El Parlamento convalida el decreto para la recuperación de La Palma

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Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El Pleno del Parlamento convalida el decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística y acepta la propuesta del Gobierno de tramitarlo como proyecto ley


 

Santa Cruz de Tenerife. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha asegurado en el Parlamento de Canarias que los decretos para la recuperación de La Palma “miran al presente y futro de la isla y crearán el primer precedente normativo para atender futuras erupciones en Canarias, que se complementará con la ley de volcanes que se empezará a tramitar en febrero”.

La consejera hizo estas afirmaciones en su intervención ante el Pleno celebrado este miércoles para convalidar decreto ley 9/2023 de medidas en materia de ordenación territorial y urbanística para la recuperación de La Palma, que entró en vigor el pasado 19 de diciembre.

El decreto recibió el aval de la mayoría del Pleno que, además, aceptó el planteamiento de Nieves Lady Barreto de tramitarlo como proyecto de ley, “para incorporar las mejoras que se consideren necesarias y para dar mayor seguridad jurídica a la reconstrucción”. La consejera lamentó, sin embargo, que tanto Nueva Canarias como el PSOE no votarán a favor de la convalidación.

“En la pasada legislatura, el anterior Gobierno trajo al Parlamento once decretos leyes sobre La Palma y a pesar de que la oposición hizo decenas de propuestas para mejorarlos, nunca aceptaron ninguna y tampoco aceptaron tramitarlos como proyecto de ley. A pesar de eso, siempre votamos a favor de todos los decretos del Pacto de las Flores porque pusimos por delante del conflicto político dar solución a los problemas de La Palma para poder caminar”.

Cabe recordar que el decreto recibió hace tan solo una semana el refrendo de todos los cabildos insulares en la Comisión General de Cabildos del Parlamento (con la excepción de Gran Canaria, que no participó en la comisión), con el apoyo también unánime de los representantes de todos los grupos parlamentarios.

El decreto cuenta, además, con un informe jurídico favorable, emitido antes de su aprobación en diciembre, y con el aval del Consejo Consultivo, que en su dictamen aprecia la extraordinaria y urgente necesidad que justificaba el decreto ley y que concluye que el contenido del mismo se adecúa a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.

Nieves Lady Barreto señaló ante el Pleno que con un solo decreto no se da respuesta a la totalidad de los afectados y que, para ello, el Gobierno ha establecido una hoja de ruta compuesta por un total de cuatro decretos. “Todo lo que quede sin resolver en uno, se resolverá en el siguiente”, aseguró, al tiempo que manifestaba su gratitud y la de todo el Gobierno de Canarias “con todos los palmeros que durante dos años lucharon para que se les reconociera de manera justa sus derechos como afectados”.

La consejera recordó que el decreto ley en materia territorial y urbanística convalidado hoy por el Parlamento es el primero de la hoja de ruta trazada por el Gobierno de la que forman parte otros tres decretos más: uno en materia agraria, otro en materia vivienda y otro para la reactivación de la actividad comercial e industrial.

Recalcó, por otro lado, que el decreto reconoce el derecho de lo afectado a percibir una compensación económica por el valor de lo perdido y lleva aparejado el plan de pagos que se pondrá en marcha con los 150 millones con los que cuenta el Gobierno de Canarias este año (50 millones de fondos propios y 100 millones del Estado).

Asimismo, la norma garantiza el derecho de propiedad de los afectados sobre sus parcelas y reconoce el derecho de los causahabientes de los afectados ya fallecidos, además de modificar el decreto 2021 para que los afectados puedan trasladar su derecho a la reconstrucción a cualquier parte de la isla y hacerlo extensible a las segundas viviendas y viviendas vacacionales.


 

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