Actividad parlamentaria y política
- El PSOE pide actualizar el Plan de Salud Mental de Canarias y adaptarlo con los recursos necesarios a las necesidades de la pandemia.
- Beato: “El Decreto Ley sobre los ERTES coincide con la medida defendida por CC-PNC-AHI que el Gobierno rechazó en diciembre”
- El PP presenta 27 enmiendas para dotar de más transparencia, rigor y eficacia al reparto de los fondos europeos de reactivación.
- Vidina Espino (Cs) reclama medidas urgentes para atajar la alarmante situación de la obesidad infantil en Canarias.
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Vidina Espino (Cs) ve una falta de respeto al Parlamento el decreto-ley que amplía las competencias del administrador único de RTVC
El PSOE pide actualizar el Plan de Salud Mental de Canarias y adaptarlo con los recursos necesarios a las necesidades de la pandemia
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Pino González ha solicitado este miércoles [30] en la comisión parlamentaria de Sanidad, que el Gobierno canario actualice el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023 para adaptarlo con los recursos necesarios a las necesidades actuales de la ciudadanía ante los efectos que ha dejado la pandemia, ya que es “imprescindible” establecer las acciones prioritarias para atender de forma urgente a las demandas actuales de la población.
González también pidió que se ponga en marcha el programa de prevención de la conducta suicida para mitigar los efectos negativos de la pandemia en la salud mental y el riesgo de suicidio en las islas, en una apuesta de los socialistas por analizar las necesidades de atención en salud mental derivadas de esta crisis, “prestando especial prioridad a los pacientes infanto-juveniles, y dotando de los medios necesarios a los centros de salud mental para garantizar de forma efectiva y a tiempo el acceso a sus servicios”.
La diputada socialista valoró las acciones que se están realizando desde el Gobierno de Canarias para mejorar la salud mental, como las nuevas unidades de atención ambulatoria y de hospitalización específicas para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), además de la creación de un módulo específico asistencial con enfermeras especialistas en salud mental en urgencias del Hospital Insular-Materno Infantil, entre otras medidas.
Además, recordó que en Canarias, el 25% de la población padece cuadros de depresión o ansiedad, y que, como ocurre en el resto del mundo según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras y la realidad han empeorado tras los efectos de la pandemia por el Covid-19. “La depresión es, por tanto, un problema de salud pública de gran prevalencia, de una importante repercusión en la calidad de vida y el principal factor de riesgo de suicidio”.
En este sentido, alertó que la tasa de suicidio en España es de 7,54 personas por cada 100.000 habitantes, pero que, sin embargo, Canarias registra la tercera tasa más alta a nivel nacional, con 9,5 casos por cada 100.000 habitantes. “El plan de Salud Mental de Canarias cuenta con una línea estratégica dedicada a la prevención y tratamiento de la conducta suicida, cuyo primer objetivo planteó la necesidad de disponer de un programa que tomara como base lo contenido en esta línea”.
Por ello, destacó que el Servicio Canario de la Salud esté elaborando el programa de prevención de la conducta suicida en Canarias, “que constituye una herramienta indispensable para la prevención del suicidio en los próximos años en nuestra comunidad”.
Beato: “El Decreto Ley sobre los ERTES coincide con la medida defendida por CC-PNC-AHI que el Gobierno rechazó en diciembre”
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, ha destacado que “ahora sí, el Gobierno, a través del Decreto Ley 9/2021 de ayudas a personas en ERTES, aprueba una medida de apoyo a sus rentas, tal y como propusimos mediante enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma el pasado mes de diciembre”.
Como se recordará, entre las enmiendas al articulado “propusimos un incremento de ingresos con cargo al importe de las sentencias del Tribunal Supremo por el cumplimiento del Gobierno del Estado del Convenio de Carreteras, que permitirían, además de desarrollar la Ley de Servicios Sociales, un apoyo económico a las personas en ERTE que tuvieran una pérdida de renta y que pudiera contribuir tanto al apoyo a su situación individual como a la reactivación económica.
Desde el Grupo Nacionalista Canario “planteamos entonces una partida de 29,5 millones de euros, que ahora el Gobierno redondea hasta los 30 millones de euros” para los que no ha reclamado el cumplimiento de la sentencia pero sí los detrae de los fondos REACT-UE en una acción que, en cualquier caso, “no ha evitado la pérdida de un tiempo precioso para atender a las familias en mayor situación vulnerabilidad económica debido a las consecuencias de la pandemia”.
En este sentido, esperamos que “el Gobierno haya tenido la sensibilidad de contemplar que estas ayudas no tengan un efecto sustancial en la declaración de la renta de los trabajadores en ERTE, llegando a ser tres pagadores en un ejercicio fiscal, porque si se da el efecto retroactivo a marzo de 2020, los interesados tendrán que presentar una declaración complementaria”.
Asimismo, “lamentamos, y preguntaremos las razones al Gobierno, que este Decreto Ley solo incluye a aquellas personas en ERTE por causa de fuerza mayor derivada del COVID, dejando fuera a los ERTES generados por causas económicas, técnicas y organizativas de la producción, debido a la disminución de actividad de las empresas”, concluyó Beato.
El PP presenta 27 enmiendas para dotar de más transparencia, rigor y eficacia al reparto de los fondos europeos de reactivación
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento autonómico, y presidenta de los populares canarios, Australia Navarro, planteó hoy la necesidad de dotar de mayor transparencia, rigor y eficacia el reparto de los fondos europeos de recuperación. «Objetivo, señaló, que pretendemos conseguir con las 27 enmiendas que el Grupo Popular ha presentado al proyecto de ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control del Instrumento Europeo de los 6.000 millones de euros que espera recibir el Archipiélago en los próximos siete años.
Navarro consideró que «el reparto de los fondos no puede estar bajo sospecha al depender en exclusiva su control de una comisión en la que solo participa el Gobierno» y reiteró la necesidad de que se distribuyan «con criterios objetivos, escuchando a los técnicos, de acuerdo con los agentes sociales, las corporaciones locales y los cabildos, y tanto la selección como la ejecución de los proyectos deben someterse a la fiscalización del Parlamento».
En este sentido, destacó que el Partido Popular ha propuesto «abrir los órganos de decisión» con la inclusión de un representante designado por cada grupo parlamentario en el Comité de Planificación y Gobernanza y de representantes sociales, económicos y empresariales y de la FECAI y FECAM en el Comité Director «con el fin, aseguró Navarro, de dar mayor transparencia, efectividad, objetividad y pluralidad a la realización de los plantes y proyectos financiados con los fondos «Next Generation EU».
Así mismo, en la línea de mejorar el control y transparencia en la gestión, los populares piden que la persona titular de la consejería de Hacienda informé trimestralmente al Parlamento de Canarias sobre los progresos y avances de los proyectos financiados con estos fondos.
La líder de los populares canarios criticó el «oscurantismo» que ha rodeado hasta ahora la estrategia de Canarias para acceder a los fondos europeos, tras la aprobación de los reglamentos del React-EU y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e insistió en «profundizar en los mecanismos de control», tal y como está prevista en el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de la Nación el pasado mes de diciembre.
En cuanto a la dotación y reorganización del personal público necesario para la adecuada gestión de los fondos, el Partido Popular ha presentado una serie de enmiendas para que dichas medidas se adopten tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público y «atendiendo, fundamentalmente, a los principios de objetividad, publicidad, igualdad, mérito y capacidad».
Por último, Australia Navarro hizo hincapié en la enmienda número 25 por la que se introduce una nueva disposición adicional dirigida a la Consejería de Sanidad para que convoque los concursos anuales o bianuales necesario para la provisión de plazas de carácter fijo del personal estatutario que al la entrada en vigor de la presente ley lleve desempeñando funciones de carácter estructural durante un periodo ininterrumpido de, al menos, cinco años.
«Con esta modificación pretendemos agilizar los procesos de estabilización en el empleo y reducir con mayor celeridad las tasas de temporalidad en la sanidad pública canarias» concluyó.
Vidina Espino (Cs) reclama medidas urgentes para atajar la alarmante situación de la obesidad infantil en Canarias
La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha reclamado este miércoles al consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, que adopte «medidas urgentes para atajar cuanto antes la alarmante situación de la obesidad infantil en el Archipiélago», sobre todo, después de conocer, por boca del propio consejero, que «en las Islas hay casi 27.000 niños diagnosticados con esta enfermedad».
En este sentido, ha preguntado «en qué punto se encuentra el plan de lucha contra la obesidad infantil y juvenil incluido en los presupuestos de este año gracias a una enmienda de Cs», y que debería presentarse en el Parlamento en el mes de julio. Además, ha pedido al consejero «un estudio más actualizado, ya que el último data de hace un lustro y todos los expertos advierten que tras la pandemia han aumentado los niveles de sobrepeso».
Vidina Espino ha apuntado que, «en Canarias, cuatro de cada diez menores de entre 6 y 9 años presentan exceso de peso, más del 40% de los niños», y que «el problema se está agudizando, porque se está convirtiendo en un factor de riesgo asociado a la pobreza y la exclusión social», como demuestra que el 35% tiene sobrepeso u obesidad.
Por ello, la diputada de Cs ha demandado «más ayuda para los bancos de alimentos», ya que por la falta de recursos no pueden comprar frutas y verduras, productos mucho más saludables para las familias vulnerables.
Según ha explicado la portavoz de la formación naranja, «la obesidad infantil y el sobrepeso están ligados a otras patologías como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer, lo que significa que «estos menores corren bastante riesgo de vivir menos que sus compañeros por su exceso de peso».
A su juicio, a tenor de los resultados obtenidos, «las medidas adoptadas hasta ahora, a través de los distintos programas puestos en marcha, han sido parches», de ahí la necesidad de que las consejerías de Sanidad y Educación trabajen de forma conjunta en la búsqueda de una solución. Vidina Espino ha solicitado, igualmente, «una mayor supervisión de los menús que se comen en los colegios, para que sean siempre saludables».
Vidina Espino (Cs) ve una falta de respeto al Parlamento el decreto-ley que amplía las competencias del administrador único de RTVC
La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha calificado este miércoles de «falta de respeto al Parlamento, único órgano competente en lo que se refiere a RTVC», el decreto-ley de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno canario para ampliar las competencias del administrador único del ente público.
Vidina Espino ha explicado que, con este decreto-ley, el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres da potestad al administrador único, Francisco Moreno, «para hacer y deshacer en la televisión pública a su antojo», y ha calificado de «desfachatez» que se justifique esta medida diciendo que «el Parlamento no ha hecho su trabajo, cuando ha sido el Gobierno de Canarias quien, de forma deliberada y reiterada ha impedido cualquier tipo de gestión a la Cámara en lo que se refiere a RTVC».
A su juicio, PSOE, NC y Podemos, y de forma especial estos dos últimos, junto al administrador único, «como colaborador necesario», se han salido con la suya, al haber «impedido la constitución de la Junta de Control de RTVC» al igual que «siguen impidiendo que el Parlamento canario apruebe un nuevo Mandato Marco» que decida el modelo de gestión.
La portavoz de la formación naranja ha exhortado a los diputados de las formaciones que apoyan al Gobierno canario a no continuar permitiendo «más chantajes y presiones en todo lo que se refiere a la RTVC» y, en cambio, «defender el interés general», pues todo lo que está ocurriendo con el ente público «da vergüenza ajena».
En este sentido, Vidina Espino ha manifestado su propósito de continuar «trabajando para que se cumpla la ley, el ente pueda seguir funcionando con normalidad democrática y que los 300 trabajadores que están subrogados, y ahora mismo están en el limbo jurídico, puedan resolver su futuro más allá de la negociación colectiva» que lleva meses exigiendo.
Durante su intervención, la diputada de Cs ha solicitado «mayor pluralidad en los programas informativos», porque RTVC, ha subrayado, «tiene que ser la televisión pública de todos los canarios y no del Gobierno de turno, como sucede hoy en día».
