Cuando el Tribunal de Justicia Europeo sanciona a España en marzo de 2020 por abuso en la temporalidad de sus trabajadores públicos es porque algo ha hecho mal y, sin embargo, las afectadas y afectados no hemos visto por parte de nuestros altos jefes políticos un gesto de disculpa, ni unas palabras que nos indiquen cómo van a reparar el daño, ni una actitud de arrepentimiento para no volver a causarlo.
Lo que más nos asombra es que el Gobierno de Canarias, junto a los tres grandes sindicatos CCOO, UGT y CSIF que se crearon para defender los derechos de los trabajadores, continuen con el daño ocasionado a través de un mal acuerdo firmado en el año 2017 en Madrid. ¿Alguién podría explicarnos qué obtienen con ello? Nos ponen la excusa de la legalidad, pero legal fue el racismo, el machismo y el nazismo. No hay nada más ilegal contra la legislación laboral que mantener a los empleados públicos en fraude de ley, en abuso de temporalidad, ¿no se dan cuenta que no puede ser justo llamar temporal al que está en una plaza estructural y permanente durante más de tres años?
La Unión Europea lo vió claramente y lo normativizó desde el año 1999, ¿por qué se resisten a llevarlo a término en el sector público los políticos españoles sin atenerse a lo que ya se ha declarado justo?, ¿qué obtienen con tanta precariedad en el sector público?, ¿no será que ofertar plazas vende electoralmente? Quizá el ciudadano deba saber que es una trampa. No están creando empleo con las Ofertas de Empleo Público. Están sustituyendo a unos trabajadores por otros. Cuando una empresa como el Gobierno de Canarias se salta la ley hay que sancionar a la empresa, no al trabajador abusado que ha visto mermados sus derechos durante más de 20 años.
¿No tendrían en esta crisis sanitaria y económica, ¡con lo que hay que gestionar!, que estar sosegando, motivando, quitando obstáculos a sus empleados públicos experimentados: a los médicos que se dejan la vida para salvarguardar nuestra salud, a los profesores que siguen dando lo mejor de si mismos a pesar de las circunstancias adversas, a los empleados públicos que doblan turnos para tramitar los Ertes y para tramitar las ayudas sociales, haciendo posible en cada una de sus tareas que cada ciudadano pueda disfrutar de lo que les otorgan las leyes?, ¿para cuándo la altura polìtica y la de los sindicatos estatales, lo que en la cultura empresarial se llama eficacia y eficiencia y, en la cultura popular, se llama humanidad?
Julia Jiménez García, vicepresidenta de PEFRALCA
