Sumario:
- Quintero (CC) insiste en proponer una bonificación de 20 céntimos al combustible en las islas verdes.
- Beato (CC): “Es incomprensible que el Gobierno se conforme con un traspaso de costas como el de Andalucía, de 2011”.
- Cabrera (CC) consigue que la mayoría del Parlamento vote en contra de la Declaración de Interés Insular del Dreamland Studios.
- Unanimidad en el Parlamento en impulsar medidas que mejoren las condiciones laborales de las Kellys a instancia de Jana González (CC).
- El PSOE apoya el proyecto Dreamland para Fuerteventura, pero en una ubicación distinta a la propuesta inicial.
- Hernández (NC) abordará el reto del acceso a la vivienda en Canarias como un asunto de primer orden.
- Espino (Grupo Mixto) propone eliminar el impuesto canario al combustible y le recuerda al Gobierno que el pasado año recaudó 569 millones por encima de lo previsto.
- CS confía en que las nuevas pruebas de acceso a la universidad garanticen la igualdad en la incorporación a la Educación Superior.
Quintero (CC) insiste en proponer una bonificación de 20 céntimos al combustible en las islas verdes
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha vuelto a insistir en proponer una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en las Islas Verdes, “en las que la economía familiar y empresarial se está viendo muy afectadas por la incidencia de la inflación”.
Esta cantidad es comparable con la medida que impulsó el Gobierno de España a finales del año pasado. En este sentido, “¿por qué no puede hacerlo el Gobierno de Canarias con las islas en las que la falta de competencia y consumo no permiten abaratar los precios?”, se preguntó.
Ya la Ley 5/1986 establecía los impuestos por tipo de combustible y facultaba al Gobierno de modificarlos, “incluso por islas”, explicó.
No hay manera con este Gobierno, “que, además, bloqueó la posibilidad de debatir la PPL 10 presentada por el Grupo Nacionalista porque suponía un agujero para las arcas públicas de 11,2 millones de euros”.
Para CC-PNC-AHI “es sorprendente que con la mayor recaudación y con la baja ejecución presupuestaria que hemos confirmado estos días, no haya 11,2 millones de euros para destinar a este fin”, lamentó Quintero.
Si bien es sorprendente que PSOE, Nueva Canarias y Podemos votaran en contra de esta medida, “resulta incomprensible que la Agrupación Socialista Gomera lo haya hecho, manteniendo el agravio comparativo de su isla con el resto”, añadió.
Beato (CC): “Es incomprensible que el Gobierno se conforme con un traspaso de costas como el de Andalucía, de 2011”
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, ha denunciado hoy en el Parlamento que el Gobierno de Canarias “se conforma” con recibir un traspaso de costas similar al de Cataluña y Andalucía, Real Decreto este último que data de hace 12 años”.
Después de tres año y medio “nos preguntamos dónde ha estado el trabajo serio, la respuesta adecuada a las demandas que se piden desde las Islas, cuando copiamos un texto para una realidad totalmente distinta”, afirmó.
“No podemos encontrar semejanzas entre ambos territorios, partiendo de la base que Andalucía tiene aproximadamente la mitad de costa que las Islas, para cuya gestión dispone de muchos más recursos de Canarias”, añadió.
La diputada apuntó, además, que “12 años después, para Canarias, la valoración del coste efectivo anual de las funciones y servicios que se traspasan es de 592.793,15 euros; para Andalucía, por ese mismo concepto la valoración ascendió entonces, a 2.476.177,2Euros”.
Hablan de éxito y de acuerdo histórico y el Gobierno de Canarias ha conseguido una valoración del 25% respecto a la de Andalucía: “Recibimos la tercera parte de los vehículos, solo 7 frente a los 21 que recibió Andalucía.; nos ceden la tercera parte del personal, tan solo 20 efectivos cuando Andalucía recibió 62”, enumeró Beato.
Canarias no puede compararse con Andalucía o Cataluña, “somos un Archipiélago Atlántico con un ámbito territorial definido por el mar, las islas y los islotes, por lo que estas competencias tienen que ser contextualizadas a nuestra condición”.
Además desde el Grupo Nacionalista se exige trabajo al Gobierno, “que el pasado 27 de julio, cuando se firmó el acuerdo, el presidente Torres anunció, 25 efectivos propios nuevos que se irían incorporando a la Comunidad autónoma desde enero de este año, “y todavía estamos esperando”.
Cabe destacar que también desde esa fecha anunciaron la creación de una comisión técnica para analizar los expedientes en materia de Costas, la modificación del Reglamento orgánico de su consejería, con el preceptivo decreto del Presidente, y tampoco se ha convocado la Comisión bipartita Canarias-Estado en materia de inversiones en obras de interés general que tenía que constituirse antes de la fecha de efectividad del acuerdo, el 1 de enero.
Para Socorro Beato el asunto de los expedientes es clave, y no sabemos exactamente qué pasos ha dado la Consejería de Transición Ecológica o el Gobierno de Canarias y cuáles son los expedientes recibidos, si ha habido alguno.
“Dejando en el limbo la resolución de uno de los asuntos más importantes que afecta de manera directa al turismo como es la situación de los Hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura”, concluyó.
Cabrera (CC) consigue que la mayoría del Parlamento vote en contra de la Declaración de Interés Insular del Dreamland Studios
El diputado de CC por Fuerteventura, Mario Cabrera, y sus compañeras de grupo, Nereida Calero y Jana González Alonso, celebran la aprobación de la Proposición No de Ley sobre la Declaración de Interés Insular del proyecto Dreamland Studios, que fue presentada con la firma y apoyo del grupo parlamentario Popular y del grupo parlamentario SíPodemos ante el Pleno de la Cámara.
“La sociedad de Fuerteventura está hoy de enhorabuena porque gracias a la presión popular y a esta PNL, hemos conseguido entre todos deshacer un sinsentido”, ha manifestado Mario Cabrera. “Nos hemos unido para mostrar nuestra posición en contra a la Declaración de Interés Insular del proyecto Dreamland Studios por ubicarse en suelo rústico común, ZC-SRC, aislado, en un suelo virgen, sin conexión de suministros ni servicios, no antropizado y contrario a su protección como zona tampón de la Reserva de la Biosfera, junto a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Dunas de Corralejo e Islas de Lobos, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Corralejo y el Parque Natural Corralejo.
Gracias a la aprobación de esta PNL, se podrá iniciar la revisión normativa de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en especial, el procedimiento de Declaración de Interés Insular y Autonómico de proyectos de iniciativa privada al objeto de incorporar el reparto de beneficios que genera la reclasificación de suelos por los nuevos derechos urbanísticos adquiridos, mediante cesiones de suelo para uso público, las compensaciones económicas correspondientes por los aprovechamientos urbanísticos adquiridos tanto a los territorios afectados, como al Cabildo Insular, y equivalente, como mínimo, a la revalorización del suelo.
Asimismo, se solicitará a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial la emisión del Informe de afección ambiental y biodiversidad del proyecto Dreamland Studios y la realización de un estudio de impacto ambiental alternativo al presentado por el promotor bajo los principios de prudencia y desarrollo sostenible.
“El Psoe de Fuerteventura se ha retratado como un partido que se repliega a políticas que no responden al interés general”, considera Cabrera, que asegura que “con la aprobación de esta PNL seguimos con rumbo firme hacia la idea que defiende Fuerteventura: a favor de proyectos como el Dreamland pero nunca en el suelo propuesto en el entorno de las Dunas de Corralejo”.
Desde el Grupo Nacionalista Canario “lo hemos tenido claro desde un principio, hemos conseguido aprobar mociones en todos los ayuntamientos de Fuerteventura mostrando la oposición a esta ubicación”, ha manifestado Lola García por su parte.
La portavoz de Coalición Canaria en la isla, ex-vicepresidenta y candidata al Cabildo de Fuerteventura, ha querido estar presente hoy en Tenerife apoyando a sus compañeros, en nombre de todas las instituciones de la isla que han hecho su trabajo y de todos esos colectivos y personas preocupadas por el futuro de este proyecto y sus consecuencias.
Unanimidad en el Parlamento en impulsar medidas que mejoren las condiciones laborales de las Kellys a instancia de Jana González (CC)
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad, una serie de medidas urgentes, propuestas por la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Jana González, en una Proposición No de Ley (PNL), para pedir medidas específicas que mejoren las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico y hotelero de las Islas Canarias.
Según la diputada, “el sector turístico es nuestro principal motor económico y sus beneficios tienen que repercutir en el bienestar de estas trabajadores que, bien al contrario, lo que padecen es que su carga de trabajo ha aumentado un 20%, y se ven obligadas a hacer horas extras no remuneradas para cumplir las tareas que les son asignadas.
Este esfuerzo físico excesivo, la manipulación de cargas y movimientos repetitivos siguen causando enfermedades como la epicondilitis y el síndrome del túnel carpiano, lo que ha llevado a algunos tribunales de justicia a reconocerlas como enfermedades profesionales.
Ante esta situación, el Grupo Nacionalista Canario solicita al Gobierno de España que aumente los efectivos en Trabajo y Seguridad Social para “reforzar el Plan de Lucha contra la Explotación Laboral en el sector turístico y hotelero”, y que incluya una “mayor vigilancia de las condiciones laborales de las camareras de piso”.
Además, se propone la implementación de sistemas de control para la vigilancia de la carga de trabajo, un estudio de salud laboral y planes de actuación para mejorar las condiciones laborales y la seguridad en el empleo en los sectores especialmente precarizados.
Por ello, se solicita al Gobierno de España que actualice el cuadro de enfermedades profesionales para incluir aquellas que afectan a las camareras de piso y “mejorar las condiciones laborales”, garantizando así, la salud y la justicia social de estas trabajadoras que contribuyen de manera significativa al sector turístico y hotelero.
Jana González recordó que la Legislatura pasada se llegó al acuerdo con el Estado para establecer unas mesas de estudio que permitieran dar una respuesta adecuada las demandas del colectivo, “y a fecha de hoy desconocemos si se ha avanzado en esa línea”.
Asimismo, la diputada insistió en la reivindicación de los planes de igualdad donde se articulen medidas seguras para aquellas víctimas de violencia de género que trabajan en el mismo lugar que su maltratador. “que ya fue solicitado por mi compañera Nereida Calero hace un año y tampoco conocemos si se ha tomado alguna medida en ese sentido”.
El PSOE apoya el proyecto Dreamland para Fuerteventura, pero en una ubicación distinta a la propuesta inicial
El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias ha expresado este miércoles su apoyo al proyecto Ciudad cinematográfica Dreamland Studios, en Fuerteventura, pero con la condición de que se valore una ubicación distinta a la inicialmente propuesta.
La diputada Rosa Bella Cabrera ha defendido ante el pleno de la Cámara regional una proposición no de ley en este sentido, afirmando que el Partido Socialista en Fuerteventura respalda esta iniciativa «motivado por la generación de nuevos empleos» y «la necesidad de alternativas de industrias diversas que ofrezcan nuevas vías de desarrollo profesional a las generaciones futuras que deseen quedarse en la Isla».
El emplazamiento elegido por los promotores es lo que nadie en el PSOE comparte, por lo que la Cabrera ha abogado por buscar un lugar alternativo en Fuerteventura que concite mayor consenso y apoyo ciudadano.
Para esta diputada majorera, el Dreamland responde al objetivo de «implantar y desarrollar actividades económicas que generen riqueza y creen empleo de calidad entiende», lamentando que otras formaciones, como Coalición Canaria, hayan dejado de mirar por el interés general para centrarse en «la crispación y la desestabilización de la convivencia».
Con esta actitud, ha señalado Cabrera, alimentan posiciones «que no sirven para nada, más que para seguir ahondando en la parálisis de Fuerteventura». «Si no fuera un asunto tan serio, habría que tomárselo a broma», ha lamentado la diputada socialista, que ha ofrecido un recorrido detallado por los pronunciamientos contradictorios que ha tenido la formación nacionalista en los distintos debates institucionales que se han producido en Fuerteventura sobre esta iniciativa.
En cambio, ha dicho, «a ustedes, que ahora se autoproclaman los defensores del territorio, no les he escuchado posicionamiento alguno respecto a la declaración de interés público y social en suelo rústico que aprobó el Cabildo, para la consolidación y ampliación de una actividad privada ya preexistente, que pasará de ocupar 350.000 m2 a 800.000 m2, justamente 14 días antes de que cesarán a los consejeros nacionalistas».
«Digo yo que a la hora de valorar los proyectos que se plantean para la isla de Fuerteventura habrá que hacerlo siguiendo el mismo rasero», ha añadido la representante del grupo parlamentario mayoritario.
«Es el momento de hacer lo posible por volver a la serenidad, anteponer el interés de Fuerteventura por delante de cualquier otro planteamiento y aunar el consenso. Quizás no todas las opiniones sean respetables, pero las personas sí lo son. Y esta debería ser la base no sólo en la política sino en la vida», ha concluido Rosa Bella Cabrera.
Hernández (NC) abordará el reto del acceso a la vivienda en Canarias como un asunto de primer orden
La portavoz de Nueva Canarias (NC) en materia de Vivienda, Carmen Hernández, presentó hoy, en el pleno, las cuatro principales propuestas de los canaristas progresistas para resolver o contribuir a paliar un asunto de primer orden en el Archipiélago, la falta de vivienda pública. La parlamentaria de NC apostó por reforzar las ayudas al alquiler, continuar con la exitosa rehabilitación del parque público, impulsar la nueva construcción y potenciar la colaboración público-privada con los ayuntamientos, los cabildos y el sector de la construcción.
Durante la comparecencia solicitada por Nueva Canarias, Carmen Hernández expuso el balance de gestión de la X Legislatura al mismo tiempo que planteó las principales medidas defendidas por esta formación política para afrontar uno de los dos grandes retos que tiene la comunidad canaria, solventar la falta de vivienda con medidas factibles.
«Nos preocupa, y nos ocupa, tanto si estamos en el Gobierno o en la oposición», abordar la problemática del acceso a una casa en las islas, según Carmen Hernández. Termina una legislatura, señaló, en la que se han producido dos hechos destacados. Tras una década de ausencia total de política pública en la materia, el pacto de progreso impulsa el plan canario de 2020 a 2025, de «obligado» cumplimiento para el próximo Gobierno, sea del color político que sea.
Al mismo tiempo, añadió, se aprueban los últimos presupuestos, correspondientes a 2023, con los que se alcanza la «histórica» cifra de 151 millones de euros, el doble de los fondos destinados por el anterior Ejecutivo de CC.
«Ahora toca eliminar los obstáculos», añadió. La parlamentaria destacó cuatro ejes de actuación. El primero, reforzar y estabilizar las ayudas al alquiler para impedir los desahucios. En segundo lugar, continuar con la mejora y modernización con criterios de eficiencia energética del parque público, a través de la «exitosa» gestión realizada en Canarias en materia de rehabilitación, regeneración y renovación de los entornos urbanos.
En tercer lugar, propuso dar un impulso a la construcción de nuevas promociones para atender a la lista de demandantes, en su mayoría familias vulnerables. En torno a unas 30.000 si se tiene en cuenta, tal y como observó, que más de 13.000 solicitantes se dieron de baja en el registro público al dejar de confiar en los dos gobiernos anteriores al de la X Legislatura.
El cuarto eje de NC pasa por potenciar la colaboración público-privada. Defendió la descentralización para que intervengan los cabildos y los ayuntamientos en la construcción, «factible» mediante la suscripción de convenios. «Ahorraríamos mucho tiempo», entre otros, a la hora de disponer del suelo, según la portavoz de NC. Además, se dispondría de las capacidades de las empresas públicas municipales y los consorcios insulares.
En paralelo, apostó por dar mayor capacidad de actuación a la empresa pública Visocan para promover la construcción y por incluir, en una próxima reforma de la ley canaria del suelo, la disposición de suelo protegido. «Hay que eliminar los obstáculos» urbanísticos y de planeamiento, en opinión de Carmen Hernández.
Con respecto a la colaboración privada, se refirió al sector de la construcción con amplia experiencia, lo que además ayudará al mantenimiento y creación de empleo.
Nueva Canarias está convencida de que los incentivos fiscales al alquiler movilizarán el parque privado de viviendas y ayudarán a racionalizar el precio del arrendamiento, hoy tensionado también por la influencia del alquiler vacacional y la compra por parte de los extranjeros.
La vivienda colaborativa es un camino que, para Hernández, debe ser impulsado. Puso como ejemplo las iniciativas del Cabildo de Gran Canaria que, mediante jornadas técnicas especializadas, trata de aprender de las experiencias en otras comunidades del Estado. Un modelo de gestión que, como defendió, puede promover la convivencia intergeneracional. Ayudará, a los jóvenes, a acceder a una residencia y, a los mayores, a combatir la soledad, explicó.
Con carácter general, Carmen Hernández abogó, a nivel estatal, por tener una ley del siglo XXI que, «de verdad, ampare» el derecho constitucional a acceder a un hogar y para que deje de ser objeto la especulación del mercado privado. Expuso la conveniencia de «mirarnos en el espejo» de Euskadi, territorio en el que el acceso a una casa en alquiler es un derecho desde 2015 y donde está regulada una reserva, un porcentaje para vivienda protegida. Carmen Hernández proclamó que la vivienda es una política social.
Espino (Grupo Mixto) propone eliminar el impuesto canario al combustible y le recuerda al Gobierno que el pasado año recaudó 569 millones por encima de lo previsto
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha presentado hoy una Proposición No de Ley en la que pide al Gobierno de Canarias que elimine el impuesto canario al combustible derivado del petróleo durante este año 2023. También ha pedido que, hasta la aprobación de este decreto, el Gobierno devuelva lo que ha cobrado a los canariosque, en estos momentos, están atravesando enormes dificultades. Para Espino se trata de una medida de urgencia y ha insistido en la necesidad de «equilibrar la balanza en favor de los canarios».
La portavoz ha explicado que hay margen para bajar o eliminar determinados impuestos con carácter coyuntural «porque nuestra fiscalidad nos permite actuar y no seguir impasibles, como hace el Gobierno ante esta situación que está empobreciendo a las familias, los autónomos y las pequeñas empresas que conforman más del 80 por ciento de nuestro tejido empresarial». También hay margen -ha dicho- porque, con ese impuesto, «el Gobierno está recaudando todos los años 300 millones de euros y el pasado año, 569 millones por encima de lo que tenía previsto recaudar». Un récord histórico en las Islas.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno a esta crisis inflacionista ha sido mantener la presión fiscal sobre el consumo, ha denunciado la portavoz durante la presentación de su iniciativa. «Se ha dado la paradoja inhumana de que cuando más pobres han sido los canarios más rica se ha vuelto la hacienda pública en las islas», ha lamentado Espino que ha recordado que «de este impuesto que estamos pagando los canarios, solo se han devuelto 50 millones al sector del transporte, la ganadería y la agricultura.
La portavoz ha explicado que, en el caso de la gasolina con bajo contenido en plomo, los canarios pagamos 26 céntimos por litro, por el resto de las gasolinas, 28 céntimos por litro y por el gasóleo, 22 céntimos por litro. «No lo vemos detallado en el recibo porque el impuesto paga la empresa que nos suministra el combustible y nos lo incluye en el precio final», ha aclarado.
Millones sin ejecutar
Vidina Espino también ha recordado que «nuestro REF contempla la existencia en Canarias de un impuesto especial de la comunidad autónoma sobre combustibles derivados del petróleo que estamos pagando todos los canarios cuando llenamos nuestro depósito y que también están pagando todas las empresas que necesitan de derivados del petróleo para poner en funcionamiento su maquinaria. En este punto, ha recordado que, a principio de año, se reunió en Gran Canaria con pequeñas empresas del sector de las lavanderías y panaderías. En ese encuentro «lanzaron un SOS porque no pueden seguir pagando un combustible profesional a estos precios. Están trabajando a pérdidas y van a tener que cerrar».
La portavoz ha explicado que este combustible profesional es más caro para estos sectores que el que pagan las mismas empresas en la Península, entre otras razones, por ese impuesto canario al combustible que se paga en las islas. Esa energía y ese combustible que necesitan para funcionar están siendo más caros que en el resto de España y «solo nos piden pagar lo mismo».
De todos los territorios del Estado, «en Canarias hemos sufrido las peores consecuencias de la crisis que ha elevado los indicadores de pobreza regionales a niveles nunca vistos», ha señalado Espino. La inflación ha empobrecido de manera general a todas las familias del Estado pero, especialmente, a las más vulnerables «porque la inflación es el impuesto de los pobres».
Canarias más pobre
La portavoz también ha querido recordar los datos del IPC en Canarias que hoy mismo hemos conocido y que confirman cómo los productos básicos para la vida se han encarecido en un 6,3 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior. «Somos además la comunidad donde más se han incrementado los precios en los últimos doce meses». En el caso de los alimentos, la subida ha sido espectacular y «los canarios pagamos un 16,3 por ciento más en la cesta de la compra. Nadie ha visto incrementado sus salarios en un 21 por ciento en los dos últimos años lo que se ha traducido en un empobrecimiento general de nuestra sociedad».
Los consumidores no pagamos directamente el IGIC en muchos de estos productos de la cesta de la compra pero el IGIC, otros impuestos y el AIEM por la importación de mercancías que llegan a Canarias -un arancel que solo existe en las islas y que puede ser de hasta un 15 por ciento- «sí se pagan en la cadena de producción, importación o distribución de los mismos y acaban encareciendo igualmente el producto final».
CS confía en que las nuevas pruebas de acceso a la universidad garanticen la igualdad en la incorporación a la Educación Superior
El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, confía en las nuevas pruebas de acceso a la universidad garanticen la igualdad en la incorporación a la Educación Superior al alumnado del Archipiélago, una manifestación que hace en relación a la modificación de la prueba de acceso a la universidad anunciada por el Ministerio de Educación que cambia los criterios de examen y las temáticas obligatorias que deben superar los participantes del mismo.
En este sentido, Fernández de la Puente hace hincapié en que cuando se produce una modificación en un proceso selectivo tan importante como este, que marca el futuro profesional de los jóvenes, es necesario que se haga con extrema diligencia, pensando en el beneficio del alumnado y con la mayor seguridad y garantías posibles.
Por este motivo, expone que es primordial que las modificaciones de este examen sean participadas con los colectivos implicados para lograr aclarar el modelo de examen que garantice los mejores resultados para el estudiantado canario.
Esta nueva prueba, impulsada por la Secretaría de Estado de Educación, regulará la prueba de acceso a la universidad, que mantiene la estructura y el número de exámenes, pero se adapta al nuevo currículo.
Así, el diputado insta a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que junto a los colectivos de estudiantes, familias y expertos en las distintas materias, además de las universidades canarias, se trabaje para garantizar que sean solo criterios educativos los que primen para garantizar la accesibilidad universal a estos estudios.
