Sumario:
- CC-PNC-AHI reclama la Obligación de Servicio Público para las conexiones marítimas entre las islas verdes.
- CC-PNC-AHI promueve que el Gobierno de España y Canarias negocien la transferencia del profesorado de Religión pendiente.
- CC-PNC-AHI defiende una PNL para acelerar el proceso por el que los arrendatarios de vivienda pública puedan adquirirla.
CC-PNC-AHI reclama la Obligación de Servicio Público para las conexiones marítimas entre las islas verdes
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Jonathan Felipe ha reclamado hoy al Gobierno de Canarias la Obligación del Servicio Público para las conexiones marítimas entre las islas verdes, “que está autorizada por la Unión Europea y que aquí no quieren poner en marcha, aludiendo al volumen de población”.
La conexión entre estas islas es muy necesaria, tanto para la optimización de costes como para evitar el incremento de la huella de carbono, ya que los pasajeros o mercancías que se quieran trasladar desde La Palma a El Hierro tienen que hacer escala en Tenerife para poder desplazarse luego a la isla del Meridiano
Asimismo, una conexión frecuente influye en el abaratamiento de la cesta de la compra, en las mayores posibilidades de comercialización de productos de estas islas y en el ahorro en el coste de combustible que, “como sabemos es muchos mayor que en el resto”, añadió.
“Es inadmisible que el Gobierno diga que la solución es que ese transporte debe ser autofinanciado por las islas, trasladando su coste a los territorios canarios de menos renta, en una acción claramente discriminatoria con el resto que sí se financia”, denunció Felipe.
Para el diputado palmero, “en este punto debemos reflexionar sobre el acercamiento que hemos promovido, con el 75%, entre la Península y Canarias mientras alejamos a unas islas de otras”.
CC-PNC-AHI promueve que el Gobierno de España y Canarias negocien la transferencia del profesorado de Religión pendiente
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Beatriz Calzada, ha promovido con la defensa de una Proposición No de Ley, que los Gobiernos de España y Canarias negocien la transferencia a la Comunidad Autónoma del profesorado de Religión de Infantil y Primaria, que no se ha culminado desde el año 2013 que se inició el proceso
No se trata de abrir un debate si clases de Religión sí o no, sino de garantizar los derechos de este profesorado, como del resto de otras materias, que están incluidas en el curriculum de esta etapa educativa”, explicó Calzada.
No se entiende por qué el Ministerio de Educación y el Ejecutivo autónomo no han culminado ya este proceso para dar igualdad de oportunidades y trato a todos los profesores por igual, por lo que desde el Grupo Nacionalista Canario consideramos que “ya es hora de que se convoque la Comisión Bilateral para abordar este asunto, que debe estar resulto en el plazo de seis meses”
Como se recordará, el Grupo Nacionalista Canario planteó una enmienda al Presupuesto General de la Comunidad Autónoma por la que se instaba al Gobierno a que iniciara las negociaciones con el colectivo de Religión Católica de Primaria para que sea transferido, al igual que el de Secundaria, a Canarias.
“En ese momento, el Gobierno votó en contra por lo que celebramos que hoy, hayan dado su voto afirmativo a esta PNL que soluciona esta discriminación injustificada y se eviten duplicidades administrativas”, concluyó.
CC-PNC-AHI defiende una PNL para acelerar el proceso por el que los arrendatarios de vivienda pública puedan adquirirla
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, defendió hoy Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Canarias a acelerar la calificación en compraventa de todas las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma adjudicadas en régimen del alquiler, votada en contra por todos los grupos que sustentan al Gobierno
También se planteaba culminar las actuaciones para otorgar el acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias a arrendatarios del parque público de viviendas en base a los Planes Canarios de Vivienda I y II; y aplicar, sobre el precio de compra, las deducciones equivalentes al pago de rentas abonadas por alquiler hasta el momento de la resolución del arrendamiento.
Beato advirtió que “estas acciones deben iniciarse cuanto antes, porque la intención del Estado de regular la vivienda pública, a través de un Proyecto Ley, que claramente invade competencias autonómicas, con claros visos de inconstitucionalidad”.
Dicho Proyecto del Ley establece que “para la gestión del parque público de vivienda, las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda, y sus entes adscritos o dependientes, podrán enajenar los bienes patrimoniales integrantes de los parques públicos de vivienda, únicamente a otras Administraciones públicas, sus entes instrumentales o a personas jurídicas sin ánimo de lucro, dedicadas a la gestión de vivienda con fines sociales…”
Además, el artículo 29 relativo al destino de los parques públicos de vivienda, señala que “La ocupación y el disfrute de las viviendas que formen parte de parques públicos pueden producirse en régimen de alquiler, cesión de uso, o cualesquiera otras formas legales de tenencia temporal en las condiciones de renta y con los requisitos que establezcan las respectivas Administraciones públicas …”
De ambos preceptos se concluye que el Estado cercena el derecho de quienes llevan años abonando el alquiler de una vivienda, del parque público de viviendas de Canarias, porque no va a permitir su enajenación a los particulares que las detentan como arrendatarios ni tampoco va a permitir otras formas de destino del parque público de vivienda que no sea la tenencia meramente temporal.
Asimismo, Socorro Beato, advirtió que nadie puede poner en duda el compromiso que ha tenido Coalición a lo largo de los años para facilitar el acceso a la propiedad a miles de familias que detentaban una vivienda social en régimen de alquiler, “tal y como se puede comprobar en todos los Decretos emitidos en sus años de gobierno”.
“El que diga lo contrario miente: si lo hace por desconocimiento, los decretos son públicos; pero si lo hacen por razones políticas es muchísimo más grave”, afirmó ante la postura que han defendido los grupos de gobierno que no sabían cómo esconder la parálisis en el departamento de Vivienda durante estos tres años.
