TITULARES
- Rafael Yanes: “No hay suficientes inspectores en la Consejería de Derechos Sociales”.
- Teresa Cruz Oval (PSOE) afirma que las deficiencias detectadas en algunas residencias de mayores responden a «un problema estructural que se ha ido gestando en las dos últimas décadas”.
- Nueva Canarias cree que urge elaborar el plan de inspección anual para garantizar la adecuada prestación de los servicios.
- Melodie Mendoza (ASG) insta al Gobierno a seguir mejorando en materia sociosanitaria.
- Cristina Valido (CC-PNC-AHI) solicita los nombres de los centros de mayores con incumplimientos graves y evitar la generalización.
- El PP constata la inacción de Derechos Sociales en la supervisión, control e inspección de estos centros.
- Noemí Santa rechaza contestar a Vidina Espino (Grupo Mixto) si las deficiencias detectadas en las residencias de mayores están subsanadas.
Actividad parlamentaria y política
Rafael Yanes: “No hay suficientes inspectores en la Consejería de Derechos Sociales”
El Diputado del Común, Rafael Yanes, compareció ante la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Parlamento de Canarias para exponer el Informe Extraordinario sobre Centros de Atención Residencial para personas mayores en Canarias.
Este documento relata el estado de la situación actual en los Centros de Atención del Archipiélago. Un informe cuya importancia reside en las propuestas de futuro que se realizan en el mismo y “a las que se han llegado mediante el riguroso análisis de aquellos asuntos considerados trascendentes en estas residencias, para mejorar la atención del colectivo”, tal y como afirmó Yanes.
Aunque se hace referencia a visitas realizadas durante el año 2019, “el debate es de total y absoluta actualidad, ya que es una preocupación ciudadana en nuestra Comunidad Autónoma”. El primer valor del informe es dar luz a un problema “que no estaba siendo tratado en el debate político y, quizás, sea ahora el momento idóneo para hacerlo, previo a la elaboración y aprobación de los presupuestos. Es la mejor ocasión para presentar iniciativas que den soluciones y pongan fin al problema detectado en algunos centros de mayores”.
Yanes aclaró que la mayoría de los 232 centros residenciales para mayores en Canarias cumple con sus funciones correctamente, y que la mayoría de los 7.769 profesionales que trabajan en estas residencias lo hacen con vocación y dedicación. Si embargo, “existe una minoría que incumple, y aquí está otro de los valores de este informe: hemos constatado que existe esta minoría”.
El Diputado del Común destacó que es “inaceptable” el hecho de encontrar chinches, cucarachas o roedores, aunque sea tan solo uno de los centros del Archipiélago “y, por eso, tenemos la obligación de evitar que esto siga sucediendo en el futuro”.
Asimismo, señaló que algunos de los centros visitados no habían tenido inspecciones por parte de la Consejería de Derechos Sociales en los últimos años. Así, y entre algunos de estos, en una residencia de 50 plazas residenciales y 20 de atención diurna se había recibido, en el momento de la visita, tan solo una inspección en los últimos 5 años; en un centro de 112 plazas y en otro de 37 solamente una inspección en los últimos 10 años; y en un centro de 50 plazas residenciales y 20 como centro de día, no habían tenido ninguna inspección en los últimos 5 años.
Unos datos que han sido corroborados actualmente por fuentes oficiales mediante la afirmación de que en 2021 se han realizado 33 inspecciones. Por tanto, para visitar las 232 residencias de Canarias serían necesarios 56 meses. De esta forma, con la actual cantidad de inspectores, cada residencia tendría una inspección cada 4 años y medio, “por lo que este servicio es manifiestamente mejorable”.
El Diputado del Común señaló, a este respecto, que para que la Consejería de Derechos Sociales lleve a cabo su función y se le pueda exigir una mayor responsabilidad, es necesario dotarla de más medios humanos.
“No hay suficientes inspectores en esta Consejería y, por tanto, es evidente que hace falta aumentarlos. Lo dice la ley de Servicios Sociales, que en su Adicional Quinta establece que se debe reforzar la inspección en el plazo de un año. Lo piden las residencias, los trabajadores, los familiares, la Fiscalía, la Defensora del Paciente, y sería bueno que hoy, también lo pida este Parlamento”.
Teresa Cruz Oval (PSOE) afirma que las deficiencias detectadas en algunas residencias de mayores responden a «un problema estructural que se ha ido gestando en las dos últimas décadas«
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Teresa Cruz Oval ha manifestado este martes en la Comisión de Derechos Sociales que las deficiencias detectadas en determinados centros residenciales de mayores del Archipiélago responden a «un problema estructural que se ha ido gestando en las dos últimas décadas», una «mala noticia para Canarias» por el que «no podemos pasar de puntillas».
«No hay soluciones mágicas que garanticen una vida plena, saludable y satisfactoria para nuestros mayores, pero sí cinco palabras que la Consejería de Derechos Sociales debe poner entre sus prioridades: registro, autorización, acreditación, inspección y sanción», ha dicho.
Cruz Oval considera que es necesario que el Diputado del Común, como responsable de la realización de dicha investigación, de inmediato traslado de las conclusiones de esta investigación a la Viceconsejería de Derechos Sociales, para que ésta «identifique con claridad las infracciones detectadas y se busquen responsabilidades, si las hubiera».
El fin superior debe ser «articular mejoras en la respuesta a la atención residencial en Canarias» en vez de caer en el error de «poner en tela de juicio las 235 residencias que existen en el conjunto de nuestra comunidad autónoma». «Hay muchas residencias, la mayoría me atrevo a decir, que funcionan conforme a la normativa que nos hemos dado», ha subrayado.
La diputada socialista ha recordado que el informe a debate se llevó a cabo en el año 2019, tiempo antes de la pandemia y apenas unos meses después de la toma de posesión del actual Gobierno de Canarias. Es decir, «las deficiencias que en él se detallan no crecen como champiñones debajo de un árbol después de la lluvia, sino que se han generado a lo largo del tiempo».
Por tanto, es tarea de todos trabajar con responsabilidad para «avanzar en soluciones que impulsen una vida plena, saludable y satisfactoria de nuestros mayores, que tengan visibilidad y, en definitiva, que sus derechos sociales y civiles sean una realidad». Y esa tarea pasa, entre otras cosas, ha dicho, por «identificar la entidad pública que tiene las competencias de inspección».
Teresa Cruz ha querido poner en valor todo «lo que ha realizado o está realizando el actual Gobierno de Canarias para garantizar la calidad asistencial», desde la activación de un Plan de Choque en Dependencia, con una inyección financiera de 600 millones de euros para este año, al refuerzo del servicio de inspección de la Consejería de Derechos Sociales, «pasando de dos inspectores a cinco y ahora con un refuerzo de 11 profesionales más para el servicio».
Aún así, estima que es necesario seguir profundizando en las medidas de mejoras, por lo que ha animado a la Consejería de Derechos Sociales a desarrollar un plan de inspecciones de Canarias y un reglamento de sanciones, dos tareas pendientes de gobiernos anteriores, así como a elaborar la estrategia de calidad, establecida en la Ley de Servicios Sociales y a diseñar una alternativa convivencial más cercana al hogar que a un hospital.
Nueva Canarias cree que urge elaborar el plan de inspección anual para garantizar la adecuada prestación de los servicios
Luis Campos propone a la Diputación del Común que remita con celeridad al Gobierno los informes que detecten deficiencias como en los centros de mayores.
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, cree que urge elaborar el plan de inspección anual para garantizar la adecuada prestación de los servicios y evitar importantes deficiencias como las detectadas por la Diputación del Común durante la comprobación de 29 de los 232 centros de mayores existentes en las islas. Campos propuso al Diputado del Común, Rafael Yanes, que remita con celeridad al Gobierno de Canarias los informes que detecten cualquier tipo de anomalía.
Durante el debate del informe extraordinario iniciado por la Diputación del Común (DC) en 2019, interrumpido como consecuencia de la pandemia del coronavirus, entregado a la Cámara en noviembre de 2020 y hoy presentado en comisión, el portavoz de NC defendió el sistema de residencias públicas y privadas existentes en las islas porque es “importante señalar las irregularidades para actuar con contundencia como, de justicia, reconocer que la inmensa mayoría cumplen con eficiencia”.
No es justo, añadió, que la labor “negligente de unos pocos” se haga extensiva a los cerca de 8.000 trabajadores de los 232 centros. Pero que “solo uno” tenga ratas, chinches, sistemas de sujeción y demás irregularidades encontradas, para Campos, es grave porque implica un “fallo” en el sistema, en su conjunto; y “exige trabajar para corregir esas deficiencias”.
Tras apelar a que “todos debemos hacer autocrítica”, trasladó al Diputado del Común la necesidad de que, cuando se detecten irregularidades, se pongan en conocimiento, primero del Parlamento, como corresponde. Pero que inmediatamente después se traslade al departamento correspondiente del Ejecutivo canario.
El elemento “nuclear” puesto en evidencia por este informe extraordinario, en opinión de Campos, son las carencias existentes en materia de inspección. “No puede ser”, denunció, que en 2019 hubiera dos inspectores para toda la comunidad. Como también “siguen siendo insuficientes”, añadió, los cinco de la actualidad y las próximas incorporaciones, que elevarán a 12 el número de personas destinadas a estas labores. Como ejemplo del valor que tiene el refuerzo de la plantilla, aseguró que “se ha mejorado, duplicado” el número de reconocimientos, 33 en los primeros nueve meses de 2021.
Para Luis Campos urge elaborar, como contempla la Ley de Servicios Sociales de Canarias, un plan de inspección anual y continuar aumentando la plantilla. Es la herramienta que “nos permitirá comprobar y garantizar la adecuada” prestación de los servicios, enfatizó el portavoz parlamentario de NC.
Melodie Mendoza (ASG) insta al Gobierno a seguir mejorando en materia sociosanitaria
La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha valorado, este martes, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales, el informe emitido por el Diputado del Común sobre la situación de los centros sociosanitarios de Canarias, en el que se alerta de las deficiencias en diferentes ámbitos de funcionamiento de estas infraestructuras.
En el transcurso de su intervención, respaldó el compromiso del Gobierno de Canarias con la mejora de la calidad asistencial de estos espacios, que albergan a más de 8 mil usuarios en todas islas, distribuidos en 230 centros, cuyo personal de inspección se ha ido incrementando de forma paulatina en los últimos dos años. “Es evidente que esta tarea se ha ido mejorando, hoy son ya 5 inspectores, pero debemos llegar a los 11 que marca la Ley de Derechos Sociales, en cuyo articulado se recoge este servicio como fundamental”, dijo.
Mendoza apuntó a que el cuidado de personas dependientes constituye uno de los pilares de trabajo de las fuerzas políticas integradas en el Ejecutivo autonómico, por lo que, conscientes de estos problemas, “la Consejería de Derechos Sociales ha dotado de medios y de fondos para mejorar las carencias de muchos de estos centros, insisto, sobre todo en materia de infraestructuras”.
Además, hizo un llamamiento a la unidad política de las fuerzas representadas en el Parlamento de Canarias, así como a fijar una hoja de ruta de trabajo conjunto entre Derechos Sociales y el Diputado del Común, porque según indicó “sería de gran utilidad para identificar cuáles son esos centros y poder actuar con mayor rapidez, porque a todos nos preocupa la situación de nuestros mayores, pero si a alguien entiendo que le preocupa un poquito más es, indudablemente, a quien ostenta la responsabilidad”.
La diputada autonómica hizo hincapié en la labor que presta el personal de los centros sociosanitarios de las islas a quien mostró su gratitud “por el trabajo que ejercen a diario y que he podido conocer en visitas a varios centros de mi isla, La Gomera, en las que siempre he salido con la tranquilidad de que los usuarios están en buenas manos y, lo más importante, rodeados de cariño”.
Por último, apeló a evitar realizar afirmaciones alarmistas que pueden generar desconcierto en la sociedad, “con esto no quiero decir que no haya que hablar de la situación que alude el informe, simplemente digo que hay que aplicar la cautela en un asunto que lo requiere”.
Cristina Valido (CC-PNC-AHI) solicita los nombres de los centros de mayores con incumplimientos graves y evitar la generalización
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha demandado conocer, esta mañana, qué centros de mayores, de los que cita el informe de la Diputación del Común, están en tan graves condiciones y qué se ha hecho por parte del Gobierno de Canarias desde que conoció esta situación. “No podemos quedarnos con el mensaje de que todos los centros de Canarias están en las condiciones de solo unos pocos, porque todos hemos coincidido en que la mayoría funcionan correctamente”, señaló.
A juicio del Grupo Nacionalista Canario, “no se puede achacar exclusivamente el estado de los centros en malas condiciones a gobiernos anteriores y todo lo que se ha probado funcionar bien adjudicárselo el gobierno actual” porque sí se pudo abordar la pandemia con escasa incidencia en las residencias y si el gobierno asegura que los que funcionan mal son una minoría, “también será por el trabajo que se ha realizado durante años”.
Valido quiso en este punto precisar que hay muchos estabelecimientos que están gestionados por ayuntamientos y cabildos, en todas las islas, “algunos en los que hace más de una década no gobierna siquiera Coalición Canaria” por lo que “ahora lo que tenemos que conocer es qué va a hacer el Gobierno y cómo va a trabajar con los gestores directos públicos o privados, para garantizar que las deficiencias detectadas han desaparecido”.
Por otra parte, la diputada celebró que se incremente el número de personal para realizar tareas de inspección, “pero con menos recursos trabajamos en la legislatura pasada, llegando a clausurar ocho centros con la colaboración de la Fiscalía que fue imprescindible para paliar la insuficiencia de personal”.
El PP constata la inacción de Derechos Sociales en la supervisión, control e inspección de estos centros
El diputado y portavoz de Derechos Sociales, Poli Suárez, aseguró que el informe realizado por el Diputado del Común sobre los centros de atención residencial para mayores en Canarias evidencia la inacción de la Consejería, que tiene la responsabilidad de la supervisión, control e inspección de estos recursos.
Antes de analizar el documento, pidió disculpas a la sociedad canaria, al entender que esta situación “jamás debió producirse”. “Todos los presentes tenemos nuestra parte de responsabilidad: unos por haber permitido que sucediera; otros por no haber corregido estas deficiencias con premura; y nosotros por no haber traído antes el informe a esta Comisión”.
Destacó la ignominia que se ha cometido sobre las personas mayores afectadas y sus familiares y pidió resolver urgentemente las lamentables deficiencias detectadas con el fin de restablecer el honor a esas personas, “por responsabilidad política y, sobre todo, por humanidad”.
“Desde procedimientos administrativos incompletos o que no existen, hasta asuntos más graves como la falta de salubridad e higiene, en algunos casos alarmantes”, enumeró.
Consideró que las prioridades deben ser velar para que todas las residencias de Canarias cumplan con la normativa vigente y garantizar que todos los mayores estén bien atendidos y en unas condiciones dignas.
Sobre las justificaciones de la consejera de la herencia recibida, respondió que “si dos años no es tiempo suficiente para saber la responsabilidad que uno tiene entre manos; y si dos años no les parece tiempo suficiente para ejercer la supervisión, control e inspección de las residencias, quizá el problema es que no estén capacitados para hacerlo”.
“Llega un momento en el que la excusa de la herencia recibida se agota y empiezas a generar tu propia herencia, tu cuota de responsabilidad”·
Afirmó que el documento debe hacernos reflexionar a todos sobre las condiciones de vida de los mayores pero, muy especialmente, de cómo afrontar la mejora de los Servicios Sociales en Canarias.
Para Poli Suárez, el informe evidencia la insuficiencia en el número de inspectores, las carencias en materia de Dependencia, y el déficit de “al menos doce mil plazas sociosanitarias”.
Destacó que un 12% de las personas residentes en estos centros no disponen del dictamen de dependencia por retrasos en el procedimiento y recordó que actualmente hay más de 26.000 canarios en listas de espera, “enredados en la maraña burocrática”.
Recordó asimismo que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor déficit de plazas sociosanitarias en relación con el número de habitantes y reclamó al Ejecutivo regional ejecutar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que “si avanza, lo hace a una lentitud extrema”.
Ante estas situaciones “a todas luces insostenibles”, urge a la Consejería de Derechos Sociales a buscar soluciones inmediatas “si de verdad quiere mejorar los indicadores y si de verdad le importa el bienestar de los ciudadanos, en este caso de las personas mayores”.
Reclamó al equipo de la Consejería “no atacar al mensajero”, recoger el guante ofrecido con este informe y valorar las propuestas, sugerencias y recomendaciones realizadas a todos los actores implicados en los centros de atención residencial.
Volvió a tender la mano a la Consejería para ayudar. “Tienen nuestras propuestas, como el plan de empleo específico para Servicios Sociales o las medidas contenidas en la proposición no de ley para potenciar una vejez activa y saludable. Utilícenlas si con ellas podemos garantizar el bienestar de los ciudadanos y mejorarles la vida”.
Noemí Santa rechaza contestar a Vidina Espino (Grupo Mixto) si las deficiencias detectadas en las residencias de mayores están subsanadas
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario, Noemí Santana, se ha negado este martes a contestar a la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, «si las deficiencias detectadas por la Diputación del Común en las residencias de mayores están subsanadas» y ha rechazado informar sobre «el número de inspecciones realizadas» desde que se hizo cargo de este departamento, así como de «las sanciones impuestas y los centros clausurados».
Noemí Santana, que ha comparecido en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara autonómica, a petición de la portavoz del Grupo Mixto, para «dar cuenta de las medidas para mejorar la calidad de vida de los mayores», ha optado por rehuir con malos modos el contenido de la pregunta y no ha aclarado «si a día de hoy todas las residencias de mayores de las Islas están libres de ratas, cucarachas, chinches y casos de sarna».
Tampoco ha explicado los últimos datos sobre la dependencia en Canarias, que reflejan que «cada día mueren 8 personas sin recibir respuesta, muchos de ellos personas mayores», y qué está haciendo su departamento para cambiar esta situación. Con este objetivo, la diputada ha animado a la consejera a «cesar al director general de Dependencia y Discapacidad para mejorar la gestión».
La portavoz del Grupo Mixto ha propuesto además la puesta en marcha de «un plan de inspección de todas las residencias de mayores que hay en las Islas, tanto públicas como privadas», y ha solicitado la dimisión de la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, María del Río, de Podemos, por no haber incluido antes en el orden del día de dicho órgano el análisis del informe elaborado por la Diputación del Común sobre la situación de estos centros, que fue entregado a la Cámara en noviembre de 2020.
Vidina Espino, que ha pedido perdón a los canarios, por «no haber exigido antes al Gobierno de Canarias una respuesta urgente a la terrible situación descrita por la Diputación del Común», ha señalado que el Parlamento de Canarias no puede permitir hechos como los recogidos en el informe elaborado por su adjunta María Milagros Fuentes, y ha recordado que «una sociedad se define por el trato que proporciona a sus menores y personas más vulnerables».
La diputada ha indicado que «aunque en el documento se apunta que las deficiencias afectan solo a una minoría de los centros, es suficiente con que se detecten solo en una de las residencias de mayores para estar obligados a actuar». En este sentido, ha preguntado «en qué estado se encuentran en la actualidad las instalaciones en las que se hallaron ratas, chinches y cucarachas, pues se desconoce si continúan existiendo» y ha reiterado la necesidad de «adoptar medidas de forma urgente».
A su juicio, este informe debe suponer «un antes y un después en el trato que en Canarias se da a nuestros mayores» ingresados en residencias y ha instado a la Consejería de Derechos Sociales y a la Diputación del Común a «mejorar sus canales de comunicación», pues mientras el informe asegura que se enviaron dos cartas a este departamento solicitando información para la elaboración del documento, la propia viceconsejera ha manifestado que desconocía la existencia del mismo o que se estaba llevando a cabo.
