congreso de los Diputados:
Año 2025
- Administración Central: -2,2
- Comunidades Autónomas: -0,1
- Corporaciones Locales: 0,0
- Seguridad Social: -0,2
- TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: -2,5
Ese mismo Consejo de Ministros se fijó el objetivo de deuda pública para las comunidades autónomas en 20,8% del PIB para 2025.
En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,2% para 2025.
Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el Ministerio de Hacienda comunicó el pasado 29 de julio un importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2025 por valor de 6.594.025.860 euros, y la previsión de la liquidación definitiva para el año 2023 por 986.265.670 euros. En total, la cantidad del SFA por sendos conceptos se cifra en 7.580.291.530 euros. Esto significa que Canarias va a recibir 202,1 millones de euros más del Sistema de Financiación Autonómico, lo que representa un crecimiento de 2,7% respecto a este año.
En definitiva, todas estas variables analizadas, han llevado a fijar este límite de gasto no financiero, que permite al Gobierno de Canarias iniciar en septiembre la elaboración del presupuesto de 2025 para su posterior tramitación parlamentaria.
El Gobierno aprueba el proyecto de decreto ley de modificación urgente de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera
El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, la aprobación del proyecto de decreto ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de Mayo, de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias.
Se trata de una iniciativa que pretende adecuar el sistema normativo a las nuevas directrices de Europa, sin menoscabar la capacidad de carga del archipiélago, todo ello bajo parámetros de eficiencia, para promover la protección y conservación del medio canario, un territorio fragmentado y sensible.
Esta modificación permitirá incluso el desarrollo de normativas de inferior rango que, bajo criterios objetivos de sostenibilidad, control de calidad del aire, de capacidad de carga del territorio y de organización del tráfico, va a capacitar a los cabildos a regular su operativa.
Esta iniciativa será remitida al Parlamento de Canarias, una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias, para su convalidación o derogación.
El Gobierno amplía hasta 31 de diciembre el plazo para la inscripción en el Registro de afectados erupción La Palma
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se amplía, con carácter excepcional, el plazo de presentación de las solicitudes de inscripción en el Registro de personas afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma hasta el 31 de diciembre de 2024.
El Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por la erupción volcánica, creó el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma con la finalidad de tramitar las ayudas con mayor eficacia, eficiencia y celeridad. Después de la modificación llevada a cabo por el Decreto ley 8/2022, de 23 de junio, el plazo de presentación de las solicitudes de inscripción se amplió en 2022.
El decreto expone que dado que, por diversas razones no imputables a la Administración, no han podido incorporarse al mencionado Registro la totalidad de las personas afectadas, se hace necesario, con carácter excepcional, ampliar el plazo fijado, en uso de la autorización concedida en el apartado 1 del artículo 9 del citado Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre y fijar un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2024. Las solicitudes se realizarán mediante modelo normalizado disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias www.gobiernodecanarias.org/principal/
Unidad temporal de gestión
Además, el Consejo de Gobierno ha acordado los puestos indispensables para la puesta en funcionamiento inicial de la unidad temporal de gestión para la recuperación social y económica de La Palma, con la asignación de créditos para el coste de personal, que de junio a diciembre asciende a 206.535 euros.
En este sentido, se presupuestan siete puestos del área económica administrativa, que van desde jefaturas a plazas de auxiliares.
