Las Palmas de Gran Canaria.- Los grupos políticos del Partido Popular (PP), Ciudadanos y Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han forzado con sus firmas la celebración de un pleno extraordinario que tendrá lugar el viernes 21 de enero a las 8:00 horas en las Casas Consistoriales, en la que de forma monotemática abordarán el “suspenso rotundo” que a juicio de las tres fuerzas políticas han obtenido PSOE, Podemos y Nueva Canarias tras siete años de gobierno municipal en lo referido a las política sociales.
La portavoz municipal popular, Pepa Luzardo, explica que la solicitud se presentó el pasado 30 de diciembre, y el orden del día -elaborado por los grupos proponentes- incluye en su parte dispositiva de cuatro apartados, relativos a la Declaración de emergencia social en el municipio, el incremento de la dotación presupuestaria para el área de Servicios Sociales, la puesta en marcha de un portal público que contenga indicadores relacionados con la pobreza en el municipio así como instar al Gobierno de Canarias a que ponga en marcha la Historia Social Única.
Luzardo lamenta que a pesar de la “supuesta sensibilidad social” del actual grupo de gobierno, la realidad es que los vecinos y vecinas más vulnerables de la capital grancanaria “tardan hasta cuatro y cinco meses solo para que se les de una cita previa en los servicios sociales”, como así les consta por testimonio directo de usuarios del sistema, “a pesar de tratarse de personas que acuden a Servicios Sociales en muchas ocasiones porque no tienen nada que comer o carecen de recursos para pagar el agua y la luz”.
Asimismo relata que la política social de PSOE, Podemos y Nueva Canarias “se ha sustentado desde 2015 en grandes dosis de propaganda y publicidad” como demuestra el hecho de que la gran medida social, el denominado ‘IBI Social’, “gastara más en la elaboración de una gira por los barrios y en contenidos pagados en medios que en ayudas efectivas para compensar la subida del IBI que firmó el mismo Alcalde Augusto Hidalgo”.
Además desde el PP se recuerda que el presupuesto de servicios sociales de 2021 -el de 2022 no ha sido aprobado aún- “fue inferior al de 2020 si se suman al mismo las distintas modificaciones presupuestarias realizadas durante el año” lo que calificó de “inverosímil” en un año plagado de necesidades sociales a causa de la crisis económica fruto de los efectos de la pandemia por el COVID-19.
“Vivimos en una ciudad en la que se tarda hasta cuatro meses en dar cita a una familia que requiere de ayuda para comer o pagar la luz o en la que no hay tóner para imprimir los formularios necesarios para solicitar una ayuda de emergencia o de especial necesidad”, enfatizó al alcaldesa del municipio entre 2003 y 2007, “o en la que no se declara la emergencia social, lo que permitiría contratar a más trabajadores sociales”.
Dinero para patinetes pero no para las personas
Luzardo criticó asimismo que mientras aumentan las necesidades sociales el Ayuntamiento anuncia a “bombo y platillo” un gasto de 600.000 euros para la compra de patinetes eléctricos. “Padecemos a un gobierno de izquierdas que comete la inmoralidad de dar solo 20.000 euros al Banco de Alimentos mientras se gasta casi un millón en un sistema de movilidad personal que varias empresas se han interesado en prestar de forma gratuita en nuestro municipio”, añadió.
“Por si fuera poco”, concluye Luzardo, “este gobierno auto denominado ‘de las personas’ ha cerrado varias entidades de reparto de alimentos, las ha desahuciado bajo el principio que si desaparecen las entidades de reparto se acaban las ‘colas del hambre’. Este tipo de actitudes merecen nuestra reprobación y el debate exclusivo en pleno”, concluye la portavoz del PP.
