Sumario:
- CC denuncia el ‘paripé’ del Gobierno en la aprobación del Catálogo de prestaciones y servicios sociales.
- Machín urge a cambiar el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre para dar seguridad al alquiler de autocaravanas.
CC denuncia el ‘paripé’ del Gobierno en la aprobación del Catálogo de prestaciones y servicios sociales
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha denunciado esta mañana el paripé del Gobierno en la aprobación del Catálogo de prestaciones y servicios sociales.
“Hasta tal punto les obsesiona vender que cumplen los compromisos y obligaciones, que en el último pleno se auto preguntaron para felicitarse por la aprobación del Catálogo en el Consejo General de Servicios Sociales pero, no podíamos imaginar entonces, que Noemí Santana estaba felicitándose por la votación de un borrador de prestaciones sin ficha financiera, lo que incumple la Ley” advirtió la diputada.
Este documento, que está en elaboración desde principios de la legislatura, debe recoger la ficha de prestaciones y servicios, además de la ficha financiera, como establece la norma, y ninguna de las dos circunstancias concurrieron, lo que generó la abstención de colegios profesionales y entidades, que solo recibieron un anexo de ficha de prestaciones del que se les advirtió que no era definitiva y que se incorporarían en adelante sus peticiones.
La Ley de Servicios Sociales estipula en su Artículo 16, Definición del catálogo de servicios y prestaciones, lo siguiente: “El catálogo de servicios y prestaciones es el instrumento que determinará el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias que deberán garantizar las administraciones públicas competentes, que se podrán combinar entre sí siempre dentro de los límites establecidos reglamentariamente y que deberá ir acompañado de la correspondiente ficha financiera.”
En este momento, “ni quienes votaron en el Consejo General saben cómo queda la ficha de prestaciones, y por supuesto ni desde donde, ni con cuanto, se va a financiar”, alertó Valido.
Para CC-PNC-AHI, este incumplimiento de la Ley “es una tomadura de pelo de Noemí Santana al sector, al Parlamento y a la ciudadanía, ya que lo aprobado no es lo que exige la Ley y la consejera debería saberlo y corregir de inmediato sus palabras en la Cámara”, ahondó.
Más aún, desde el Grupo Nacionalista Canario “consideramos que ni esas prestaciones, ni la financiación que suponen están previstas en el presupuesto 2023, que recoge los mismos servicios y prestaciones previos a la Ley y con los mismos precios, sin ninguna actualización”.
En este sentido, Cristina Valido, calificó de muy grave la aprobación de este documento, “porque no solo incumple una Ley aprobada por unanimidad, sino que supone la posibilidad de demanda a instituciones por prestaciones o servicios para los que no tienen financiación, por el que no se entiende el silencio de la FECAM y la FECAI ante la situación jurídica que puede generarse”.
Machín urge a cambiar el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre para dar seguridad al alquiler de autocaravanas
El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Jesús Machín Tavío, pedirá en sede parlamentaria el cambio urgente del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre de Canarias para que dotar de seguridad al alquiler de autocaravanas.
Tal y como explica Machín, “la gran demanda que existe de esta nueva modalidad turística, hace necesario la modificación de la legislación en materia de transportes que rige la actividad profesional del alquiler de vehículos sin conductor, con el fin de adaptarla a la realidad turística de la Comunidad Autónoma Canaria”.
Regular su situación atendiendo a las características especificas de este tipo de vehículos es una necesidad demandada, tanto por los profesionales, autónomos o empresas, que se dedican a ello, como de los turistas que reclaman disfrutar de sus vacaciones con la garantía de que las mismas no les van a causar ningún problema legal.
“La modificación de la legislación vigente, además de permitir una actividad económica en auge, servirá para establecer unos requisitos de calidad que darán prestigio al destino y eliminarán la práctica ilegal al tener que reunir unas condiciones básicas para llevar a cabo la actividad legalmente”, afirma el parlamentario lanzaroteño.
A esto hay que añadir, apunta Machín, que la regulación de esta actividad, además de aportar ingresos a la administración, “supondría equipararnos a lo que sucede, tanto en la Península como en Europa, donde esta actividad está absolutamente permitida”.
Y es que, hay que recordar que mientras que en la península ibérica existe la libre circulación de estos vehículos, en lo que a la posibilidad de alquilar uno de ellos en Canarias se refiere, las restricciones existentes y reflejadas en la Ley de Transportes en vigor, hacen que esta actividad sea prácticamente inviable, por cuanto los requisitos para su legalización son prácticamente imposibles de cumplir para aquellos ciudadanos o empresas que lo quieran llevar a cabo de una forma legal y absolutamente controlada.
“Los requisitos de la Ley del Transporte de Canarias son inasumibles. Tenemos ante nosotros una realidad nueva que hay que afrontar y que hay que regular porque son muchas las personas que se ganan la vida a través del arrendamiento de estos vehículos”, ha señalado.
Entre estos requisitos Machín destaca que se está obligando al propietario de la actividad a tener veinte autocaravanas a su nombre, con una antigüedad de un año desde la primera matriculación y siete años de permanencia para la flota para poder darse de alta en el registro autonómico.
“No es lo mismo adquirir veinte Seat Panda, por un coste de 7.000 euros por unidad, es decir, llevar a cabo un desembolso de 140.000 euros, que hacer lo mismo con una Camper o Autocaravana, cuyo coste de adquisición se va por encima de los 40.000 euros como mínimo, lo que supondría una inversión mínima inicial de 800.000 euros”, añade.
El parlamentario nacionalista insiste en que “no hay una actividad en nuestra sociedad a la que se le impongan tantas exigencias, tantos requisitos y a la que la Administración le ponga tantas pegas”, y hace hincapié en que “se trata de regular una actividad económica de alto valor añadido y no de impedirla por razones puramente de competencia”.
