Emma Colao presentó un registro en la Consejería para denunciar las deficiencias e irregularidades que existen en los centros residenciales de Canarias
Santa Cruz de Tenerife.- La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) Emma Colao, presentó un registro en Presidencia del Gobierno de Canarias y en la Consejería de Bienestar Social para denunciar las deficiencias e irregularidades que existen en los centros residenciales de Canarias. El documento recoge 6 solicitudes de exigencia de cumplimiento de funciones, así como una recomendación para el cumplimiento de las inspecciones de los centros residenciales.
Entre las solicitudes realizadas, cabe destacar la petición de que se haga público el Plan Anual de Inspecciones con el que debe contar la Consejería de Bienestar Social, en cumplimiento de los requisitos de transparencia y derecho de la ciudadanía canaria. También solicitan conocer el listado de las inspecciones realizadas, para confirmar que están cumpliendo con el deber de inspección en los centros residenciales y garantizar la dignidad y el derecho de las personas con necesidades de cuidado que ahí residen.
Reiteran la necesidad de establecer, con carácter de urgencia, las medidas necesarias para afrontar las irregularidades que, a día de hoy, presentan gran parte de los centros residenciales de Canarias y de los que es absolutamente competente la administración autonómica en calidad de Dirección de los servicios sociales de Canarias. Odesocan ha podido comprobar las deficiencias de varios centros, entre los que se encuentran el de Acorán y el de Garachico, en Tenerife, y exigen la adopción de medidas inmediatas para garantizar el derecho de las personas residentes y sus familiares.
Colao afirma que “actualmente estamos investigando la situación de otros 6 centros de Canarias de los que hemos recibido quejas a través de nuestras vías de comunicación. Quiero recordar a la ciudadanía que Odesocan pretende servir como organismo destinado a la defensa de sus derechos sociales, por lo que pueden contactar si consideran que se están vulnerando. Es la Administración la que debe servir a los intereses de la población y no al revés”.
