Santa Cruz de Tenerife.- El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión extraordinaria de hoy, la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Con respecto al uso de la mascarilla se ha acordado que todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en los siguientes supuestos:
– En la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
– En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el cumplimiento de estas obligaciones en ellos y establecer mediante señalética la distancia de seguridad recomendada en sus establecimientos.
Uso de mascarilla en centros educativos
En los centros educativos no universitarios no será obligatoria la mascarilla:
– cuando se trate de los grupos de convivencia estable escolares.
– en el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.
Uso de mascarillas en hostelería y restauración
En los espacios cerrados de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares y cafeterías, se excluye la obligación del uso de la mascarilla solamente en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. En los espacios abiertos de estos establecimientos y servicios se excluye la obligación del uso de la mascarilla siempre y cuando se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, por lo menos, 1,5 metros, entre los no convivientes, y en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas.
Uso correcto de la mascarilla
Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, preferentemente de tipo higiénica y reutilizable, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Recomendación en reuniones de personas no convivientes
Se recomienda la utilización de mascarilla en los espacios privados, tanto abiertos como cerrados, cuando se celebren reuniones de personas procedentes de distintos núcleos de convivencia.
Otras medidas
El Consejo de Gobierno acordó también la adaptación de otras medidas del Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, como en lo relativo a distancias de seguridad. Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de por lo menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria.
Además, se hace hincapié en la recomendación de evitar permanecer en sitios cerrados, concurridos y en cercanías de otras personas.
– Distancias de seguridad y ocupación de mesas en interior por 10 personas
En las actividades de restauración deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, entre las mesas o agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas en interior será de diez personas. En todo caso los establecimientos deberán tener adecuadamente señalizado la mencionada distancia de separación.
– Medidas para alojamientos turísticos
En los servicios de cafetería y restaurante, se aplicarán las medidas establecidas para el servicio de restauración, y, además, en caso de prestarse algún servicio en la modalidad de buffet, habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia y organización que resulten oportunas para garantizar, en todo momento, que la clientela haga uso de mascarilla, cumpla con la limpieza de manos, guarde la distancia física de 1,5 metros entre personas no convivientes y respete estrictamente el aforo máximo permitido.
– Medidas específicas para el desarrollo de la actividad de guía turístico:
Podrá realizarse la actividad de guía turístico para grupos de hasta un máximo de 55 personas, -hasta ahora era de 25 personas- estableciéndose las medidas para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad y manteniendo la protección física con uso de mascarilla respetando la normativa en espacios cerrados y abiertos.
– Consumo de alcohol en la vía pública
Además, se ha añadido a los acuerdos adoptados anteriormente un apartado relativo a condiciones para el desarrollo de determinadas actividades, que afecta al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública que, se recuerda, será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.
El Gobierno aprueba las directrices del Presupuesto de 2021 con incógnitas
El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias, la atención y apoyo a las personas vulnerables, la reactivación la actividad económica y la recuperación del empleo serán las principales prioridades que el Gobierno de Canarias reflejará en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2021, cuyas directrices y criterios de elaboración aprobó este lunes el Consejo de Gobierno aun a pesar de las múltiples incógnitas en cuanto a los recursos procedentes del Estado y la Unión Europea, que determinan la capacidad de gasto, y los efectos de la crisis por el Covid-19. “Hemos decidido iniciar el proceso de elaboración de los presupuestos del próximo año por responsabilidad, aunque nos falta concretar datos relevantes”, explicó el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.
El Gobierno canario desconoce a día de hoy, por parte del Gobierno de España, cuáles serán los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; a cuánto ascenderán las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) para 2021, ni cuál será el criterio de distribución de los fondos aprobados por el Consejo Europeo hace dos semanas. A estas incertidumbres se añade una previsión de ingresos fiscales que aún no está concretada a la vista de la evolución de la crisis desatada por la pandemia.
Con ese contexto, Rodríguez precisa que “los mimbres actuales no son suficientes porque tenemos para el próximo año unos 900 millones menos que en el presupuesto inicial del año en curso. Septiembre y octubre serán decisivos para despejar las incógnitas y confiamos en mejorar las expectativas con la disponibilidad de los 500 millones que el Estado nos adeuda por carreteras tras la sentencia del Tribunal Supremo; con la actualización del SFA o la dotación de un fondo no reembolsable; con una distribución justa de los fondos europeos como Comunidad con una mayor afectación de la crisis y, si fuese necesario, con la autorización de Madrid para poder endeudarnos. Vamos a pelear por que estas incertidumbres se resuelvan satisfactoriamente para Canarias”, advirtió.
Los objetivos generales del Gobierno para la legislatura 2019-2020, recogidos en el Pacto de Gobierno suscrito en 2019 y en el discurso de investidura del presidente, se mantienen, aunque están condicionados en su aplicación y periodificación por los efectos de la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales en Canarias.
Por lo tanto, la política presupuestaria deberá reorientarse preferentemente a paliar primero los efectos de la crisis y abordar, al mismo tiempo, un plan de recuperación económica y social de la mano del conjunto de la sociedad.
En este sentido, y de cara a la elaboración de los presupuestos para 2021, el Gobierno se guiará por las directrices generales recogidas en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias suscrito el pasado 30 de mayo por la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, agentes económicos, Fecai y Fecam, universidades y numerosas entidades de la sociedad canaria.
Condicionantes
El último acuerdo existente sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública es el del Consejo de Ministros celebrado el 11 de febrero de 2020. Para el ejercicio 2021 se establecía un objetivo de déficit del -0,1% del PIB estatal para el conjunto de las comunidades autónomas, y de deuda del 22,8% del PIB, con una tasa de referencia nominal del 3,0%. Sin embargo, no se llegaron a fijar tales objetivos para cada una de las comunidades autónomas.
Como consecuencia del impacto de la pandemia causada por el coronavirus, los objetivos establecidos para las comunidades autónomas han sido ampliamente superados y siguen sin fijarse los objetivos individuales del presente ejercicio. Por tanto, hay que constatar que se carece del escenario individualizado fijado por el Ministerio de Hacienda para esta Comunidad Autónoma que permita orientar la elaboración del marco presupuestario para el ejercicio 2021.
La falta de información sobre las entregas a cuenta del Sistema de Financiación de las comunidades autónomas (SFA) para 2021 es otro condicionante que tendrá que afrontar el Gobierno para elaborar las cuentas del próximo año. Estos recursos constituyen una parte muy significativa de los ingresos presupuestarios no financieros de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha comunicado por el Ministerio de Hacienda los importes de las entregas a cuenta de los recursos del SFA del ejercicio 2021 y de la previsión de la liquidación definitiva de dicho sistema para el año 2019 que resultarían de las previsiones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el caso de que estos salgan adelante.
A esta dificultad se une el hecho asociado de no poder realizar proyecciones fiables de los ingresos tributarios en un escenario de crisis económica cuya magnitud y efectos en 2021, como consecuencia de la pandemia, se desconocen.
En el caso de Canarias, con las previsiones de crecimiento económico contempladas por el Gobierno, la recaudación previsible en 2021 sería muy inferior a la inicial que para estos ingresos fiscales recogían los Presupuestos Generales de la CAC para este año 2020.
Hay que señalar que la última previsión de recaudación, realizada por la Agencia Tributaria Canaria el pasado 20 de julio, concluye que Canarias podría cerrar 2020 con una pérdida de los ingresos fiscales de su competencia de unos 556 millones de euros.
Asimismo, los presupuestos canarios de 2021 deberán también estar alineados con las prioridades establecidas por la Unión Europea en su respuesta a la crisis de la Covid-19 en el último Consejo Europeo, en particular a las transiciones verde y digital. Especialmente con el fondo extraordinario de 750.000 millones de euros que se adicionarán a los 1,07 billones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2007. Pero, a fecha de hoy, el Gobierno canario desconoce el uso concreto y los criterios de distribución de estos fondos entre las distintas comunidades autónomas y, por consiguiente, es imposible estimar las dotaciones financieras que podría recibir Canarias en 2021 y en los dos años siguientes.
Los criterios de distribución entre las CCAA deben estar inspirados en los mismos criterios de distribución usados por el Consejo Europeo para la distribución de los Fondos entre los Estados. A saber: le debe corresponder más ayudas a los territorios más afectados por la caída del PIB real y con mayores incrementos de sus tasas de desempleo y de pobreza que ha provocado la crisis.
Para Canarias, la última actualización de las previsiones económicas (15 de julio de 2020) estiman una caída del PIB canario en 2020 de entre un 12,9% y un 18,3%, para luego recuperarse parcialmente a lo largo de 2021 (entre un 9,1% y un 10,3%). La razón de estas estimaciones negativas radica en que se prevé para el turismo una recuperación más lenta que para el resto de los sectores económicos, lo cual implica un impacto de la crisis más profundo en el Archipiélago que para el conjunto del Estado.
En cuanto al empleo, se espera un descenso de la ocupación y un incremento en el desempleo en 2020 que no se revertiría totalmente a lo largo de 2021. Así, se estima que el número de ocupados descienda un 7,5% en 2020, para recuperarse en 2021, aunque sin alcanzar los niveles de empleo anteriores a la crisis. En cuanto al desempleo, el número de parados ascendería en 2020 en cerca de 50.000 personas y la tasa de paro subiría cerca de 5 puntos porcentuales hasta el 25,4%. En 2021 se revertiría, si bien parcialmente, el número de parados, de manera que la tasa de paro bajaría 3 puntos porcentuales, quedando aún cerca de 2 puntos por encima de su nivel de 2019.
Mecanismos de compensación
Esta situación haría imprescindible que el Gobierno de España estableciera los mecanismos de compensación a la Comunidad Autónoma de Canarias, pues los graves problemas económicos y sociales que van a existir en el año 2021 no se podrán afrontar con una reducción de gasto público.
En primer lugar, sería preciso articular un acuerdo con el Gobierno de España de transferir a la CAC para aplicación a gasto no financiero los 500,3 millones de la sentencia del Tribunal Supremo por el incumplimiento por parte del Estado del Convenio de carreteras 2006-2018, y que se encuentra registrado como superávit excepcional del año 2018.
En segundo lugar, el Gobierno de España ha de actualizar el SFA en función de la evolución del ciclo económico facilitando la información sobre las entregas a cuenta para 2021, a la vez que la previsión de la liquidación definitiva de ese sistema para el año 2019.
En tercer lugar y si no se actualiza el SFA, el Estado debería compensar mediante Fondos No Reembolsables (como los definidos en el Real Decreto-ley 22/2020) u otros mecanismos que se establecieran para que la Comunidad Autónoma de Canarias (y el resto de CCAA) pudiera financiar los servicios públicos fundamentales en el año 2021, que, lejos de reducirse, van a aumentar.
Por último, si el Gobierno de España no entendiera la necesidad de estos instrumentos compensatorios, deberá permitir endeudar a la CAC, como ha hecho con la Comunidad Autónoma Vasca. Recordemos que Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada por habitante y la segunda (tras el País vasco) con menor deuda sobre el PIB al cierre de 2019.
Calendario
Aprobadas las directrices para la elaboración de los presupuestos de 2021, Román Rodríguez firmará mañana la Orden de la Consejería de Hacienda por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura del proyecto. También se distribuirán los recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial para 2021.
En septiembre, se confeccionarán y remitirán a la Consejería de Hacienda las propuestas de los departamentos, que se debatirán en reuniones bilaterales con las distintas consejerías.
Y en octubre se elaborará la propuesta de créditos para políticas sectoriales con los criterios contemplados en este Acuerdo y se cumplirá con el calendario de reuniones de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos, el Consejo para la Dirección y Coordinación de los tributos integrantes del bloque de financiación canario y el Consejo Asesor del Presidente, antes de la aprobación del proyecto de ley por el Gobierno y su entrega al Parlamento de Canarias.
