Sumario:
- El “Pacto de las Flores” se oponen a fiscalizar el Plan Reactiva.
- Díaz-Estébanez (CC): “Turismo reconoce que no está de acuerdo con la decisión de Hacienda de cambiar el modelo de devolución del IGIC”
- Nereida Calero reclama más implicación de Turismo y más acciones para luchar contra la precariedad laboral y el abuso
- Esther González (NC) rechaza la privatización de las torres de control por debilitar el autogobierno de Canarias.
- Espino (Grupo Mixto) insiste en que todos los canarios deben conocer qué pasó con las compras que el Gobierno realizó durante la pandemia.
- Espino (Grupo Mixto) exige a Torres que cumpla con su promesa de las 500 casas que anunció que se entregarían en 2022.
- CS solicita al Gobierno de Canarias medidas de apoyo a las empresas de gran consumo.
El “Pacto de las Flores” se oponen a fiscalizar el Plan Reactiva
Los grupos que conforman el Gobierno de Canarias han rechazado esta mañana en comisión de Presupuestos y Hacienda, que la Audiencia de Cuentas realice la fiscalización del Plan Reactiva; pero el Grupo Nacionalista Canario sí ha conseguido que se lleve a cabo con la contratación del ejecutivo durante la pandemia de la Covid-19.
Para José Miguel Barragán, es sorprendente este voto negativo cuando tanto el presidente, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez, dieron por liquidado dicho plan, «y los miembros del cuatripartito siguen insistiendo en que la gestión y ejecución de los fondos estaba todavía en marcha».
Hay que tener en cuenta que el último informe recibido sobre la evaluación es del año 2021 y, en la página web dedicada al Plan Reactiva, el último registro sobre valoración de objetivos es de 2020. Por estas razones, «creemos más que procedente que se acometa la fiscalización de la gestión y ejecución de los fondos asignados, y más en los tiempos que estamos, en los que nos llegan noticias preocupantes de cómo se están gestionando los recursos», adivirtió.
«No es de recibo que se califique el Plan Reactiva, tan solo, como un plan emanado de la sociedad civil, cuando ha llevado un procedimiento administrativo sujeto al control del Consejo de Gobierno y el Parlamento de Canarias, en cuyo trámite se aprobaron numerosas Propuestas de Resolución», explicó.
Asimismo, Barragán solicitó un informe de fiscalización de los efectos de la Covid-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad Autónoma de Canarias en la X Legislatura, «al que, en esta ocasión, los grupos de Gobierno no se opusieron».
Díaz-Estébanez (CC): “Turismo reconoce que no está de acuerdo con la decisión de Hacienda de cambiar el modelo de devolución del IGIC”
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, ha destacado, esta mañana, que la consejera de Turismo «ha reconocido que no está de acuerdo con la decisión que impuso la consejería de Hacienda de cambiar el modelo de devolución de impuestos a los turistas de terceros países en sus compras a minoristas, «haciendo efectivo el reembolso una vez que abandonen las Islas, no de forma inmediata».
Esta decisión se ha tomado, también, en contra del sector turístico, de los pequeños y. medianos comerciantes, que reclamaban la aplicación del mismo sistema que se utiliza en el resto del mundo.
Además de dejar fuera a los operadores que devuelven el dinero inmediatamente, se pierde la posibilidad que ese dinero se redestine a otras compras en nuestro territorio
Y además, tal y como detalla el Boletín Oficial de Canarias, los turistas deben tener derecho a una devolución del IGIC igual o superior a 40 euros para acogerse, lo que les obliga a un gasto de entre 380 euros, si la tasa es del 15%, y 816 euros si los artículos están gravados con un 7%.
«Estos límites no existen en ningún sitio de mundo y esta decisión le quita atractivo a las compras en nuestro destino turístico», insistió el diputado.
Nereida Calero reclama más implicación de Turismo y más acciones para luchar contra la precariedad laboral y el abuso
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, ha reclamado esta mañana a la consejera de Turismo, más implicación y más acciones para luchar contra la precariedad laboral y el abuso que se da en algunas empresas del sector.
Esta semana, la diputada Jana González traía al Parlamento la situación de las camareras de piso, “pero pasa lo mismo en otros ámbitos como en la restauración o en las empresas de excursiones”, explicó.
Al Grupo Nacionalista Canario “nos trasladan situaciones de contratos por días e incluso por horas, que siempre superan las establecidas y además no les permiten librar durante semanas. En el peor de los casos, este trabajo se realiza sin contrato y sin recibir una remuneración económica durante meses”.
En ocasiones, “tienen que pagar de su propio bolsillo el combustible de los vehículos para realizar la jornada y tardan en devolverles el importe”.
Es lamentable que esto ocurra, que estos empresarios se aprovechen de que el personal no tiene posibilidad de encontrar un trabajo mejor, ya sea por su formación o por sus circunstancias.
El trato del empresario a los trabajadores es un factor que “debería ser tenido en cuenta a la hora de darles premios o subvenciones a las empresas. Es necesario acreditar que están cumpliendo con la legislación laboral, y que el personal no está siendo explotado ni trabajando en condiciones precarias”, reclamó la diputada.
En este sentido, “hemos planteado una acreditación específica o un distintivo de calidad, para empresas cuya política de personal sea ejemplar”, mencionó.
Para Nereida Calero, “el personal es tan importante o más, en un servicio turístico, que el propio servicio. Y si está formado, tiene las herramientas de trabajo adecuadas, está contento en un ambiente sano y con unas condiciones justas; todo ello se refleja en la calidad del servicio y en la satisfacción del cliente.
Cabe recordar que la legislatura pasada el Gobierno puso en marcha un Plan temporal contra la explotación laboral, pactado con la patronal. Se hizo una incorporación de 32 inspectores para luchar la explotación laboral y la competencia desleal, siempre en defensa de los trabajadores.
Si bien es cierto que se impulsó desde la Consejería de Empleo. “la consejería de Turismo debe propiciar, promover, impulsar o pedirle a sus socios de Gobierno, la actuación en los asuntos que, aunque no dependan directamente del departamento, repercuten directamente en el nuestro sector turístico”.
Esther González (NC) rechaza la privatización de las torres de control por debilitar el autogobierno de Canarias
La portavoz de Nueva Canarias (NC) en materia de transportes, Esther González, rechazó hoy la privatización de las torres de control de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). La parlamentaria de NC se opuso a cualquier medida de la Administración del Estado que suponga un debilitamiento del autogobierno de Canarias. González mantuvo la reivindicación de la cogestión de los aeropuertos en cumplimiento del Estatuto de 2018 y el carácter público de un servicio esencial para el Archipiélago, como la conectividad. Criticó además la precarización de las condiciones de los trabajadores de las infraestructuras liberalizadas en el primer proceso de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Con La Gomera, que tiene el servicio de información de vuelo AFIS de menor coste para AENA y El Hierro con el sistema mixto de controladores y AFIS.
Nueva Canarias, según Esther González, no va a renunciar a que Canarias entre en el consejo de administración de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en cumplimiento del artículo 161 del Estatuto. Cualquier medida que suponga un retroceso en la ampliación del autogobierno de la comunidad se encontrará con la oposición de Nueva Canarias, advirtió la dirigente de los nacionalistas progresistas.
El avance en el desarrollo del Estatuto, para NC, es un paso previo a la aspiración última, la gestión directa de cada una de los aeródromos de las islas, como ya tienen otras regiones ultraperiféricas de Portugal, como Madeira y Azores. Es el modelo al que aspira esta organización política, incluidas las reformas legales que se precisen, recordó Esther González.
La conectividad, continuó, es un servicio esencial para el Archipiélago. La base fundamental del motor económico, el turismo, y para la cohesión social. Fueron otras razones esgrimidas por la portavoz para desaprobar un proceso de privatización de los aeropuertos y sus servicios, que «se está haciendo a cachitos».
Señaló que la liberalización de las torres de control se reflejó, por primera vez, en una Orden ministerial de Fomento, de diciembre de 2010. Tres años más tarde, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma estaban liberalizadas. La Gomera opera con el sistema AFIS y El Hierro con un sistema mixto (AFIS y controladores). González aseguró que la precariedad laboral de sus trabajadores es una realidad.
En 2015, el 49% de AENA pasó a manos privadas y fue la «disculpa» para impedir que Canarias entrara en la gestión compartida con la Administración del Estado, como obliga el estatuto, denunció Esther González.
Espino (Grupo Mixto) insiste en que todos los canarios deben conocer qué pasó con las compras que el Gobierno realizó durante la pandemia
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha insistido hoy en que todos los canarios deben conocer qué pasó con las compras de material sanitario que el Gobierno realizó durante la pandemia del Covid porque, además del caso mascarillas, un fraude al erario público de cuatro millones de euros, hay otras irregularidades.
«Es necesario que sepamos cómo se hicieron esas compras» ha señalado tras mostrar su voto a favor de la iniciativa del Grupo Nacionalista de solicitar un informe de fiscalización de los efectos de la Covid-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad Autónoma de Canarias en la presente legislatura. «Ese informe tiene que llegar al Parlamento para que todos conozcamos qué ocurrió con esas compras durante la pandemia».
La portavoz ha recordado que los grupos que apoyan al Gobierno impidieron el pasado mes de noviembre la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para dar explicaciones acerca de lo ocurrido con el caso mascarillas. «Impidieron que pudiéramos tener acceso a esa información y la transparencia en un escándalo de cuatro millones que supuestamente fueron estafados al Gobierno de Canarias y a todos los canarios», ha explicado.
Espino también se ha referido al informe que, según aseguró el presidente, fue trasladado de la Audiencia de Cuentas a la Fiscalía Anticorrupción y que tampoco ha podido venir a esta comisión «porque los consejeros de la Audiencia de Cuentas, a propuesta de los partidos que gobiernan, bloquearon su aprobación» ha denunciado la portavoz durante su intervención en la comisión de hoy.
Desde que se conociera el caso mascarillas, la portavoz ha venido señalando que este caso de estafa al erario público puede ser la punta del iceberg de algo mucho mayor. Así se puede concluir leyendo el informe de la Audiencia de Cuentas que habla de más de 40 millones de euros que fueron adjudicados de forma irregular sin que el Consejo de Gobierno aprobara ese gasto, como obliga la ley de presupuestos.
Espino (Grupo Mixto) exige a Torres que cumpla con su promesa de las 500 casas que anunció que se entregarían en 2022
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha evidenciado una vez más que el Gobierno no cumple lo que anuncia, como ha ocurrido con la promesa que el presidente Torres hizo durante el pasado debate de estado de la nacionalidad, hace ya un año, donde prometió que 500 de las 1.500 viviendas que iban a comprar o alquilar se entregarían en 2022.
Espino ha recordado que el Plan de Vivienda fue aprobado por todos los grupo del Parlamento hace ya dos años en la Cámara pero, después de ese tiempo, la consejería de Sebastián Franquis no ha sido capaz de entregar ni una sola nueva vivienda, al margen de las de La Palma que, como explicó Espino, se trata de una emergencia habitacional y no tiene nada que ver con este plan.
Durante su intervención en el Pleno del pasado miércoles, la portavoz también ha recordado lo que días antes en comisión parlamentaria dijo el consejero: Que estaba «moderadamente satisfecho con la ejecución del plan», a lo que Espino ha vuelto a preguntar cómo puede estarlo si en estos dos años, el Gobierno de Canarias no ha entregado ninguna vivienda de las prometidas a los canarios.
A la explicación de Franquis acerca de que su departamento está cumpliendo con algunas actuaciones que tienen que ver con la rehabilitación y reposición de viviendas, la portavoz le ha aclarado que «eso ya lo hacía el Gobierno anterior» y que si por algo era novedoso y ambicioso este plan era porque se iba a poner vivienda nueva y no solo a rehabilitar las ya existentes.
En relación al número de demandantes de vivienda pública en Canarias, Espino ha señalado que cuando se inició la legislatura, hace cuatro años, había 17.000 personas esperando por una y que ahora son ya 20.800, según datos proporcionados por el propio consejero. «Son 4.000 demandantes más de vivienda pública, lo que viene a demostrar que este plan tiene un considerable retraso y ha sido un fracaso».
Vidina Espino también ha pedido que se agilicen los trámites porque «lo que no puede ser» es que cuando un promotor de vivienda llama a la Consejería no se le coja el teléfono o que cuando un ciudadano quiere ser atendido se encuentre con mesas y sillas vacías.
La portavoz tampoco entiende por qué existiendo una gran demanda de vivienda pública en Canarias, no se ha iniciado ni un solo proyecto en el municipio de mayor demanda como es Las Palmas de Gran Canaria donde hay 3.700 demandantes de vivienda pública, 1.200 más que los que hay en la segunda ciudad más poblada que Santa Cruz de Tenerife.
Espino ha planteado también por qué si Visocán en La Palma fue capaz de comprar 100 casas con 10 millones de euros para ponerlas a disposición de las personas que necesitaban una vivienda no se articula ese tipo de fórmula para dar viviendas al resto de canarios que lo necesitan.
CS solicita al Gobierno de Canarias medidas de apoyo a las empresas de gran consumo
El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, solicita medidas de apoyo a las empresas de gran consumo, afectadas por la inflación y la bajada de los volúmenes de venta.
El diputado destaca la importancia de este sector para la economía del país y de las Islas. “El gran consumo se trata de uno de los principales empleadores del país. Un auténtico motor económico, que representa el 20% de la economía nacional, según la Fundación Bertelsmann. De la salud y el buen rendimiento de este sector dependen muchos puestos de trabajo en Canarias”, apunta.
La Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC) -que representa a más de 32.000 entidades de sectores tan diversos como el de la alimentación, textil, electro, entre otros- realizó un estudio en enero para conocer la prioridades y retos del sector.
El informe de AECOC asegura que el 76% de las empresas apunta a la situación inflacionista como la principal dificultad del momento, un 62% cita el decrecimiento en el volumen de venta, mientras que un 43% expone las implicaciones de las nuevas regulaciones sobre el sector.
En este sentido, Fernández de la Puente solicita al Gobierno de Canarias medidas para estimular el sector. “Hablamos de soluciones para dinamizar las ventas y estimular el consumo. También de medidas para proteger las cuentas de resultados de estas empresas y pymes, generadoras de empleo y actividad económica”, añade.
El diputado recuerda que el Índice de Precios de Consumo (IPC) creció un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2022, siendo la comunidad autónoma donde se ha experimentado un mayor aumento interanual. “Por ello, es importante y urgente la aplicación de fórmulas que permitan reducir el impacto de la inflación sobre la cesta de la compra de los consumidores”, concluye.
