Sumario:
- NC expresa una alta preocupación ante la compra de Air Europa por parte de IAG.
- Díaz-Estébanez (CC): “El Gobierno evita que la Directora del Servicio Canario de Salud comparezca en la Comisión de Sanidad”.
- CC-PNC-AHI evidencia la falta de reacción del Gobierno ante las sospechas del ‘caso Mediador’ sobre su gestión en Ganadería.
NC expresa una alta preocupación ante la compra de Air Europa por parte de IAG
Nueva Canarias (NC) expresó hoy una alta preocupación por los efectos para la conectividad de los residentes, visitantes y para el sector turístico del Archipiélago de la compra de Air Europa por parte del grupo anglo-español International Airlines Group (IAG). El portavoz parlamentario y la portavoz económica de NC en el Parlamento, Luis Campos y Esther González, advirtieron de que un mayor monopolio y la previsible subida de precios de los billetes hacen que la declaración de las conexiones aéreas como obligaciones de servicio público (OSP) sea «más urgente que nunca». Una reclamación que ha contado con el respaldo unánime de los grupos de la Cámara en el debate de la nacionalidad canaria, al igual que el rechazo a la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Tenerife y de Gran Canaria además de la exención del régimen europeo de comercio de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero.
«Nos preocupa mucho», manifestó Esther González, la operación de compra de Air Europa por el número de compañías que ya pertenecen a la multinacional IAG y operan en las islas. Se trata de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus así como otras marcas propias como Level y diversas participaciones y franquicias en otras empresas.
Aunque la operación está pendiente de la autorización del Tribunal Europeo de Defensa de la Competencia, la alarma se explica, según NC, por la influencia de esta multinacional en la conectividad del Archipiélago. En base a las previsiones dadas a conocer por el Gobierno canario, las plazas ofertadas por Vueling, Iberia Express, Iberia y Air Europa para esta temporada de verano, que comienza el próximo mes de abril y se extiende hasta octubre, suman juntas 2.588.229 asientos.
Una cifra que supone el 73% del total de plazas programadas que ponen al mercado las aerolíneas en el tráfico con Canarias y el resto del Estado, que este verano suman 3,5 millones. El verano de 2019, y sin contar Air Europa, la cuota de mercado de IAG era del 56%.
La situación de monopolio se profundiza y el previsible incremento de los precios de los billetes es una de las primeras consecuencias, aseguró Luis Campos. La portavoz económica añadió que además supone un «incumplimiento» de la ley de los presupuestos generales del Estado para 2018.
En esta norma, tal y como explicó González, se establece que las autoridades competentes en materia de competencia «velarán» para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros «no establezcan pactos de colusión» que incrementaran los precios.
Esta situación hace «más urgente que nunca» que se haga efectiva la declaración de las líneas de conexión del Archipiélago con la Península como OSP, lo que permitirá poner precios máximos de referencia a los billetes con el objetivo de controlar incrementos abusivos; declaró el portavoz parlamentario.
«Debemos unirnos todos» para lograr que el Gobierno estatal resuelva con las instituciones europeas la declaración de las obligaciones de servicio público y para analizar las repercusiones de la compra de Air Europa. Cuestiones todas que fueron recogidas por una propuesta de resolución de NC al debate de la nacionalidad, que ayer jueves fue secundada por la unanimidad de los grupos del Parlamento.
El mismo apoyo que se logró, en la misma sesión plenaria, para rechazar la privatización de las torres de control aéreo de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria puesta en marcha por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Como figura en el texto de la propuesta de resolución, «debilita un elemento tan esencial» para las islas como la conectividad y contribuye a la «precarización» de los trabajadores de estas infraestructuras.
Sin olvidar, y aunque no figura en la propuesta de resolución, que implica una limitación a la capacidad de autogobierno de la comunidad, contemplada en el Estatuto de 2018 en vigor.
El voto favorable de los 70 escaños de la Cámara también se repitió en una tercera propuesta de resolución vinculada con las conexiones aéreas destinada a garantizar que Canarias quede al margen de la aplicación de la directiva europea sobre el régimen de comercio de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero.
Esta regulación también derivará en un incremento de los fletes y de los precios de los billetes y, en consecuencia, afectará directamente a «nuestra economía, al turismo y a las importaciones y exportaciones de mercancías», denunció Esther González.
Díaz-Estébanez (CC): “El Gobierno evita que la Directora del Servicio Canario de Salud comparezca en la Comisión de Sanidad”
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, ha denunciado esta mañana que “hasta la última sesión de la Comisión de Sanidad, el Gobierno continúa impertérrito su línea de ocultación y no dar explicaciones de ningún tipo, utilizando todos los mecanismos de su rodillo parlamentario a su servicio para evitar la dación de cuentas, con una evidente falta de respeto a la transparencia y a la Cámara”.
El portavoz nacionalista en materia de Sanidad había solicitado la comparecencia de la actual Directora del Servicio Canario de Salud, Elisabeth Hernández, sustituta de Conrado Domínguez por su implicación en el Caso Mascarillas el pasado mes de noviembre “y quinta responsable ya en el puesto de este convulso mandato”, para que diese cuenta de sus planes y objetivos, así como de las iniciativas que ha tomado y piensa tomar.
Tal solicitud, dentro de lo habitual, había sido incorporada al orden del día fijado por la Mesa, consultados los portavoces para el próximo 8 de marzo. Sin embargo, “de manera sorprendente” y ya emitido el orden del día correspondiente, el Gobierno ha anunciado que la Directora del SCS no asistirá, aduciendo para ello un compromiso de su agenda para asistir a un Congreso en Las Palmas. Curiosamente, el propio Consejero de Sanidad sí que podrá ir a la Comisión, al parecer, porque su presencia en el Congreso no se considera tan “imprescindible” como la de la Directora.
Para Díaz-Estébanez, “es una nueva muestra del desprecio a la Cámara, del nerviosismo que les aprisiona y de la falta de transparencia de este Gobierno que es aún más llamativa al llegar a la última sesión ordinaria de la Comisión”.
Asimismo el diputado también ha presentado una iniciativa para que el Consejero dé cuenta sobre el puesto actual que desempeña, con qué funciones y características (ordinarias o extraordinarias), el anterior Director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, después de su salida del cargo, pero dentro de la propia Consejería de Sanidad.
“De hecho, es un secreto a voces que Domínguez sigue ejerciendo de facto, no solo influyendo de manera determinante en la persona que le sustituyó, sino despachando habitualmente con ella y la secretaria en la sede del SCS, fuera de su lugar de trabajo habitual”, explicó.
Además del colapso en gestión sanitaria denunciado en diversos estamentos, y muy especialmente en Urgencias y Atención Primaria, y el desbordamiento en las listas de espera que hasta ahora ha sido incapaz de frenar con el Plan Aborda y su financiación extraordinaria, la Consejería de Sanidad se enfrenta también a las numerosas menciones surgidas al amparo del sumario del “Caso Mediador”, que se suma a las no resueltas sobre el “Caso Mascarillas”, por lo que, a juicio de Díaz-Estébanez, la comparecencia de la Directora del Servicio Canario de Salud en la última sesión de la Comisión de Sanidad, “podría ser una magnífica ocasión para arrojar algo de luz, dar explicaciones, despejar dudas y contar sus planes de actuación… si es que pueden, quieren y tienen alguna intención de hacerlo”.
CC-PNC-AHI evidencia la falta de reacción del Gobierno ante las sospechas del ‘caso Mediador’ sobre su gestión en Ganadería
Ante los hechos desprendidos del conocido como Caso Mediador, que suponen irregularidades en el seno de la dirección general de Ganadería del Gobierno de Canarias, el Grupo Nacionalista Canario considera que “el Ejecutivo ha estado paralizado durante las primeras semanas en las que hemos conocido con todo lujo de detalles supuestas actitudes delictivas y poco honorables de cargos y ex cargos del Partido Socialista”.
Tras el anuncio del Gobierno de Canarias, conocido ayer, de que ha encargado una investigación extraordinaria y urgente a la Inspección General de Servicios, “nos preguntamos por qué no se había tomado esta decisión antes de asegurar que no hay perjuicio para las arcas públicas”.
Desde CC-PNC-AHI “consideramos que el Gobierno ha vuelto a actuar a reacción de las iniciativas de nuestro grupo que, el pasado 28 de febrero, a través de la diputada Socorro Beato, solicitó información sobre las actuaciones inspectoras y auditorías de gestión iniciadas con especificación de la fecha de ambas órdenes, objetivo, ámbito, contenido y alcance; programa detallado de las actuaciones; equipo de inspección designado; resultados de la actuación e informe final de la inspección y de la auditoría”.
“Nada anunció el presidente Torres ni las portavoces socialistas sobre este asunto en el transcurso del Debate del Estado de la Nacionalidad, por lo que entendemos que ha sido una decisión a posteriori”, aseguró la diputada.
Cabe recordar que desde el primer momento, el Grupo Nacionalista fue quién solicitó una comparecencia del Gobierno, el mismo 14 de febrero, para conocer qué irregularidades pudieran haberse dado, así como la pregunta de diputado Mario Cabrera a la consejera de Agricultura, en la comisión del 24 de febrero; a la par que se presentaba una Proposición No de Ley, por parte de Narvay Quintero, que insta a abrir una investigación, a verificar el buen uso de los fondos europeos y a restablecer los daños que se pudieran haber ocasionado a los ganaderos y a valorar y dignificar a los funcionarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Finalmente y conjuntamente con el Grupo Popular en el Parlamento, se ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el Gobierno pueda dar todas las explicaciones que se les ha solicitado.
